Las leyes de reforma de las telecomunicaciones en Costa Rica cumplen siete años —este martes 30 de junio– durante los cuales se han producido importantes cambios en el mercado local y a nivel tecnológico.
Para Gilles Maury, especialista de telecomunicaciones de la firma Deloitte, los problemas y retos existentes surgidos desde el 2008 podrían enfrentarse con las actual legislación de telecomunicaciones.
Pero Juan Manuel Campos, socio de CiberRegulación, señaló que se requieren "cuatro áreas de mejora" en las leyes, las cuales dependen de decisiones políticas del Poder Ejecutivo.
"Se podría percibir la orientación del gobierno en telecomunicaciones, pero es necesario que lo haga de forma explicito", insistió Campos.
Maury y Campos analizaron el séptimo aniversario de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de Modernización de las Instituciones de Telecomunicaciones en un conversatorio organizado por El Financiero y en el cual también intervinieron Eugenia Soto y María Fernanda Cruz, editora y periodista de la sección de Tecnología.
Para los especialistas, se requiere un mejor manejo de parte de las autoridades de los cambios pedidos por los operadores (como el cobro por descarga) o de sus propias decisiones (como la contratación de abogados de operadores).
Ese cuidado debe tenerse una vez que se decida qué hacer con las frecuencias para telefonía móvil pendientes de concesionar, dado que debe ponerse a concurso y los operadores Claro y Telefónica han solicitado más espectro para atender la demanda de datos de alta velocidad.
Para Maury y Campos es el momento de concretar las decisiones sobre la neutralidad de la red, postura mantenida desde la Administración Chinchilla; y el diseño de servicios con una mezcla de redes de 2G, 3G, 4G, WiFi, WiMax.
Asimismo, se debe resolver el atraso con la televisión digital, la ubicación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y de la confidencialidad de las información del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus subsidiarias, de las cuales deben ser públicos los estados de resultados en función de la transparencia y de sentar las responsabilidades correspondientes.
Precisamente este mismo martes, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) hará públicas las estadísticas del sector a diciembre del 2014.
Áreas de mejora
En su formulación y aprobación siempre se planteó que la legislación de la apertura se inspirada en la convergencia de las telecomunicaciones, anticipándose a las tendencias que se percibían entonces.
Sin embargo, en estos años surgieron fenómenos en el mercado que ameritan que las leyes aprobadas incluyeran reglas para las redes neutrales, donde un operador despliega una infraestructura (en especial redes de fibra óptica) y la pone a disposición de otros para que brinden sus servicios.
También para respaldar la calidad de los servicios que reciben los proveedores de contenidos (OTT, por sus siglas en inglés), tales como Facebook, Skype, WhatsApp o Google.
Las leyes aprobadas en el 2008 tampoco contemplaban crear normas asimétricas. Estas son reglas que aplican cuando un operador es incumbente y tiene el 51% o más de un mercado.
En este caso, una norma asimétrica permite regular al incumbente y que los operadores pequeños puedan actuar, crecer y dinamizar el mercado.
Y en lo fundamental es necesario dotar de mayor independencia y fortalecimiento a la Sutel, separandola de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), que en la actualidad es la que aprueba los reglamentos en el campo de telecomunicaciones.
Además, se requiere que en materia realcioada al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), de gestión y control del espectro se unifique la planificación y la ejecución, pues actualmente hay una división de responsabilidades y tareas que provoca fricciones entre la rectoría y la Sutel.
La rectoría pertenece al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Para Campos la concentración debería darse en la Sutel, pues si se da en el Viceministerio de Telecomunicaciones (perteneciente al Micitt) se produce el riesgo de la politización en las concesiones y del uso de los recursos de Fonatel.
Incluso en el caso de otorgar licencias de espectro o de conceder los 70 MHz para telefonía móvil que quedaron pendientes, falta la decisión del Ejecutivo. "Al gobierno actual parece que no le interesa", acusó Campos, de CiberRegulación. "Hay que replantear las responsabilidades y que sea una decisión técnica, que no dependa de una decisión política".
Servicios fijos en el congelador
Dado que las reforma del mercado se dio varios años después que en el resto del continente, la legislación incluyó las mejores prácticas en el campo y tuvo varios éxitos en la modificación del mercado.
Por eso la expectativa en la actualidad no es impulsar cambios en las leyes de telecomunicaciones sino que se puedan cumplir los desafíos en el marco legal existente.
Gilles Maury, de Deloitte, resaltó los avances en telefonía móvil y en los servicios de datos, con una competencia muy activa, a diferencia de los servicios de Internet fijo.
"Hay confianza en las leyes aprobadas", recalcó Maury. "La pregunta es qué es lo que hay en la ley y que no se está aprovechando, como las redes de fibra óptica neutrales, pero que no se había dado por decisiones políticas y estrategias de mercado de los operadores".
La falta de dinamismo en Internet fijo se refleja en los precios de los enlaces, el escaso avance en el proyecto de Punto de Intercambio de Internet (IXP, por sus siglas en inglés y que reduciría los costos del tráfico internacional) por la resistencia del ICE.
De acuerdo con Maury normalmente los cambios no provienen del operador incumbente, sino de los entrantes, y eso ha ocurrido en Internet fija donde el ICE es dominante y prácticamente no tiene competidor, excepto las cableras, por lo que va a su propio ritmo.
El cambio podría darse con las redes que impulsan el ICE, la Red de Acceso de Nueva Generación (Range), y de la Junta Administrativa de Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
La primera estará en el segundo semestre del 2015 y la segunda ya entró en operación en Cartago. A ellas se unen la que instala CoopeGuanacaste en la Península de Nicoya.
Sin embargo, para que Internet fijo cambie se requiere que el Poder Ejecutivo impulse y concrete tanto el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) como el Plan de Banda Ancha y los proyectos de Fonatel.
Esto también obligaría a actuar a las cableras, que ya cuentan con tecnología Docsis para dar altas velocidades, pero que no han encontrado incentivos para su difusión masiva.
La declaratoria de competencia efectiva, una tarea pendiente de Sutel, permitiría crear servicios diferenciados.