La Supertintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ha capacitado a 47 funcionarios del Poder Judicial en los dos últimos años gracias a un acuerdo de ambas instituciones.
El convenio y las actividades realizadas provocan, no obstante, preocupación en la industria ya que precisamente las instancias judiciales están resolviendo varios conflictos entre los operadores, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y la Sutel.
"Consideramos que es muy positivo que los funcionarios del Poder Judicial se capaciten en los temas de telecomunicaciones", dijo Oscar Emilio Barahona, presidente de Infocom. "Estamos seguros de que la instrucción que se imparte está apegada a los aspectos técnico-jurídicos relacionados con nuestra industria y que no se promueve una visión o interpretación particular de la ley, trabajo que corresponde únicamente a los jueces".
Barahona agregó que la industria espera que los resultados de este proceso de capacitación sean positivos y que están dispuestos a colaborar y trabajar para establecer también este tipo de convenios en el futuro con el Poder Judicial.
Ileana Guillén, directora de la Escuela Judicial, respondió que los cursos de la Superintendencia surgieron a partir de un convenio de cooperación firmado en abril del 2014 con la Corte Suprema de Justicia.
Así se habría permitido la capacitación de los funcionarios judiciales en aspectos técnicos de telecomunicaciones, debido a que esta materia empieza a constituirse como tema de actividad juridisccional en distintos niveles.
Desde la firma del convenio se desarrollaron dos cursos sobre la regulación de las telecomunicaciones donde han participado funcionarios de las áreas civil, penal, contenciosa, administrativa y constitucional.
"La capacitación interinstitucional se realiza a manera de cooperación, aprovechando recursos existentes en cada una de las instituciones y dentro de los términos del marco del convenio", explicó Guillén.
En el país algunas universidades públicas y privadas han desarrollado cursos y especialidades técnicas en materia de telecomunicaciones.
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Si bien la capacitación es bien vista en el sector y por especialistas legales en telecomunicaciones, la preocupación es que la misma está a cargo de una de las partes involucradas en buena parte de los conflictos del sector planteados ante instancias judiciales.
Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interpuso una demanda contenciosa-administrativa contra el Regulador por la posible distorción en la política tarifaria.
La Sala Constitucional también debe resolver un recurso sobre si se aplica la portabilidad para que los usuarios de telefonía fija puedan pasar su número telefónico a servicios de telefonía por Internet.
En los tribunales también se han resuelto conflictos entre operadores (como uno de Movistar contra el ICE por servicios móviles de 4G). Antes la Sala Constitucional había rechazado los recursos contra el cobro por descarga de datos en los planes de postpago.
Recientemente la firma Credit Card apeló ante la Sala Primera una decisión del Contencioso Administrativo que inicialmente le desfavorecía. La Sutel exigía un contrato de interconexión de esa firma con el ICE. La empresa siempre sostuvo que lo que se requería era un contrato de acceso.
Por su parte, la Sutel no respondió las consultas enviadas sobre la capacitación brindada a funcionarios judiciales.