El Presupuesto del Gobierno de Costa Rica es el instrumento a través del cual se reflejan los acuerdos legales, económicos y políticos que el país históricamente ha asumido con la población.
El Presupuesto es, por un lado, la expresión financiera de la forma como el país desea que se asignen los recursos públicos, a la vez que evidencia las decisiones fiscales sobre impuestos y endeudamiento.
El Presupuesto Ordinario 2017, formulado responsablemente bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, refleja de esa manera el gran conjunto de responsabilidades asignadas a los ministerios y poderes de la República, a la vez que incorpora las responsabilidades que por pago de deuda deben ser atendidas.
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El presupuesto total, cuyo monto asciende a ¢8,9 billones de colones, creció un 12% (6% sin deuda) pero este incremento se explica por tres aspectos puntuales: pago de deuda, presupuesto del Ministerio de Educación e inversiones públicas. Juntos, ellos explican el 80% del aumento presupuestario para el siguiente año.
A pesar de esa rigidez, lo preocupante es la distribución presupuestaria. En cuanto a la asignación del gasto, varios elementos ejemplifican las tendencias más relevantes.
En primer lugar, el pago del servicio de la deuda en el 2017 será más grande que la operación de todas las entidades y nuevos proyectos de inversión juntos. El Pago de deuda es, por mucho, el disparador de mayor crecimiento, triplicando el aumento observado en salarios y pensiones.
Segundo, las transferencias corrientes serán este año mayores al pago de la planilla .
Tercero, este año se incorporan nuevas obligaciones fiscales, que en su totalidad aumentan los requerimientos presupuestarios en ¢335.000 millones y sobre los cuales no se tiene contrapartida de financiamiento.
Cuarto, producto de los dos puntos anteriores, el Gobierno debe darse a la tarea de restringir las operaciones de los ministerios en aras de reducir la presión fiscal. En consecuencia, muchas de las actividades encomendadas por ley no son suficientemente financiadas y cubiertas, lo que redunda en un deterioro de los bienes y servicios que se proveen a la población.
Finalmente, las inversiones públicas, si bien crecen 26%, siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades en infraestructura.
La discusión del Presupuesto 2017 se enmarca en el contexto anteriormente presentado, es decir, de amplia rigidez, donde los rubros de mayor peso son aquellos que no pueden ser significativamente recortados o que traen consigo una responsabilidad financiera inevitable.
Por ejemplo, de haberse acordado bajar la tasa de crecimiento del presupuesto de 12% a 6%, hubiera sido necesario recortar cerca de ¢485.000 millones, estrategia que en definitiva, hubiera implicado hacer ajustes a la baja en servicio de la deuda, MEP y obra pública, entre los más importantes.
Es aquí donde los números fríos reflejan las dificultades que enfrenta la administración para aplicar voluminosos cortes al gasto (del orden del 1%-2% del PIB) que permitan alcanzar la sostenibilidad fiscal solo por esa vía, tanto por las implicaciones sobre el desarrollo futuro de la nación como por el incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas en los pasados 15 años.
Cualquier reducción en partidas que no sean las tres partidas antes mencionadas, tenderá a ser insuficiente para disminuir el déficit y muy posiblemente afectará el funcionamiento del aparato estatal en acciones muy específicas.
Así las cosas, el recorte aprobado en días pasados causa preocupación, no por su magnitud (poco menos del 0,35% del presupuesto total) sino por los programas y partidas que fueron afectadas. Lo anterior debe valorarse en una óptica más estratégica donde la pregunta no es el cuánto sino el dónde. Contablemente, un colón menos en el presupuesto tiene igual impacto, cualquiera que sea el origen de ese recorte.
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Sin embargo, cuando se hurga un poco más allá y se analizan “los dónde” de la disminución (cuál programa y en cuáles partidas), las conclusiones no derivan de la misma forma.
Pongamos de ejemplo las afectaciones sobre el programa de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, órgano encargado de coordinar esfuerzos de lucha contra el contrabando.
El monto recortado (¢209 millones) es muy pequeño pero incide justamente en su actividad central: los operativos contra el comercio ilícito. Así, mientras por un lado se crean más plazas para este cuerpo policial, por el otro se reducen las asignaciones para compra de chalecos antibalas (sin los cuales los oficiales no pueden participar de los operativos), la compra de vehículos y gasolina, de forma tal que el número de operaciones anuales se afecta considerablemente. Este caso refleja solo uno de los impactos adversos de los recortes.
Ejemplos como el anterior los encontramos en muchos otros programas. Destacamos, los potenciales problemas de operación de la planta de asfalto del MOPT en la zona sur del país, el trabajo del Instituto Meteorológico Nacional y el funcionamiento de los sistemas de compras y pagos del Ministerio de Hacienda al disminuir el contrato del Sistema de Compras Públicas (Sicop) y las comisiones bancarias, elementos de mucha importancia en las operaciones de la Tesorería Nacional.
Comprendemos la preocupación mostrada por la Asamblea Legislativa sobre el nivel del déficit fiscal. Sin embargo, el Presupuesto 2017 evidencia que cada plan tiene su historia y que la coyuntura actual hace que los ajustes abultados vía gasto no son factibles (sea por el impacto negativo en la economía, la afectación social que conllevan o el incumplimiento del pago de deuda) mientras aquellos cortes en áreas flexibles y operativas suelen tener implicaciones funcionales más perversas que el ahorro fiscal que generan.
El llamado respetuoso que seguimos haciendo es aprobar la propuesta para el fortalecimiento hacendario que hemos enviado a conocimiento de la Asamblea Legislativa y la sociedad en general.
Esta es una propuesta integral, que combina la generación de nuevos recursos, con la aplicación de medidas de disciplina fiscal y la calidad en el gasto.