La llamada regla fiscal es un instrumento incorporado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, durante el gobierno anterior, con el fin de contener el descontrolado y acelerado crecimiento que experimentaba el gasto público, y poniendo en serio riesgo la estabilidad macroeconómica del país, al incrementar la deuda pública por encima de niveles internacionalmente aceptables. Si la deuda seguía aumentando a ese ritmo, causaría en el corto plazo una severa crisis de financiamiento que redundaría en la paralización de todos los programas gubernamentales.
La regla consistió en imponer un límite al crecimiento del gasto, en concordancia con el tamaño de la deuda pública con respecto al promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años. Una dura restricción, sin duda, pero siempre mucho menos severa que caer en el impago (default) de los compromisos financieros. Según la regla, cuando el endeudamiento del país supere el 60% del PIB, el crecimiento del gasto público no podrá ser mayor que el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal. Esto genera un freno al crecimiento presupuestario de las instituciones públicas, particularmente del gobierno central, pero cada ente gubernamental debe procurar el ajuste de su gasto de una manera eficiente para garantizar el cumplimiento pleno de sus objetivos a un menor costo.
La situación fiscal del país, al momento de discutir la ley, ya era dramática. Fue urgente contener el crecimiento del gasto, pues era impensable lograr el equilibrio con solo el aumento decretado en los impuestos. En aquel momento, los niveles de credibilidad ante acreedores internos y externos eran muy bajos, y los saldos en la caja única del Estado estaban en mínimos históricos, a punto de generar insalvables problemas de liquidez. La regla fiscal apareció como un salvavidas para recuperar la credibilidad.
Los diputados encomendaron la fiscalización de la aplicación de la regla fiscal a la Contraloría General de la República (CGR), como ente independiente de amplia credibilidad. La Contraloría interpretó que la regla debía aplicarse a partir del gasto ejecutado y no del presupuestado. Esto fue visto en el Poder Ejecutivo como una aplicación muy severa de la regla, dado que es usual que las instituciones públicas sub-ejecuten hasta un 5% de su presupuesto. En el caso de que la subejecución se elevara, o que inclusive se mantuviera en su nivel histórico, reduciría la base con la que se calcula el crecimiento futuro del presupuesto, restringiendo aún más el crecimiento del gasto. La implantación de esta regla en esos términos generó mayor seguridad a los acreedores y se restituyeron las corrientes de financiamiento. Las metas fiscales establecidas en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lograron cumplirse antes del plazo proyectado.
La regla fiscal no es una ocurrencia, sino una necesidad para limitar la posibilidad de un Gobierno de gastar más allá de su capacidad de pago. La regla fiscal permite un mejor control del crecimiento de los egresos y evita tener que recurrir a elevar más los impuestos convencionales. Entre más altos sean los impuestos, menores son las posibilidades de crecimiento, al restar capacidad a las empresas para producir, con lo cual se promueve más desempleo. Eso para no mencionar la crispación política existente con respecto al aumento en los tributos, lo que se ve como algo verdaderamente difícil de lograr. En esto pareciera que todos estamos de acuerdo.
Su aplicación estricta es indispensable para mantener la credibilidad del país ante los mercados financieros, de los cuales, nos guste o no, se depende en grado extremo. Es nuestro castigo por haber sido indisciplinados por tantas décadas. Entre más se pretenda suavizarla, más se erosiona la confianza y se endurecen las condiciones del financiamiento.
Lo anterior no significa que no haya oportunidades de mejora. Podría ser discutible si la interpretación de la CGR fue exagerada o no, pero la renuncia enunciada por el Gobierno a cumplirla en esos términos es un precedente peligroso.
Pareciera paradójico que, justamente, el presidente Rodrigo Chaves en los pocos meses en que estuvo al frente del ministerio de Hacienda, en el gobierno anterior, apeló a la necesidad de aplicar la regla fiscal de manera estricta. Su vehemente rechazo a la exclusión de las municipalidades fue motivo de su abrupta salida del gabinete. Ante la opinión pública se labró una imagen de hombre fuerte, que le sirvió como plataforma para lanzar su candidatura presidencial.
Era tal el respaldo de Rodrigo Chaves a la versión más estricta de la regla fiscal, que el 21 de noviembre de 2019, como ministro de Hacienda, aseguró a El Financiero que: “Tenemos que aplicar la regla fiscal de forma muy estricta (…) Un ministro no tiene autoridad para negociar el cumplimiento de la ley, ni siquiera debería intentarlo”.
Más aún, el mandatario ha sostenido reiteradamente un discurso de defensa de la aplicación de la regla fiscal; primero como ministro, luego como candidato y al principio de su gestión como presidente. Por esa razón resulta sorprendente que, en días recientes, haya variado su criterio, al punto de que modificó el reglamento sobre la regla fiscal para alivianarla, cambiando el cálculo a partir de los gastos ejecutados en vez de los presupuestados. Eso en la práctica implica un mayor gasto público y podría suponer un mayor desequilibrio de las finanzas del gobierno, algo que debe evitarse.
La Asamblea Legislativa podría fijar normas claras para evitar que los gobiernos de turno puedan alivianar excesivamente la regla fiscal. Lo ideal es mantener un adecuado balance entre las necesidades presupuestarias y la estabilidad de las finanzas públicas.
El hecho de que el Poder Ejecutivo haya podido cambiar la regla fiscal por vía reglamentaria muestra la necesidad de blindar este instrumento para evitar discrecionalidades a futuro, pues es un mal precedente para detener el crecimiento de la deuda pública, cuyas consecuencias serían de mucho mayor impacto que una restricción ordenada del gasto público. Parece necesario retomar la regla de oro incluida en el artículo 176 de la Constitución: los gastos (corrientes) no pueden exceder los ingresos (corrientes). Lamentablemente este principio se distorsionó por la jurisprudencia de la Sala Cuarta, cuando admitió sumar también los ingresos de capital o deuda. Este portillo debe cerrarse.