Es cierto que la Asamblea Legislativa sigue sesionando, el Gobierno continúa administrando, las empresas no paran de producir y los estadios siguen llenándose. Mas no nos engañemos.
El país vive una parálisis que se refleja en la incapacidad de ejecutar reformas estratégicas. Es lo que sucede en materia fiscal y de empleo público, pero también en otros campos de importancia para el futuro, de los que no se está hablando.
Paradójicamente, la percepción de dicha parálisis se combina con la falta de “sentido de urgencia” tan propia de nuestra cultura, haciendo que muchos costarricenses miren al 2018, con la vana esperanza de que las próximas elecciones nos devuelvan la capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, esto no es más que una evasión de la realidad. Al Gobierno le quedan más de 24 meses y 3 presupuestos, pues no olvidemos que deja aprobado y ejecuta parte del 2018.
Moody’s y Standard & Poor’s cambiaron la calificación del país, pero destacaron al mismo tiempo aspectos positivos que demuestran que estamos a tiempo de romper la parálisis y ejecutar acciones que la OCDE y especialistas costarricenses han discutido ampliamente.
En Costa Rica, no faltan recursos, diagnósticos ni opciones. Lo que faltan son decisiones. El problema es que se trata de unas que por su naturaleza e impacto son controversiales y, para las cuales, nadie tiene unilateralmente la dosis de voluntad necesaria para aprobarlas y ejecutarlas. Necesitamos de un gran esfuerzo de cooperación política.
La dificultad de armar nuestro “cubo rubik fiscal”, por ejemplo, se complica por el hecho de que muchos de los males que agravan el déficit y el endeudamiento, demandan soluciones que van más allá de la administración institucional. Es decir, se necesitan decisiones parlamentarias, para las cuales nadie tiene mayoría.
Es el caso de los proyectos de ley en materia de empleo público o de esa iniciativa tan digna de estudio como negativa es la connotación de su nombre. Me refiero al expediente 19.834 denominado Cerrar por su autor, el diputado, Ottón Solís.
Así que la oportunidad de salir del suampo en el que estamos, depende de la voluntad de negociar un consenso basado en admitir la existencia de políticas evidentemente mejorables, abusos y malas prácticas en la administración pública que afectan la competitividad de nuestra economía, pero también en el reconocimiento de que la pobreza y la desigualdad son un mal integral cuyo tratamiento depende de políticas que se ven perjudicadas por una combinación de elusión y evasión fiscal que supera el 7% del PIB.
LEA: Solo uno de los ocho proyectos fiscales ha visto la luz en la Asamblea Legislativa.
Cambio de enfoque
Si por la víspera se saca el día, parece que llegará mayo y las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa acabarán sin la aprobación de las iniciativas fiscales del Ministerio de Hacienda. De ser así, el Presidente de la República no debería perder más tiempo. Debe replantearse el contexto, sus prioridades y su estrategia, y reconocer que no es posible discutir sobre la crisis en términos estrictamente tributarios, ni hablar de evasión fiscal sin hacerlo también de gasto público, con precisión y propuestas que den crédito a sus palabras.
Debe comprender que en un medio tan fragmentado como el nuestro, no hay posibilidad de éxito que no sea un éxito compartido, pues ningún sector será parte de un acuerdo, si la idea de obtener su apoyo es arrimarle una especie de “contrato de adhesión”.
En consecuencia, es inevitable insistir en que la salida de la parálisis está en el método de sumar voluntades que propuso Óscar Arias. De esta forma, el legado del mandatario Solís resultaría de hacer “borrón y cuenta nueva” –para lo que aún está a tiempo– y ejercer el poder de convocatoria que conlleva la jefatura del Estado, erigiéndose en el catalizador que reúna a los dirigentes empresariales y laborales, y a los partidos representados en la Asamblea. Es algo que solo puede hacer el Presidente de la República.
En las últimas dos semanas, el PLN, el PUSC y Uccaep han manifestado de distinta forma, su voluntad de trabajar en ese sentido. Algo digno de considerar porque, tanto los partidos como los sectores, deben entender que por más diferencias que tengan con el Gobierno, su objetivo no puede ser el de “hacerlo hincarse” e imponerle su agenda.
Así como es indispensable que Zapote dé un giro en su política, todos los demás actores deben mostrar claridad y fundamento, pero también flexibilidad, apartándose de las voces que promueven el antagonismo.