Otra vez este tema está en la picota. Lo malo es que ahora se materializó la amenaza de que nos bajaran la calificación de riesgo.
Causa malestar leer las razones que esgrime la calificadora para justificar su decisión... porque tiene razón.
Nuestro país es incapaz de alcanzar los acuerdos que se necesitan para lograr una reforma fiscal estructural, que acabe con el problema del déficit. Y más malestar causa que nos recuerden las notas periodísticas, que, en materia de ingresos, ya se ha logrado dos veces aprobar reformas tributarias integrales aceptables.
¿Cómo es posible que, en ambos casos, esas reformas, producto de negociaciones técnicas y políticas desgastantes; pero productivas, hayan sido anuladas por vicios de procedimiento legislativo?
Sin ánimo de eclecticismos, y viendo que existen criterios disímiles –pero aparentemente sustentados - sobre la verdadera insuficiencia del nivel de la carga tributaria, no cabe duda que los esfuerzos por recaudar más, con lo que existe, deben redoblarse. Pero no por la vía de la arbitrariedad ni de la inseguridad.
Muchos de estos esfuerzos recaudatorios, específicamente en casos de supuesta elusión –donde el ahorro fiscal deriva de la aplicación de la Ley -, deben ser solucionados cambiando la Ley.
Igualmente se debe dar, de una vez por todas, el paso de las reformas al Impuesto al Valor Agregado, y en el Impuesto sobre la Renta, dar paso a la renta global por su efecto en la generación de información para sacar personas y actividades de la oscuridad.
Sin lugar a dudas, el sentido común aconseja tomar en cuenta y utilizar los insumos que dan los dos proyectos de ley que en su momento fueron aprobados –y luego botados por la Sala -. Sin hacer apología sobre las bondades de estos, y además, aprovechar la oportunidad para observar los procedimientos legislativos. No sea que la reforma se apruebe y la Sala IV la bote, ¡otra vez!