La señora Alicia Avendaño y dos asesores coreanos me explicaron hace un tiempo las diferencias y ventajas del sistema de compras del sector público que estaba donando a nuestro país el gobierno de Corea del Sur.
Les pregunté sobre experiencias anteriores y me contestaron –y antes de escribir esto indagué– que Corea del Sur es una de las naciones líderes en eficiencia –operativa y en costos de adquisición– en compras del Estado.
He visto estudios independientes del BID y del Incae en los que se afirman con claridad las ventajas en transparencia, eficiencia y costo que el sistema Merlink aportaría a los procesos de compras del Estado.
Y es más, ya se ha implementado y está empezando a generar frutos, porque la Contraloría General de la República vio sus enormes ventajas y aprobó su uso en nuestras instituciones.
Estos estudios muestran en varios escenarios que el ahorro potencial en costos de las compras podría rondar cifras entre $600 y $700 millones en un año normal y mucho más en años en que el ICE o Recope, por ejemplo, tengan en ejecución grandes proyectos.
Aparte de lo anterior, el sistema hace cada compra más transparente y más competitiva mediante procesos significativamente más eficientes que los de otros sistemas en uso actualmente.
Entonces, ¿por qué posible razón decidiría el Gobierno echar marcha atrás en el avance de la instalación total de Merlink?
Solo se me ocurren razones malas: oportunidades de manipulación, tráfico de influencias y corrupción; resistencia al cambio por desidia o negligencia; celos institucionales, pues quien lleva la batuta en Merlink no trabaja para el Ministerio de Hacienda…
Sea cual sea la pésima razón, hay que detenerla.
Merlink debe ser instalado en el Estado costarricense y, si no, este Gobierno estará desperdiciando la oportunidad de lograr tres de sus más importantes metas: mayor transparencia, menor déficit y eficiencia del aparato estatal.