Los costarricenses somos dueños del ICE, INS, Recope, Fanal, BCR y el BNCR. También de Bancrédito, aunque ahora nuestras “acciones” de ese banco no valen nada.
Nuestro Estado cuenta con 27 empresas cuyo valor asciende a los varios miles de millones de dólares. Pero no tenemos tren eléctrico, manejo adecuado de basuras, calles decentes ni un sistema de pensiones fuerte. Indistintamente de la postura ideológica de cada uno sobre cuál debe ser el rol estatal en banca, energía, seguros, combustibles, etc., hay un grave problema estructural con la administración estatal de compañías: lo que es de todos, no es de nadie.
Es hora de explotar esta gran riqueza oculta, y cambiar la mentalidad y el sistema de gestión de estas entidades. Algunas o muchas de ellas están plagadas ya sea de juntas directivas politizadas, inadecuada transparencia en la información, conflictos inherentes en la supervisión, o bien impunidad ante faltas e incumplimientos. Hay una falla sistemática que reprime el potencial de estas entidades, en perjuicio de los costarricenses.
¿Cómo podemos exigir mejor gestión y devolverle a los ticos algo que ya es de ellos? Inscribamos cada empresa estatal en la Bolsa Nacional de Valores (con los requisitos de información y gobierno corporativo que esto implica), y le damos 30% de las acciones a nuestro sistema de pensiones, vía las operadoras (que podrán transar dichas acciones posteriormente). Así invertimos en nuestro futuro, sin tener que seguir aumentando el porcentaje de aportes, y de paso fortalecemos el mercado de capital.
El Estado retiene el 70% pero al ampliar su base de accionistas y someterse a la transparencia del mercado, se vería forzado a adoptar mejores prácticas para potenciar competitividad y medir rendimiento sobre capital. Claro, se requeriría de una ley especial y de mucha voluntad política; pero si esto conlleva a una mayor creación de valor y eficientización de estas empresas que mueven gran parte de nuestra economía, el impacto sería incalculable para Costa Rica.