La discusión sobre el déficit tiene puntos muertos: por un lado, quienes postulan el recorte antes de nuevos ingresos y, por el otro, los que resisten la reducción del gasto en nombre de la imposición a los ricos y de una supuesta bondad social inherente a todo gasto (ANEP).
Austeridad sin ingresos llevará a la parálisis. Voracidad fiscal sin limitaciones alimentará a burócratas glotones que asimilan sus intereses con el bien común.
Gasto público y nuevos ingresos no implican el nacimiento de un ogro filantrópico estatal, si hay control democrático sobre los gobernantes y rendición de cuentas burocrática.
La salida del déficit puede surgir de una mezcla de recortes y de nuevos ingresos.
Sin embargo, ¿cuáles serán los recortes? ¿Cuáles los impuestos y cuáles las tasas? ¿Tributos directos a la riqueza o indirectos como el IVA? ¿Se soluciona el problema con impuestos a las transacciones financieras y sin disciplina fiscal?
Cada una de las respuestas a estas preguntas afecta intereses de grupos que han impedido reformas fiscales anteriores. El problema es político, no ideológico.
Dichosamente ha quedado claro que el déficit no se resuelve con la satanización de todo gasto o con la santificación de la burocracia.
El desarrollo es producto de un mercado vigoroso y sano, pero también requiere de acciones estatales que lo enmarquen. Ni ogro filantrópico ni mercado omnicomprensivo. Más allá del déficit es preciso plantearse una reforma fiscal integral.
Las soluciones son político-institucionales, tienen que ver con las reglas con las que convivimos y con los actores. Diálogo, pactos, negociación, acuerdos son la alternativa; ningún actor tiene capacidad de imponer su visión; todos deben ceder algo.
No es racionalidad imponer la lógica de las ideologías absolutas a la lógica de actores con intereses y visiones diversas. El camino es deliberación y comunicación.