El primer debate de enero tuvo lugar en dos partes el domingo y lunes en la noche y fue organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Debido a la participación de los 13 candidatos presidenciales, el formato no se prestaba para intervenciones de más de un minuto y poca interacción entre los contendientes. Pero más allá de las formas, estas son las impresiones que me dejó el certamen en los temas claves del déficit fiscal y pensiones:
Déficit fiscal:
1. El único candidato que dijo sin complejos que desea aumentar impuestos es Carlos Alvarado del PAC. El oficialista afirmó tajantemente que “si queremos ser desarrollados, necesitamos impuestos de país desarrollado”. Ya que la carga tributaria de Costa Rica es del 22% del PIB y el promedio de los países mayormente desarrollados de la OCDE es de 34%, podemos tener una idea del aumento de impuestos que tiene por norte el PAC. Obviamente, creer que el desarrollo de un país depende de darle más plata al gobierno es un absurdo, más cuando en el caso de Costa Rica está documentado que entre más plata hemos gastado en educación, salud y justicia, la calidad de esos servicios más bien ha caído. Costa Rica se encuentra en la posición 101 entre 136 países en cuanto a la eficiencia del gasto gubernamental, según el Índice de Competitividad Global. Carlos Alvarado sueña con impuestos suecos, pero nuestros servicios son cada vez más del Tercer Mundo. Finalmente, llama la atención que no mencionó mayor cosa sobre medidas relacionadas al gasto, algo muy acorde al énfasis del actual gobierno de buscar más impuestos sin tocar el gasto.
2. Antonio Álvarez Desanti del PLN habló de “subir ingresos” en un contexto de lucha contra el fraude fiscal. No dijo nada explícito sobre aumentar impuestos. Pero su plan de gobierno sí es explícito en cuanto a la introducción de un impuesto al valor agregado (IVA), aunque no menciona una tasa específica. Muchos servicios que ahora no pagan impuesto de ventas entrarían a pagar el IVA, cuya tasa probablemente sería del 13%. Dada la obsesión del gobierno de Laura Chinchilla por aumentar impuestos y el hecho de que muchas figuras de esa administración ahora están en el equipo económico de Álvarez Desanti, ¿por qué el candidato liberacionista no es honesto y dice abiertamente que buscará un paquete tributario?
3. Hubo un gran énfasis en el combate a la evasión (ADC, PASE, FA, PLN, PT, PIN), pero la retórica se enfocó en “grandes evasores”. Edgardo Araya del FA dijo que “hay que gravar la enorme riqueza del país que no paga los impuestos que tiene que pagar”. Lo cierto es que en Costa Rica el pago de impuestos está altamente concentrado: el 70% de los tributos lo pagan únicamente 422 grandes contribuyentes. El grueso de la evasión ocurre a nivel de los profesionales liberales: según un estudio de la Contraloría, en el período 2011-2015, un 56% de las declaraciones de este tipo no pagaron impuesto alguno.
4. La mayoría de los candidatos mencionaron la reactivación económica como medida para combatir el déficit fiscal. Esto es positivo. Una economía en crecimiento es una economía que genera más recursos para el fisco y eso ayudaría a estabilizar las finanzas estatales. El diablo, por supuesto, está en el detalle de cómo hacer que la economía crezca más rápido.
5. Juan Diego Castro enfatizó la lucha contra el crimen, la corrupción y la adopción de un “sistema tributario moderno”. Eso no dice absolutamente nada. Sin embargo, en varias entrevistas el candidato del PIN ha dicho que apoya la introducción de un IVA del 13% y aumentos en los impuestos de renta. En cuanto al gasto, solo menciona la necesidad de un mayor “control” y de un “gran diálogo nacional” en temas como los pluses salariales. En otras palabras, el énfasis de Castro será más impuestos.
6. Rodolfo Piza del PUSC y Rodolfo Hernández del PRSC mencionaron la necesidad de una muy necesaria regla fiscal. Hernández fue el más específico en el principio que debe regirla: no se debe permitir que el ritmo de crecimiento del gasto público sea mayor al ritmo de crecimiento de la economía. Efectivamente. Una regla fiscal debe estar ya sancionada en la Constitución antes de considerar si se necesitan o no nuevos impuestos.
7. Todo esto queda debiéndonos. El meollo del asunto está en que el problema del déficit no es uno de ingresos, sino de gastos. Varios candidatos hablaron de contener o “racionalizar” el gasto público. Pero se quedaron en “combatir el despilfarro en viajes”, “pensiones de lujo”, y otros rubros que, si bien son simbólicos y representan los excesos del sector público que hay que combatir, no suman lo suficiente para tener un impacto en la estabilización de las finanzas estatales. El país ya cruzó la línea de las medidas cosméticas. El economista Melvin Garita calcula que el Estado necesita recortes en el orden de los ¢670.000 millones tan solo para evitar que la deuda continúe creciendo. En este sentido, Otto Guevara fue el único que hizo énfasis en recortar el gasto, no simplemente en contenerlo.
Insostenibilidad de las pensiones:
1. El tema solo fue tratado en la primera parte del debate, por lo que solo escuchamos las propuestas de la mitad de los candidatos.
2. Los candidatos propusieron parches que no enfrentan el problema estructural que llevaría a la quiebra al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS para el fin de la próxima década. Desde un impuesto a las cervezas (Óscar López), un impuesto a las comidas grasosas (Edgardo Araya), hasta poner a cotizar a los extranjeros o incluso vender activos (Mario Redondo), lo planteado simplemente le arrimaría un poco más de plata a un sistema que irremediablemente se dirige a la bancarrota.
3. Juan Diego Castro indicó que se opone a la privatización del IVM y en su lugar propone “fortalecerlo”. ¡Ah bueno!
4. Llama la atención que Álvarez Desanti y Araya plantearon mejorar el rendimiento de los fondos de pensiones mediante la inversión en infraestructura. Se trata de una propuesta sensata bajo ciertos parámetros. Para ser viable, necesariamente se requiere que las obras de infraestructura generen retornos, lo cual implica que sean comercialmente viables, es decir, que cobren tasas o peajes que reflejen valores de mercado. Esto es algo que solo el sector privado hace –y es algo a lo que irónicamente el FA se opone–. Además, lo sensato es permitir que las operadoras de pensiones puedan invertir más de sus fondos en obras de infraestructura, siguiendo estrictos criterios de mercado. Por lo tanto, esta propuesta solo tendría sentido para los fondos de pensiones complementarios. Pero el problema que tenemos es la inminente quiebra del IVM de la CCSS. Dado el magro récord que tiene la CCSS en la toma de decisiones de inversiones del IVM, y el pésimo récord que tienen los políticos construyendo infraestructura, suena hasta peligroso permitirles escoger proyectos donde deba invertirse la plata de las pensiones.
5. En las 88 páginas del programa de gobierno de Álvarez Desanti, hay una sola oración sobre la inminente crisis del IVM y lo que propone es simplemente “explorar establecer en este régimen (…) un esquema de cuentas nacionales (sic), donde se vincule el derecho de pensión con la masa de contribuciones realizadas”. Llama la atención que el equipo económico de lujo del PLN ni siquiera pudo poner bien el término correcto para referirse a las cuentas nocionales.
6. Sobre cómo enfrentar el inminente colapso de las pensiones de la CCSS, hace unos años escribí esta propuesta.
Mañana continúo con otros temas que se trataron como lucha contra la pobreza, inseguridad ciudadana e infraestructura.
