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El arroz es el producto de consumo popular por excelencia. Como es de imaginarse, entre más pobre es una familia, más importante resulta dicho grano en su dieta. Según un estudio del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE)*, los pobres consumen más arroz y, por ende, dedican un porcentaje más importante de sus recursos mensuales a comprar el grano. Mientras que el quintil más pobre de la población gasta el 5% de sus ingresos a comprar arroz, el quintil más rico destina únicamente 0,3% para dicho fin. Más aún, el 48% del consumo nacional de arroz lo realizan los hogares pobres o en riesgo de caer en la pobreza (Quintiles I y II).
De tal forma, cualquier política arrocera que encarezca artificialmente el precio del grano afecta desproporcionadamente al sector más vulnerable de la población. Y eso es precisamente lo que tenemos en Costa Rica, donde el mercado del arroz es altamente intervenido por el Estado. Por ejemplo, actualmente el grano cuenta con un impuesto a la importación del 36%. Además, se establece un canon de $20 por tonelada métrica importada que sube el costo del grano traído al país. No solo eso, también existen varias restricciones no arancelarias que aumentan el costo de importar arroz, como que las importaciones se vean sometidas a regulaciones fitosanitarias más estrictas que las de la Unión Europea y Estados Unidos, o que haya límites a la cantidad de arroz que se puede traer al país libre de granza. Finalmente, este es el único producto cuyo precio es fijado por el Estado.
Para el período 2011-2012 (últimos datos disponibles), el economista Ricardo Monge calculó en aproximadamente $190,4 millones el costo anual que para el consumidor costarricense representa la diferencia entre consumir arroz producido en Costa Rica y el importado. Nuevamente, ya que las familias de bajos recursos son las que consumen más este producto, son ellas las que contribuyen más a este subsidio que se da de consumidores a productores y agroindustriales. Pero la historia no acaba ahí. Por lo general, quienes suspiran por el concepto de "soberanía alimentaria" señalan que esta transferencia es necesaria para proteger a pequeños agricultores nacionales. De otra forma, según ellos, serían los grandes importadores del grano los que se embolsarían esta diferencia.
Lo que la gente que argumenta esto no sabe, o prefiere no saber, es que la producción nacional de arroz cubre únicamente un 59% del consumo. Es decir, un porcentaje importante del arroz que comemos ya es importado. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Con la creación de la Corporación Nacional Arrocera en el 2002, se estableció que un pequeño grupo de agroindustriales afiliados a ese cartel puede importar arroz sin necesidad de pagar arancel (siempre y cuando hayan comprado cosecha doméstica). De tal forma, durante gran parte del año estos industriales pueden comprar arroz extranjero a un precio bajo, importarlo libre de impuestos, y venderlo en el mercado interno al mismo precio alto al que se vende el arroz nacional.
De tal forma, ese subsidio de $190,4 millones de los consumidores no va a primordialmente a los productores, sino a los grandes industriales que procesan la cosecha nacional y que al mismo tiempo son importadores. ¿Cuáles son los montos? Los cálculos de Ricardo Monge señalan que los industriales se quedan con $130,8 millones, mientras que los productores con $59,6 millones. Pero las cosas no quedan ahí. El subsidio se divide entre los industriales de acuerdo al contingente de importación asignado. De tal manera, entre más grande sea, más plata se lleva. Es así como 6 empresas se quedan con el 90,1% del subsidio que le corresponde a los industriales, o sea, $117,8 millones . Tan solo una empresa, Compañía Arrocera Industrial S.A., se embolsa anualmente $35,5 millones. (Ver tabla):
Es decir, de los $190,4 millones que pagan de más los consumidores costarricenses por el arroz, el 98,84% termina en los bolsillos de grandes y medianos industriales y productores , mientras que únicamente 1,16% se reparte entre los 379 pequeños agricultores nacionales (quienes son los que sirven de carne de cañón publicitario de los proteccionistas). Los números hablan por sí solos. Tenemos una política arrocera que castiga desproporcionadamente a los consumidores más pobres con tal de beneficiar desproporcionadamente a grandes empresarios.
Y una prueba más de que la política arrocera en Costa Rica está hecha a la medida de los poderosos, especialmente los industriales, radica en la manera en que el Estado controla los precios del arroz a lo largo de la cadena productiva. El Estado establece un precio máximo y mínimo en las diversas etapas de comercialización del grano: de industrial a mayorista, de mayorista a detallista, y de detallista a consumidor. En la única etapa en la que establece un precio máximo pero no uno mínimo es en la de productor a industrial. Es decir, el agricultor tiene un tope de lo que le puede cobrar al industrial por el arroz, pero el industrial puede pagarle el precio que le de la gana al productor. Dado que en el país hay pocos industriales procesadores de arroz, este control de precios se presta para la colusión en un oligopolio, y por lo tanto, para que los industriales estén bien posicionados para chulearse a los agricultores, especialmente a los más pequeños. Los márgenes de ganancia establecidos por el Estado vía control de precios hablan por sí solos: mientras que de agroindustrial a mayorista es de entre 74,5% a 150%, de mayorista a detallista es 5%, y de detallista a consumidor es 7%.
¿Por qué los agroindustriales quieren duplicar el arancel del 36% al 72%? Porque desde el 2008 la diferencia entre el precio al consumidor costarricense (fijado por el Estado) y el precio internacional pilado (es decir, ya procesado) ha venido ensanchándose de manera importante, de tal forma que diversos importadores pueden ahora traer arroz pilado al país pagando el arancel y aún así tener una ganancia. Los agroindustriales afiliados a Conarroz —que recordemos que no pagan dicho arancel para importar el grano— quieren eliminar esta incipiente competencia. Según cifras del economista Carlos Umaña Alvarado, aumentar el arancel del arroz implicaría una transferencia adicional de los consumidores a los industriales de $60,6 millones anuales. En cuanto a la gente que vive en pobreza extrema , Umaña calcula que el incremento del arancel significaría una pérdida equivalente a casi dos semanas de ingreso .
Es así como está el arroz con el arroz. Si la administración Solís Rivera aprueba duplicar el arancel a un 72%, lo que estará haciendo es agravando una inmoral transferencia de recursos de consumidores pobres a un puñado de grandes industriales y productores. ¿Dónde quedaría entonces la solidaridad social que tanto pregona este gobierno?
* Nelson Arroyo, Rudolf Lücke, y Luis Rivera, “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización”, Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), 24 de abril, 2013.
