Mientras la industria suplica que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) pase de una regulación de control previo a una donde sea un árbitro que dinamice el mercado, el organismo dice que no dará ese paso hasta contar con estudios que aseguren la competencia efectiva en el mercado. Un veredicto que esperan tener a finales del año.
“Estamos realizando los análisis para determinar si existe un mercado en competencia que permita al regulador pasar a un modelo distinto. Tomar una decisión sin el criterio técnico sería irresponsable y contrario a la ley”, dijo Gilbert Camacho, presidente del consejo directivo de la Sutel.
Para los operadores, especialistas y representantes del sector el cambio de enfoque se impone porque en la actualidad la Sutel queda debiendo a la hora de explicar a los consumidores sus decisiones. Un ejemplo es la propuesta de introducir las tarifas por descargas de datos en telefonía móvil de pospago.
El golpe de timón es urgente porque se han postergado deberes y se han tomado decisiones que enfrentan críticas, apelaciones ante la misma Sutel y luego en tribunales, medidas cautelares y hasta recursos ante la Sala IV.
Además de la lentitud en los procesos, buena parte de la situación se le achaca a que muchos de los funcionarios contratados desde el 2013 –después de un inicio con escasez de recursos– pasan por una curva de aprendizaje y a que se actúa como si solo existiera una compañía en el mercado.
“Saben que no estamos en monopolio. No es lo mismo regular que controlar el mercado”, dijo Fabio Masís, director ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
La inquietud también se extiende a procesos que son de corresponsabilidad con el Viceministerio de Telecomunicaciones, el rector del sector, como el del reordenamiento del espectro, las frecuencias para microondas y los 70 MHz pendientes de licitar en telefonía móvil (cuyo proceso terminaría a finales del 2016).
Cumplir la ley
Para todos los actores, se trata de cumplir la ley, pero las perspectivas de lo que eso significa son diferentes.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acusa a la Sutel de favorecer a sus dos competidores, Claro y Movistar, y pasó a confrontar al regulador públicamente desde que se le sancionó con más de ¢2.157 millones por el caso de Chip Extremo.
El ICE incluso cuestionó su potestad en varias resoluciones, como si puede o no establecer los requerimientos para brindar servicios de valor agregado.
Claro y Movistar reiteran que la legislación da posibilidades para tener un ente regulador robusto e independiente.
Insisten en que el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y las leyes aprobadas en el 2008 indican con claridad las potestades que tiene la Sutel para tomar decisiones sobre la competencia en los mercados, la liberación de tarifas, y la actualización de reglamentos y de las ofertas de interconexión (cuyos costos impactan las tarifas).
Si bien se considera que la Superintendencia tiene una noción, no termina de entender cómo funciona el mercado.
También le faltaría flexibilidad, eliminar rigideces y ser consciente de cuánto urge avanzar hacia un esquema de supervisión con un regulador moderno.
“Es obsoleto regular como se está haciendo ahora”, recalcó José Pablo Rivera, gerente de regulación de Movistar.
Muchas de estas actuaciones serían, según los críticos de Sutel, consecuencia de una mentalidad que se mantiene de los tiempos en que había un monopolio y heredada de la forma de funcionar de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Recalcan que hay reglamentos y resoluciones que –si bien se ponen en consulta pública– se resuelven sin valorar realmente las posiciones de los operadores e incorporan medidas inaplicables y “extravagantes”.
Eso limitaría al mercado. Víctor García, gerente de regulación de Claro, afirmó que el estancamiento observado en las últimas estadísticas de telecomunicaciones (para el 2014) refleja que el enfoque actual resta dinamismo, pese a que el mercado puede crecer –como en el caso de Panamá– a una penetración superior al 200% basándose en la innovación de la oferta de servicios.
“Se puede estimular el consumo, la demanda y el volumen de uso si se establece la posibilidad de la innovación”, insistió García. “No podemos quedarnos estancados en este punto. Este es un mercado que ha evolucionado mucho y al que ahora hay que inyectarle más dinámica”.
La oportunidad y la efectividad de la toma de decisiones, sin embargo, no solo impacta a los operadores. “Al final se afecta a los usuarios y al mercado”, dijo Juan Manuel Campos, especialista legal de Ciber Regulación.
Puertas abiertas
La Sutel, por su parte, sostiene que es un ente técnico que debe fundamentar sus decisiones en ese marco, lo que le ha permitido –desde la apertura del mercado– “dinamizar y hacer accesible los servicios a la población”.
Gilbert Camacho, presidente de Sutel, recalcó que el marco jurídico garantiza los recursos y procesos para atender las inquietudes o diferencias y que se mantiene una política de puertas abiertas, donde se atiende a los operadores cuando lo soliciten.
Insistió que todas las decisiones pasan por un proceso donde los operadores y proveedores tienen la posibilidad de exponer sus criterios y estos son analizados de acuerdo con la ley.
“La Sutel trabaja permanente con los operadores, proveedores, usuarios y otros, con el fin de promover la competencia en el mercado, todo para beneficio de los usuarios. Para esto se realizan reuniones, foros y consultas con dichos actores”, dijo Camacho.
Pese a los cuestionamientos, el regulador se aferra a la necesidad de los estudios para determinar el grado de competencia en cada uno de los sectores del mercado.
Con esos estudios se podría obtener y valorar información técnica (niveles de penetración, condiciones comerciales, servicios sustitutos) para declarar la competencia efectiva en los diversos mercados de servicios.
Solo así, se pasaría a un nuevo modelo de regulación.
Algunos de los asuntos pendientes de la Sutel y su situación actual:
| Asunto |
|---|
• Uso compartido de infraestructura para el soporte de redes internas de telecomunicaciones.
• Uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones.
Se trabaja en los siguientes reglamentos:
• Protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones.
• Prestación y calidad de los servicios.
• Acceso universal y servicio universal.
Se revisó y aprobó Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas.