La Contraloría General de la República emitió un informe este lunes 22 de enero en el que advierte sobre la lentitud en la implementación del sistema unificado de compras pública conocido como Sicop, informe que el Ministerio de Hacienda pidió reconsiderar.
El Sistema Digital Unificado de Compras Públicas (Sicop) sustituyó, por orden de Hacienda y de gobierno, al proyecto de CompraRed del mismo Ministerio y al proyecto Merlink, que estuvo a cargo de la extinta Dirección Ejecutiva de Gobierno Digital.
La entidad giró instrucciones al Ministro de Hacienda y al Director de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de esa cartera para que subsanen las debilidades señaladas en el informe.
Entre otras disposiciones emitidas solicitó al Ministerio resolver los problemas de congruencias entre la ley y los decretos de creación del Sicop, ejecutar acciones para que se unifiquen los sistemas de compras públicas, evaluar el modelo tarifario y eliminar la posibilidad de nuevos procesos de adquisición de bienes y servicios a través de CompraRed.
El informe fue elaborado por el Área del Sistema de Administración Financiera de la República de la Contraloría, cuyo objetivo es evaluar las acciones realizadas por Hacienda para garantizar que toda actividad de contratación se realice por medio del Sicop.
La Contraloría recordó que la operación de un sistema electrónico y unificado de compras pública se constituye en un mecanismo que genera transparencia, promueve los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley de Contratación Administrativa.
Además, contribuye a la rendición de cuentas pública, generando ahorros de costo y tiempo que la unificación de las compras públicas generaría ahorros del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) según las estimaciones de organismos internacionales.
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Poco avance
El informe indica que el proceso de implementación del Sicop, liderado por la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda, ha sido lento e insuficiente.
"Transcurrieron casi cinco meses a partir de la aprobación de la Ley N° 9395 para que realizara una primera acción inicial de contactar a las entidades del sector público", acusa la Contraloría.
Agrega que hay poco avance en el uso de la plataforma de compras públicas Sicop por parte de las instituciones del sector público.
Al 13 de setiembre de 2017, fecha impuesta por la Ley N° 9395 para la incorporación de toda la actividad contractual al Sicop, solamente el 36% de las entidades públicas se encontraban usando el sistema (completa o parcialmente), quedando pendiente un 64%.
La Contraloría también advierte que existen incongruencias normativas entre lo establecido en la ley N° 9395 y los Decretos Ejecutivos N° 40270-H y N° 40538-H, en cuanto al uso de medios físicos para tramitar procedimiento de contratación administrativa, plazos de implementación del sistema y de los vínculos en páginas web.
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También encontró la existencia de diversos esquemas tarifarios para el uso del Sicop y que Hacienda avaló recientemente un modelo tarifario, el cual deberá ser evaluado periódicamente.
La Contraloría también señaló la persistencia en el uso de la plataforma CompraRed para la realización de procedimientos de contratación administrativa, lo cual no permite contar con un único sistema centralizado de compras públicas.
CompraRed se utilizó en 115 procesos de contratación, entre enero 2017 y el 20 de junio de 2017.
Tampoco hay una valoración de riesgos para la operación e implementación del Sicop. "No se cuenta con un monitoreo de eventuales riesgos que pueda enfrentar la implementación del sistema y su gestión de riesgos institucional apegada a los parámetros normativos", advirtió la Contraloría.
Reconsideración
El 9 de enero anterior el Ministerio de Hacienda solicitó a la Contraloría reconsiderar el informe de auditoría.
El ministro Helio Fallas envió una respuesta a la Contraloría donde sostiene que la definición de la tarifa aplicable al Sicop es "por reserva de ley" una prerregotiva del proveedor del servicio.
El desarrollo del sistema ha estado a cargo desde el inicio de una unidad de Radiográfica Costarricense S. A., en parte compuesta por exfuncionarios de la Dirección Ejecutiva de Gobierno Digital que estaban trabajando en el sistema Merlink.
Fallas indicó que Hacienda, como órgano rector en materia de gestión de bienes y de contratación administrativa, coordinó con el proveedor de Sicop, Racsa, para que la definición de las tarifas se ajuste a criterios de austeridad y "a los principios de gestión financiera tutelados en la normativa legal vigente".
Anteriormente, en diciembre del 2017, el Ministerio también había respondido a la Contraloría sobre varias de las conclusiones del informe, en una nota firmada por Luis Segura Amador, sub director general de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de Hacienda.
Segura rechazó que la implementación de las disposiciones para que las entidades públicas se integren al Sicop ha sido lenta e insuficiente.
Según el funcionario se realizaron una "serie de acciones" junto con Racsa y con las instituciones "hasta donde el alcance normativo lo permite", pues no tienen poder sancionatorio ni competencia para exigir el uso de Sicop a entidades que no son del Gobierno Central.
Debido a eso esa División "ha considerado" otras acciones estratégicas, formando alianzas con otras instancias fiscalizadoras.
"Hay un total de 174 instituciones utilizando el Sicop, de las 330 que conforma el sector público, que representa más del 50%", indica Segura. "El plan que puede desarrollar es sobre las acciones de persuación y el convencimiento a las instituciones, para la aplicación de la norma.
Sobre las inconsistencias entre lo plazos que fija la Ley y los que se indica en los reglamentos, Segura respondió que al establecer la Ley no se tomaron en cuenta las limitaciones de capacidad instalada del proveedor, logística, capacitación, recursos humanos, contabilidad, pagos e incluso Internet, entre otros.
A diferencia del Ministro, el sub director de bienes y contratación administrativa dijo que la unificación de la tarifa se podría alcanzar a mediano plazo, cuando varios contratos vigentes suscritos con modelos de tarifas distintos vayan expirando.
Segura explicó que las diferencias de modelos de tarifas se debía a que durante el desarrollo de CompraRed desde el 2009 se definieron varios esquemas en distintos momentos y existen contratos con instituciones que se basaban en alguno de ellos.
El funcionario también respondió que CompraRed se mantiene funcionando pues hay contrataciones con proveedores extranjeros y Sicop todavía no implementó el mecanismo para tramitar estos casos.
Finalmente Segura reconoció que hasta ahora se están tomando las previsiones para realizar la valoración de riesgos, en coordinación con la auditoría interna del Ministerio de Hacienda.
Nota de redactor: información actualizada con respuesta de Ministerio de Hacienda a las 4:50 p.m.