El reto para los próximos años que tiene el país es entender que la era digital y la incorporación de las nuevas tecnologías en las operaciones de las empresas e instituciones, se basan en las telecomunicaciones.
“Tenemos que estar atentos a las nuevas olas y entender que las telecomunicaciones son transversales a todos los sectores”, destacó Oscar Barahona, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
A diez años de la aprobación de las leyes de telecomunicaciones, que se cumplen este 4 de junio, todavía falta comprender la relevancia de los servicios de Internet, conectividad empresarial y telefonía y el rol de más de 100 operadores para la economía, desde marcas globales hasta empresas locales.
“Algunos funcionarios todavía creen que están en el 2005”, insistió Barahona.
No es solo que las entidades públicas renuevan contratos de telecomunicaciones a ciegas y de forma automática con un solo proveedor, sin hacer estudios de costos, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República.
Ni que el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) no se comunica con los operadores, excepto con uno, para que muevan sus redes en los proyectos de ampliación de vías.
Le pasa hasta los organismos especializados.
Hace siete años los operadores móviles le plantearon al Ministerio de Hacienda que, para efectos de renta, los operadores fueran considerados una industria y así favorecer sus reinversiones.
Las autoridades tributarias le preguntaron a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y aquí respondieron que no eran una industria.
“¡¿Para qué amigos así?!”, se preguntó Barahona.
Los operadores tuvieron que hacer ver el error a Sutel y se hizo un estudio para demostrarlo. Tal reconocimiento de Hacienda sigue pendiente.
Actualmente se debe también hacer frente a los requerimientos de los nuevos tiempos, cumplir con las tareas inconclusas y, de cara a los usuarios, garantizar que los servicios sean de calidad.
¿Las leyes de telecomunicaciones, tal y como se aprobaron hace diez años, pueden responder a las nuevas realidades?
Toda ley es perfectible y las cosas cambian, sobre todo en esta industria, de manera muy rápida. Los legisladores en Costa Rica tuvieron mucha visión y aprobaron una ley muy previsora de convergencia y que abarca muchas cosas.
Diría que responden bastante a las realidades tecnológicas que vivimos. Sobre todo que se han complementado con algunas acciones de la Rectoría de la Superintendencia, como la declaratoria de competencia en mercados.
Hay acciones que se han querido tomar, ante las que hemos estado preocupados
¿Cuáles son?
En la épóca en que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no había iniciado proyectos, algunas personas consideraron que los recursos podrían usarse para cancelar la deuda del gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La misma Contraloría llegó a decir que el 98% de los recursos no estaban caminando y no era exactamente así, pues los recursos están virtualmente comprometidos en un plan a tres o cuatro años. Cuando hay recursos la gente se vuelve muy creativa.
Los procesos de contratación y de implementación de los proyectos son enredados y lentos.
Sí. Quisiéramos que fuera mucho más rápido. Acaba de abrirse uno, el de Espacios Públicos Conectados.
Que se había anunciado el año anterior.
Se había anunciado hace mucho tiempo. La Sutel quiso ser, en este caso, tan agresiva, tan futurista, que le metió demasiadas cosas y se volvió demasiado complicado. Para entrarle a ese proyecto los operadores tenían que meterse hasta en cosas de mecánica.
En el proyecto de Hogares Conectados había que poner la computadora y darle mantenimiento. Eso no es una tarea de las operadoras.
Las cosas van caminando. Uno es exigente, pero recordemos que Sutel tiene apenas ocho años y que empezaron de cero.
En radiofrecuencias también algunos sectores han hablado de introducir leyes y la industria no se ha sentido cómoda.
Efectivamente. El proyecto que promovió Ottón Solís, muy ideologizado y que no se ha vuelto a mover, tiene algunos inconvenientes, como crear un fondo equivalente a Fonatel y ponerlo en manos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
El Sinart no es una institución técnica para manejar eso y le darían la potestad de distribuir y otorgar las frecuencias de radiodifusión.
Se ha hablado de la necesidad de modernizar la ley de Radio de 1954, por el monto de los cánones y las concesiones, pero algunos plantean no tocar este tema para que no se abra otra caja de Pandora.
Todo el mundo acepta que los cánones y las sanciones son demasiados bajas. Se puede ir caminando hasta que lleguemos a la radio digital, que –al igual que la televisión digital– va a venir. De eso no nos escapamos.
Hay consenso en el tema de cánones, pero hay temor en el sector empresarial de la seguridad jurídica, por –lo que alegan– sus derechos adquiridos.
Ese es el punto que siempre preocupa. Y en el que presentó Ottón Solís hay gente diciendo que las frecuencias vencen el año entrante y que urge sacar la ley. Vencen en el 2024. Hay que ir caminando, pero no diciendo lo que no es.
