La intromisión en la vida de Keylor Navas por parte de algunos funcionarios policiales debe llamarnos a reflexión.
El culpable no es el archivo policial, quienes accedieron a él son personas concretas y, por lo tanto, responsables por el uso de las facultades que la ley les concede. Deben responder por el abuso de autoridad cometido.
Bien han hecho los jerarcas del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Presidenta de la Corte en ordenar investigaciones que conduzcan a las sanciones correspondientes; las faltas denunciadas son gravísimas.
El ejercicio del monopolio de la violencia legítima (poderes de policía), por parte del Estado, no significa que los guardianes tengan poderes absolutos. La posibilidad del abuso siempre está presente, de ahí la clásica pregunta: ¿quién vigila a los guardianes?
El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero esta necesaria función no es absoluta, de por medio están otros valores como la necesidad de respetar la órbita de la personalidad, los derechos de la libertad y de la intimidad, uno de los elementos esenciales de nuestra civilización.
No se puede aceptar la violación de lo privado en nombre de derechos colectivos, de proyectos políticos para crear paraísos terrenales o de la necesidad de protección frente a amenazas abstractas e indeterminadas. Menos aún, abrir las puertas para que algunos satisfagan el morbo del “samueleo” o la perversa intención de manejar datos privados con fines de chantajear.
Bien hace la Presidenta de la Corte Suprema en calificar estos actos como una situación “muy grave y completamente inaceptable”; esperemos que la Corte Plena tome las medidas necesarias para proteger el derecho a la intimidad de la ciudadanía.
El problema reside en fallas en los mecanismos de acceso al archivo, pero también en una cultura que ha privilegiado el tema de la seguridad y descuidado la defensa de la libertad frente a las administraciones.