La propuesta de la Administración Solís Rivera de gravar los servicios digitales, incluidos los de video y audio streaming como Netflix y Spotify , podría aplicarse a otras plataformas en línea que los usuarios y las empresas locales cancelan a firmas ubicadas fuera de Costa Rica.
¿Se aplicaría el impuesto a los sistemas de gestión de contenidos en Internet para sitios web y blogs que se pagan con cargo a las tarjetas de crédito y de débito?
¿Se aplicaría el impuesto a la publicidad que se paga, siempre mediante tarjetas, en redes sociales como Facebook o a los paquetes de minutos que se contratan y se pagan a Skype?
“En principio, sí”, dijo Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda . “La propuesta es un impuesto a servicios transfronterizos. Eso incluye cualquier servicio que se paga aquí y que se brinda desde fuera del país. Habría casos específicos que tendrían que verse al elaborar el reglamento cuando se apruebe la ley. Son detalles que hay que valorar”.
El pasado 10 de agosto, el Poder Ejecutivo entregó el Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a la Asamblea Legislativa, una nueva tentativa de reforma fiscal para reducir la diferencia entre gastos e ingresos estatales de un 5% a un 2% del Producto Interno Bruto.
Ahí el Gobierno propone gravar con un 15% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) los servicios de streaming y otros transfronterizos que se brindan vía Internet. Quedarían excluidos aquellos que son gratuitos.
La propuesta, sin embargo, podría fracasar pues las diferentes fracciones legislativas sostienen que se deben implementar ajustes en el gasto público antes de aprobar nuevos tributos.
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Hay otro proyecto
Aparte del proyecto del Ejecutivo, a la corriente legislativa también fue introducido otro proyecto de ley por el diputado Jorge Arguedas , del Frente Amplio.
En este caso, el propósito es que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) establezca un canon que los operadores cobrarían a las empresas de servicios de contenido y aplicaciones en línea conocidas como Over The Top.
De esa forma los operadores obtendrían recursos para compensar sus riesgos y costos de ampliar las redes de transporte, distribución y acceso para atender la demanda de tráfico de Internet.
“La idea es no cargar el gravamen al usuario”, dijo Arguedas.
La iniciativa ingresó el 13 de junio pasado a la Comisión de Gobierno y Administración. Actualmente se encuentra en consulta en instituciones públicas y privadas, pero no fue convocado por el Poder Ejecutivo en el primer periodo de sesiones extraordinarias, de acuerdo con el Área de Procesos Legislativos.
Los dos intentos se inscriben dentro de una tendencia que toma fuerza a nivel global , en algunos casos por impulso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de gravar el consumo de contenidos en Internet.
“No se trata de un impuesto específico, si no de la inclusión de los servicios dentro de sus impuestos de valor agregado”, explicó Manrique Blen, gerente de impuestos y legal de Deloitte .
La industria aún no tiene definida su postura sobre el proyecto de la Administración Solís de establecer un impuesto. Una de las dudas era sobre si se gravarían otros servicios pagados.
“El tema de Netflix no solo es Netflix”, advirtió Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación .
Respecto al proyecto del diputado Arguedas, las cámaras y los operadores tienen consenso de que presenta debilidades técnicas, jurídicas y prácticas.
“Lejos de ser progresista, deriva en una regulación que obstaculizaría el avance tecnológico”, afirmó José Gutiérrez, gerente de nuevos negocios de Cabletica .
La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) enumeró cuatro errores que identificaron en la propuesta de Arguedas: no se define con claridad a los sujetos del canon; tampoco se dice en qué se utilizaría; se le da una competencia a Sutel sobre empresas que no se tiene claridad cuáles son; ni hay un régimen sancionador.
Arguedas respondió que el Estado debe tener alguna regulación en la materia, así como políticas públicas para garantizar el derecho al acceso a Internet y a sus contenidos. “Los proveedores de contenido facturan millones de dólares. Para ellos, un canon sería apenas una pequeña porción”, insistió el legislador.
Una alternativa sería que las firmas llegaran a acuerdos con los proveedores de contenido. En otros países los operadores han llegado a acuerdos con los proveedores de contenidos, a cambio de priorizar su tráfico. Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones, regulador de telecomunicaciones en Estados Unidos, prohibió estos convenios.
En todo caso para el sector es claro que cualquier canon o tributo terminaría siendo pagado por los suscriptores de los servicios.
“Al usuario le va a ocasionar un incremento en la tarifa del servicio, ya sea que lo pague por el medio recaudador (tarjeta de crédito) o el mecanismo que finalmente se imponga”, dijo Norman Chaves, director de asuntos corporativos de Tigo Costa Rica .