Especialistas legales y de comunicación y empresarios advirtieron sobre los múltiples problemas que contiene el proyecto de ley de radio y televisión presentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), más allá del tema de las sanciones divulgado esta semana.
La presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica (Canartel), Saray Amador, aseguró que el borrador presentado se basa en leyes de varios países de Sudamérica y que no toman en cuenta la situación de las empresas costarricenses en el sector, la gran mayoría pequeñas.
En el foro realizado esta mañana en por Canartel sobre el proyecto, Amador dijo que en enero habían recibido el borrador previo al primer taller convocado por Micitt y con muy poco tiempo para poderlo analizar.
En la actividad -realizada en Nova Cinemas, en Avenida Escazú- el especialista Asdrúbal Aguiar, vía Skype, explicó que en la región se ha venido expandiendo las iniciativas gubernamentales de control de los medios de comunicación.
Aguiar indicó que en esas iniciativas se asume que la opinión pública debe ser formada por los mismos Estados y trascienden lo puramente técnico. "He encontrado coincidencias del proyecto de Costa Rica con las leyes de Venezuela, Argentina y Ecuador", dijo Aguiar.
El especialista advirtió que la ley convierte a los medios de comunicación como servicios públicos, lo mismo que las leyes de los países mencionados, donde se le da un papel predominante al Estado en la formación de la opinión pública.
Además, cuestionó que se crea que el espectro es un recurso escaso, pues la tecnología actual permite nuevas vías para su explotación.
Aguiar también resaltó varias contradicciones del proyecto, como definir la radio y la televisión como servicio público y al mismo tiempo como negocio a través del pago de concesiones, pese a que se dan licencias temporales; y se habla de soberanía y se reconoce la necesidad de inserción en el mercado global, entre otras.
Incluso destacó que hay artículos que se dirigen al control de contenidos que contradicen principios formulados al inicio del mismo proyecto sobre que no debe haber censura y la libertad de expresión.
"Hay un régimen de sanción", advirtió. "Hay una nueva visión de que la opinión pública se forma desde el Estado y que se dirigen a hacer efectiva la hegemonía del Estado".
Emisoras comunitarias
En el proyecto se establece la concesión de frecuencias para emisoras comunitarias.
En el foro, el periodista venezolano Eduardo Velasco advirtió que en la experiencia de su país se ha visto que se trata de concesiones condicionadas a seguir los lineamientos del gobierno.
"En Venezuela las radios comunitarias se han convertido en mecanismos del régimen", afirmó Velasco. "Hoy mal funcionan las radios comunitarias y las piratas, impulsadas por el mismo partido de gobierno".
Asimismo Ronald Cubillo, del ICER, que impulsa una red de emisoras comunitarias, indicó que se está ignorando las iniciativas que hay en el país desde hace 36 años apoyando comunidades.
Preocupaciones
Claudio Paolillo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que les preocupa que el proyecto de ley intenta regular los contenidos.
"Cuando un gobierno quiere resguardar el interés público muchas veces pasa a ser el interés del gobierno de turno y ahí se introduce en los contenidos de los medios de comunicación", advirtió Paolillo.
Agregó que además de peligroso y ridículo la interpretación de lo que le interesa a la población a funcionarios públicos, así como que los medios deben resguardar los valores y la identidad nacional.
Paolillo dijo que este tipo de intenciones fue propia de dictaduras en América Latina en las décadas anteriores.
"El Estado asume una potestad de vigilancia y con ello se atribuye una función peligrosa para la libertad de expresión", destaca.
Además cuestionó que el proyecto establece una serie de requerimientos y que queda a potestad del gobierno y los funcionarios públicos. Advirtió que los organismos internacionales han advertido que la definición de lo que debe o no publicarse no puede ser atribución de los gobiernos y del Estado, sino que debe dejarse a los mismos medios de comunicación.
"El proyecto de ley asusta bastante", afirmó. "Tiene muchos aspectos que no pueden dejarse de lado. Algo que afecte la libertad de expresión en Costa Rica es una mala noticia para la región por su ejemplo".