¿No es el momento apropiado para irlo haciendo, al paso que se mueve este país?
Estoy de acuerdo. Hay que ir moviendo las cosas, pero lo que no puede ser es que por una falsa premisa.
En Internet, con el consumo de los usuarios del streaming, los operadores resaltan lo que les cuesta aumentar el ancho de banda y la necesidad de optimizar sus redes versus la neutralidad de la red. ¿Necesitamos modernizar la ley de telecomunicaciones de Costa Rica en este tema?
Más que modernizar la ley, tenemos que tomar acciones para obtener y mejorar el espectro. El atraso en la televisión digital significa que todavía no se va a concesionar la banda de 700 MHz. Sobre todo que ya viene la 5G.
El atraso nos perjudica. La Contraloría también emitió una resolución de que hay que reordenar el espectro, especialmente con respecto a las frecuencias inactivas. Ya eso se lo planteamos a las nuevas autoridades. Hay que tener un espectro más depurado.
Con 5G tenemos el problema del canon desproporcionado que estableció el Ministerio de Hacienda que pueden cobrar las municipalidades. Para las redes 5G hay que duplicar o triplicar las instalaciones, porque es una banda con menor penetración.
Estas normas frenan al desarrollo. Solicitamos a doña Rocío Aguilar (la ministra de Hacienda) la cita y vamos a explicarle lo del monto.
¿Hay anuencia a la neutralidad de la red?
Siento que así es. Creo que el país merece neutralidad. Lo digo a nivel personal, pues no es una posición que hayamos consensuado acá en la Cámara. Los grandes jugadores quieren tener ciertas preferencias. Es natural. Pero no es lo justo para la comunidad.
En este momento nadie está limitando al consumo. Lo que sí limita el consumo es la falta de ancho de banda.
¿Hay alguna otra situación que el país debería ir resolviendo para 5G, aparte de la directriz de Hacienda y de las frecuencias que se necesitarán?
De dos años para acá la industria, los rectores y la regulación estamos caminando bastante de la mano. Se acabaron los problemas de que no se hablaban unos con otros.
Estamos muy ilusionados porque el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar, está muy receptivo y apoyando al viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada.
Infocom había planteado la necesidad de reconsiderar la ubicación de Sutel en Aresep y de la Rectoría en el Micitt.
Quisiéramos que exista un ministerio de telecomunicaciones. La industria tiene suficiente peso en el país para que tengamos un ministerio. Y la Sutel no debería ser un órgano desconcentrado de la Aresep.
En ambos casos hay que ser realistas y entender la situación fiscal del país, aunque no se iría a crear más burocracia, pues los funcionarios ya están nombrados, y más bien Sutel tiene recursos propios y le paga a Aresep por los servicios comunes.
El problema es que Aresep y Sutel han tenido algunos conflicto entre ellos que han retrasado algunas y entran en un ping pong.
Exactamente. En el caso de la Rectoría la situación ha cambiado. Ahora el viceministerio y el ministerio están en el mismo edificio en Zapote y eso facilita la coordinación.
¿Qué necesitan, desde lo político y lo legal, estas instituciones para tener un rol más determinante?
Edwin Estrada ha realizado un esfuerzo extraordinario. Pero no es lo mismo para el ministro de Transportes que llegue a hablar con él otro ministro y que el Presidente intervenga. Ahora eso puede mejorar un poco.
En Sutel no se da la misma situación. Más bien, parece que Aresep –como si no le faltaran broncas– quisiera tener una bronca más.
¿Qué necesitamos para poder agilizar en ordenamiento de espectro o en infraestructura?
Lo del reordenamiento del espectro es de la Rectoría. Hay que hacerlo y debe meterse de cabeza.
En infraestructura hay cambios. Cada vez más municipalidades entienden e Incofer ha estado en una actitud más abierta.
En el MOPT tenemos esperanza en que se comprenda la necesidad de tomar en cuenta las necesidades de telecomunicaciones en el diseño de las obras y en la comunicación con todos los operadores.
Ya al final del gobierno pasado se empezó a entender y a coordinar más. Al mismo gobierno a veces se le olvida que hay más empresas, que las telecomunicaciones no es sólo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
¿Cuáles retos tiene el país de cara a la próxima década, que ya está encima y en la cual se esperan grandes cambios tecnológicos a todo nivel?
Lo que tenemos que estar atentos a las nuevas olas. Se debe entender que las telecomunicaciones son totalmente transversales a todos los sectores.
Las telecomunicaciones no son sólo un sector. Van por debajo de todo, para implementar el teletrabajo, para el comercio, para las fábricas. Todo depende de las telecomunicaciones.