Este domingo 4 de febrero los costarricenses elegiremos a más de 6.200 funcionarios municipales. Se trata de las personas encargadas de tomar las decisiones políticas que afectan nuestra vida en su entorno más inmediato.
Como cada cuatro años, tenemos nuevamente la oportunidad de escoger a quienes se harán cargo del relevante puesto de la alcaldía en nuestro cantón, pero también a los regidores que van a componer su concejo municipal, a las sindicaturas y a los concejales de distrito.
Es una elección con características distintas, en la que las candidaturas recaen en vecinos, personas a quienes quizás conocemos de manera más directa o personal, o a la que al menos resulta más sencillo reconocer por sus antecedentes laborales o por su participación en cuestiones de la comunidad.
Algunos de esos candidatos serán pronto los nuevos encargados de determinar el uso de los recursos públicos que entre todos aportamos mediante el pago de impuestos y cánones municipales. Nos representarán ante las distintas instituciones del Estado, y tendrán el poder para definir algunas de las políticas públicas que más impactan nuestra calidad de vida. Es por ello que resulta oportuno valorar la importancia de acudir a las urnas y formar parte de esa decisión.
Recambio de figuras. En marzo de 2022 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley número 10.183, la cual impide la reelección indefinida en los cargos municipales de elección popular. La reforma no permite a estos jerarcas su permanencia en el puesto por más de dos periodos consecutivos (ocho años). El efecto más poderoso de esta normativa fue impedir que más de la mitad de los alcaldes actuales pudieran reelegirse nuevamente en los comicios de este 4 de febrero, generando así un inusitado y obligado recambio en al menos 46 cantones del país. En muchas jurisdicciones cantonales habrá una cara nueva al frente del municipio por primera vez en más de una década. Esta reforma permite la aparición de nuevos liderazgos que asumirán sus cargos con estilos e ideas distintas, permitiéndole a los partidos políticos una oxigenación interna, obligándolos a promover el talento de otros partidarios. El impacto debe aprovecharlo la ciudadanía para exigir una ampliación de las metas institucionales y una conducción más actualizada de los asuntos locales.
Mandato constitucional. Según nuestra Carta Magna, a las municipalidades les corresponde “la administración de los intereses y los servicios locales”. El modelo que ha ido determinando nuestra legislación impulsa un crecimiento paulatino de las responsabilidades que asumen las corporaciones municipales. Lejos están los días en que las principales funciones de los municipios parecían ser las de otorgar permisos, conceder patentes, reparar aceras y encargarse de la recolección de basura. Las municipalidades de hoy han alcanzado una mayor injerencia en la vida local, asumiendo tareas por encargo directo de leyes especiales o como resultado de la iniciativa propia dentro de sus competencias genéricas. Así, por ejemplo, los municipios administran 38.000 kilómetros de caminos y carreteras; aproximadamente el 80% de toda la red vial costarricense está en sus manos —el 20% restante es administrado por el MOPT—. Las entidades municipales tienen la posibilidad de financiar y gerenciar cuerpos policiales propios, desarrollar programas sociales en favor de poblaciones vulnerables, promover el desarrollo de vivienda popular y generar condiciones para un crecimiento inmobiliario eficiente y ordenado; establecer alianzas con organizaciones privadas para el mejoramiento de las condiciones urbanas e impulsar políticas públicas para favorecer la práctica del deporte y la sana convivencia. También administran los espacios públicos como parques, plazas y la infraestructura de uso común, lideran consejos compuestos también por jerarcas de otras entidades a nivel cantonal para atender toda clase de aspectos de la comunidad, presiden la comisión local de emergencia, gestionan políticas de carácter ambiental y la protección de los recursos naturales; y en la práctica pueden liderar la atracción de inversión nacional y extranjera mediante la debida planificación territorial y la creación de incentivos a partir de la eficiencia en la permisología. Son un poder vivo y con capacidad legal suficiente para generar mejores condiciones para los ciudadanos de su circunscripción territorial. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es acudir a las urnas. Debemos votar no solamente porque constituye un deber cívico, sino porque elegir las mejores opciones francamente nos conviene.