Si por la víspera se saca el día, las próximas elecciones venezolanas no serán limpias.
El juicio sobre un proceso electoral no se limita al día de los comicios. No basta con que no se falsifiquen papeletas o no se manipule el registro electoral. El contexto sociopolítico anterior y posterior incide de manera directa en la pureza de las votaciones.
En días recientes, el régimen venezolano impidió la inscripción como candidata de María Corina Machado, quien es una de las principales líderes de la oposición venezolana. El líder opositor, Leopoldo López, permanece en prisión junto con otras figuras democráticas relevantes.
Recientemente nuestra Sala Constitucional, al denegar una solicitud de extradición del Gobierno venezolano, señaló de manera muy clara que en ese país no existe la independencia judicial ni la separación de poderes.
Uno de nuestros altos jueces añadió que no se podía enviar al requerido a Caracas, pues el chavismo se había retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no existen garantías de respeto a estos derechos en ese país.
La participación política está ligada a la libertad de expresión y de asociación, derechos fundamentales, cuyo irrespeto imposibilita la actividad electoral.
El contexto político electoral venezolano está viciado por la persecución política y el encarcelamiento de disidentes. Adicionalmente, el régimen se niega a aceptar la observación electoral internacional.
Aunque el registro electoral y las papeletas fueran inmaculados, asunto que muchos ponen en duda por la afiliación política de los magistrados electorales, sin garantías de libre participación política el proceso está manchado.
Sin separación de poderes y con subordinación de los tribunales al partido de gobierno, con irrespeto cotidiano a los derechos humanos no se puede hablar de democracia en Venezuela. El régimen de Maduro es cada día más autoritario, lo que unido a la crisis económica, augura un grave colapso del autócrata chavista.