Hasta hace una semana no había nublados ni virus que afectaran el acuerdo de Millicom con Telefónica para adquirir la operación en Costa Rica.
El desenlace tuvo dos episodios la semana anterior, cuando Telefónica anunció que demandará a Millicom y cuando Millicom rescindió el contrato, y llegará a su final en los tribunales de Nueva York.
Queda en el aire porqué Millicom tomó la decisión: razones comerciales; las previsiones financieras frente a la crisis causada por el coronavirus; la falta de una autorización previa de la Contraloría General de la República; o alguna discrepancia final con Telefónica.
Desde finales de enero de 2020 la operación se estancó en su fase final. Fuentes cercanas a la operación, que solicitaron el anonimato a EF, aseguran que estos últimos meses fueron de “dilaciones extrañas y no esperadas”.
Millicom sostiene que cumplió los términos de este acuerdo. “La decisión de seguir el proceso acordado por las partes, sin modificación, obedece a la necesidad de Millicom de enfocar su atención en velar por los intereses de sus partes interesadas —empleados, accionistas y clientes— particularmente en estos momentos difíciles”, respondió la firma.
Agregó que, bajo lo estipulado en el contrato con Telefónica, el cierre de la transacción se realizaría después de tener “todas las aprobaciones que las partes pactaron”.
La condición, empero, es parte de un acuerdo tan privado como el plazo para el cierre de la compra: el pasado 1ª de mayo.
Plazo razonable
A finales de 2018 se escuchaba que Telefónica iba a retirarse de muchas o todas de sus posiciones en América Latina, para concentrarse en sus principales plazas de Europa y aliviar sus cargas financieras.
El 24 de enero de 2019 vendió a América Móvil (Claro) sus operaciones de Guatemala y El Salvador. La primera se operativizó “al día siguiente” pues no requería autorizaciones gubernamentales, mientras la segunda aún está pendiente.
Al mes siguiente se anunció que Millicom compraría las operaciones de Nicaragua, Costa Rica y Panamá por $1.650 millones.
En Nicaragua la sustitución ocurrió en mayo de 2019 y en Panamá en agosto siguiente.
En el acuerdo se fijó el plazo del 1º de mayo para la operación de Costa Rica, de $570 millones, un tiempo “razonable” que contemplaba las autorizaciones y diligencias necesarias.
Era más extenso (15 meses) de lo acostumbrado en este tipo de transacciones (de seis a 12 meses) y superior a los plazos acordados para Nicaragua y Panamá.
Al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como órgano rector, llegó la solicitud de Telefónica y Millicom el 21 de mayo del 2019 para que se apruebe la sustitución de Telefónica S.A. por Millicom Spain SL y Millicom International Cellular S.A. como sociedad matriz de Telefónica de Costa Rica TC S. A.
De inmediato se activa el proceso de ley, cuya primera etapa concluye el 30 de agosto del año anterior, dentro de los tiempos establecidos, con la recomendación favorable de Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El dictamen técnico de Sutel llegó a Micitt el 10 de setiembre, pero el 3 de octubre se recibe una solicitud de las dos compañías para iniciar el trámite de autorización ante la Contraloría.
Millicom no quiere exponerse a potenciales interpretaciones sobre su legitimidad para ejercer la dirección de la empresa y hacer uso de sus licencias y contratos.
El 15 de noviembre la Contraloría deniega la solicitud.
Todo listo
Pasa el fin año y a finales de enero el Poder Ejecutivo aprueba la operación.
Ahora solo queda que las firmas realicen el traslado de las acciones, firmar las adendas a los contratos de 2010 y 2016 y que la Contraloría las refrende.
Incluso se les recuerda verificar la validez de las garantías para evitar inconvenientes.
A principios de marzo pasado las partes aparentemente siguen sintonizadas, revisando las adendas. Telefónica tiene prisa, pero siente indicios de dilación de su contraparte.
¿Sería por la sombra de la COVID-19?
El 27 de marzo de 2020 el Micitt comunica que todo está preparado para la suscripción de las adendas y una semana más tarde, ya en abril, Millicom comunica al Ministerio –primero mediante una llamada telefónica y luego por escrito– el plazo del 1º de mayo.
Solo quedan 30 días naturales y eso es menos del plazo para que Contraloría dictamine.
“La existencia de un plazo incumbe al ámbito privado”, recalca Cynthia Morales, directora de concesiones y normas en Telecomunicaciones del Micitt.
El tiempo se agotó. Telefónica anuncia que demandará a Millicom por incumplir el contrato y Millicom reconoce, en la sesión de su informe financiero, que para enfrentar la crisis pretende generar ahorros por una suma similar a la que iba a pagar por Movistar en Costa Rica.
La compañía recalca que realizó los mejores esfuerzos para obtener las aprobaciones regulatorias necesarias. “Hemos estado y seguimos agradecidos por el manejo diligente del proceso por parte del gobierno de Costa Rica”, aseguró Millicom.
Autorización
Es lógico y de sentido común obtener las mayores garantías para una “transacción de ese tamaño y complejidad”.
Lo que también es claro es que a la Contraloría le corresponde verificar el “documento contractual en el que se formalice la modificación”: las adendas.
Es una revisión posterior para determinar que no se viole la legislación, para lo cual tiene hasta 45 días hábiles. Los ajustes que pide normalmente son menores, salvo si hay una violación de volumen a la ley.
Para Telefónica, después de la resolución de noviembre pasado de la Contraloría, concluir la transacción depende de seguir el proceso.
Millicom, por su parte, tiene claro que la cesión de las acciones no requiere el concurso de la Contraloría e insiste que ésta se reservó el derecho de autorizar la sustitución de la casa matriz por medio del proceso de refrendo.
Recalca que, “bajo lo estipulado con Telefónica”, el cierre se realizaría solamente después de tener todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la de la Contraloría, y que no se obtuvieron.
Hay más.
Millicom indicó que la firma de las adendas no se concretó porque ambas compañías “no pudieron llegar a un consenso sobre su texto” y que realizó varias propuestas, las cuales no habrían sido aceptadas por Telefónica, “motivado por su interés en modificar el acuerdo entre las partes para su propio beneficio”.