Por:  1 abril, 2015

El presidente Luis Guillermo Solís es un firme devoto del nacionalismo económico. Uno de sus preceptos de política pública es la "soberanía alimentaria", ese fetiche ideológico que sostiene que Costa Rica tiene que producir lo que come, no importa qué tan caro sea. Por eso llama la atención que ahora su gobierno pretenda mandar a la cárcel a aquellos costarricenses que quieren comprar productos costarricenses... en Panamá.

En los últimos meses han circulado noticias que documentan algo que ya sabíamos. No solo Costa Rica es un país caro y muchos productos extranjeros en las mismas presentaciones se pueden encontrar mucho más baratos en supermercados mexicanos o centroamericanos, sino que incluso productos hechos en Costa Rica son más baratos en el extranjero. ¿Cómo explicar este último fenómeno? Si la justificación es que Costa Rica es un país caro para producir (por creciente costo de la electricidad, altos impuestos, maraña burocrática, cargas sociales, etc.), ¿cómo puede ser que un producto hecho en territorio nacional, enfrentando todos estos mismos costos, se pueda encontrar más barato en países vecinos?

La razón es muy sencilla: ciertas empresas de comestibles de Costa Rica, en particular gigantes como Dos Pinos y Pipasa, se encuentran protegidas por altas barreras arancelarias que las blindan de la competencia extranjera. El impuesto a la importación de leche, por ejemplo, es del 65%. Para algunas partes de pollo el arancel llega incluso al 150%. Al no tener que enfrentar competencia, estas empresas pueden subir los precios de sus productos en Costa Rica para exprimir un poco más al consumidor nacional. Esto les garantiza márgenes de ganancia que luego les permite exportar a otros países de la región con precios competitivos. Por eso es que nos encontramos productos Dos Pinos más baratos en Panamá o en Honduras.

Al consumidor costarricense no le queda otra que apechugar el mayor costo de vida que implica este proteccionismo comercial. Para las clases acomodadas, como los catedráticos universitarios que defienden los conceptos de "soberanía alimentaria", este costo extra no es muy perceptible. Pero para los consumidores de bajos ingresos, el huevazo es significativo. Un estudio calculó que este proteccionismo agrícola representa una carga del 17,5% sobre el ingreso del 20% más pobre de la población.

Sin embargo, hay costarricenses que no están cautivos de los oligopolios nacionales: los habitantes de la Zona Sur, quienes nada más pueden cruzar caminando la frontera y comprar productos ticos más baratos en Panamá. La diferencia es significativa. Según un vecino de Paso Canoas, comprar un diario le sale ¢50.000 más barato. ¿Cuál es la respuesta de la administración Solís ante esto? La cárcel. El gobierno quiere castigar con prisión a aquellas personas que osen cruzar a Panamá a comprar productos más baratos.

En lugar de eliminar barreras arancelarias que encarecen artificialmente el costo de vida en nuestro país, perjudicando desproporcionadamente a los más pobres, el gobierno prefiere enviar a un sistema carcelario sobrepoblado a cientos de costarricenses que buscan comprar mercancías a un menor precio en Panamá. Un punto más para la "economía social solidaria" que pregona Luis Guillermo Solís.

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