Gobierno busca excluir gastos de capital y pago de intereses de la regla fiscal

Con la reforma, el Poder Ejecutivo pretende excluir del mecanismo de control de gasto el pago de intereses y comisiones de la deuda pública, así como los gastos de capital (por ejemplo las inversiones en infraestructura).

La redacción actual de la regla fiscal exceptúa del control presupuestario el pago de amortizaciones de la deuda, pero no la cancelación de intereses y comisiones que año a año se incluyen en el Presupuesto Nacional. Sin embargo, la nueva propuesta del Gobierno excluiría esos dineros de la regla fiscal, y con ello se abriría mayor espacio para que las instituciones aumenten el gasto de otras partidas que hoy crecen a un menor ritmo que el pago de intereses: un rubro que se “come” gran parte del crecimiento máximo que permite la regla fiscal.

Además del pago de intereses y comisiones, también se excluirían las inversiones de capital, como por ejemplo las destinadas a la construcción de obra pública. Actualmente, la regla fiscal establece un tope al crecimiento del gasto público general cuando la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB); sin embargo, el Poder Ejecutivo plantea desligar las inversiones de capital con la aprobación de la enmienda.

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Libera recursos para gasto

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El economista José Luis Arce, director de la firma FCS Capital, aseguró que la exclusión del pago de intereses claramente abriría un mayor espacio para aumentar el gasto público.

“Eso lo que implica es que, en el esquema actual, puede ser que el crecimiento de los intereses sea muchas veces más alto que el autorizado por la regla fiscal y eso significa que se estrujan otros tipos de gasto”, comentó.

Pese a la implicación fiscal, Arce consideró que el cambio podría ser técnicamente correcto, en el sentido de que el pago de intereses puede representar una carga excesivamente alta y que depende en gran medida de factores ajenos al control de cualquier administración.

Por ejemplo, el pago de intereses y comisiones crece un 11,6% (¢261.000 millones) en el proyecto de Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno para el año 2023; mientras que la regla fiscal imponía un límite de crecimiento de 2,56% para todo el plan de gastos (¢207.000 millones). En otras palabras, el pago de intereses por sí solo acaparó todo el espacio de crecimiento permitido por la regla fiscal para 2023 y más.

Evitar ese estrujamiento es precisamente el argumento que mencionó el Gobierno en su exposición de motivos en el proyecto de ley, aunque no en la conferencia de prensa donde comunicó sobre este.

Según redactó el Ejecutivo, los intereses y comisiones dependen de variables que “no están sujetas al control de este Ministerio” como el stock de la deuda, los movimientos en las tasas de interés y el tipo de cambio; pero su “enorme peso” ha tenido “repercusiones significativas en el presupuesto de la República, dada la forma en que está diseñada la regla fiscal”.

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“Considerando que la regla fiscal se aplica a nivel agregado en el Presupuesto Nacional, se ha generado un efecto de estrujamiento en el gasto (con excepción del servicio de la deuda) de los diferentes títulos del presupuesto, debido a que estos han visto restringido su espacio de crecimiento, ya que el límite de incremento que permite la regla fiscal termina siendo absorbido por la variación de los intereses”.

“Esta limitación ha afectado la operación normal de los entes que conforman el presupuesto, que incluso en algunos casos han decrecido en términos nominales, ya que la tasa que permite la regla fiscal es una fracción del crecimiento de la producción nominal, la cual no permite ni siquiera cubrir los costos del crecimiento en los precios”, subrayó.

En cuanto al cambio que permitiría excluir a los gastos de capital, el Gobierno alega que restringir ese rubro es un sinsentido en momentos en que se requiere más actividad económica. “La recuperación económica del país requiere darle prioridad a la inversión pública para el logro de impactos en la generación de empleo y en la competitividad de la economía”, apuntó el Gobierno.

Las transferencias de capital apenas alcanzaron los ¢295.000 millones en el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno para 2023. Eso es apenas un 2,4% del plan de gastos total para el próximo año.

‘No estamos flexibilizando’

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El presidente Rodrigo Chaves anunció el proyecto de ley en conferencia de prensa este mismo miércoles y, a pesar de que el efecto de los cambios propuestos permitirían precisamente abrir espacio para presupuestar más dinero, aseguró que su gobierno “no está flexibilizando el gasto público”.

“No estamos flexibilizando el gasto público y mucho menos tratando de aumentarlo. Lo que estamos es corrigiendo las distorsiones que en una ley que se pasó en un momento de urgencia había que esperar que tuviera problemas y que ahora sí los estamos ajustando”, aseguró.

En su discurso sobre los cambios del proyecto de ley, Chaves no comentó sobre las enmiendas antes mencionadas sino que únicamente habló sobre otros cambios que abrirían espacio para que “las instituciones cuyo gasto corriente es financiado con actividades comerciales o ingresos de otra naturaleza que no sean gastos fiscales puedan ejercer el gasto para el cual justifica tributos específicos o ingresos comerciales específicos”.

En ese sentido, tanto él como su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentaron ejemplos de gastos que actualmente no se pueden realizar por la ausencia de esos cambios, como transferencias que se deben realizar por obligación contractual a los concesionarios de los aeropuertos, ejecuciones de colegios profesionales o entidades públicas no estatales, pagos de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) para comprar alcoholes e incrementar su producción, y otros similares.

Dichas reformas también se incluyen en el plan finalmente presentado por el Ejecutivo, pero no son las únicas, como dio a entender el mandatario en su exposición.

Los cambios en materia de intereses y de gastos de capital tampoco fueron mencionados por el ministro Acosta, sin embargo, este consideró que la propuesta de enmienda no representa un debilitamiento en el compromiso de restricción fiscal del Gobierno.

“Tenemos claridad del objetivo de la regla fiscal, que es contener el gasto público y mantener el crecimiento del Estado, y desde ese punto de vista, con esta reforma, no se está afectando ese objetivo fundamental, para poder asegurar finanzas sanas”, puntualizó.