Muchas veces, por tratar de implementar políticas mejor enfocadas tendemos a dividir el problema en pequeñas partes. Esto que suena bastante razonable, a veces termina siendo un problema cuando la separación es tan grande que incluso pensamos que un componente le corresponde a un ámbito mientras que los otros le corresponden a otro. Algo muy parecido ocurre con las políticas de desarrollo emprendedor, las políticas orientadas a la informalidad y las de pymes. Si ustedes observan, existe un ente responsable del desarrollo emprendedor, otro de la informalidad y uno más para las pymes, o peor aun, más de uno atiende esos temas. La pregunta es, ¿para qué tantos si todos son parte de lo mismo?
Ya hemos señalado en otras ocasiones (y además, la evidencia es contundente), que la mayor parte de nuevos emprendimientos en América Latina surgen por necesidad (y no por oportunidad). Es decir, es la necesidad de generar ingresos lo que lleva a la mayor parte de los emprendedores a idear un negocio. Y entonces, ¿cómo surge ese negocio? Muy probablemente en la (casi) total informalidad, tratando de identificar el trámite que le permita mínimamente operar, que por lo general –aunque no siempre- es el municipal (lo que en muchos países se denomina permiso de operación). Una vez establecido el negocio y en operación, a buscar clientes, proveedores y distribuidores para el producto, es decir, hacerlo crecer. En ese momento lo que tiene es una micro, quizás pequeña empresa. Este proceso evolutivo es lo que he denominado, el proceso de desarrollo empresarial; ¿que tan largo o corto es ese proceso? Depende. De su conocimiento del mercado, del producto, los clientes, sus conexiones (redes), capital, equipo de trabajo, etc. Pero finalmente, depende de la demanda. Si le va bien, empezará a crecer y ello obligará a visibilizar su negocio, o bien sus clientes empezarán a exigirle la formalización debido a los volúmenes de compra involucrados. Así, la formalidad no llega de inicio sino como resultado de un proceso.
Bajo esas premisas las políticas públicas enfrentan retos mayúsculos. De un lado, cambiar el paradigma de que la informalidad es mala, por el de que es parte del desarrollo de la empresa. Solo es mala si es permanente, por lo que el objetivo de las políticas públicas debe ser más bien hacer que su temporalidad sea la menor posible. Del otro lado, integrar las políticas de fomento con las asociadas a disminuir (eliminar) la economía informal mediante un conjunto de acciones coordinadas, que promuevan a actividad emprendedora y que al mismo tiempo faciliten la creación de empresas. Al mismo tiempo, acelerando el proceso de formalización por medio de la generación de incentivos (fiscales, laborales) temporales, a la vez de promover la capacitación empresarial en temas técnicos y en competencias.
Finalmente las empresas más preparadas y sólidas darán sus propios saltos hacia el desarrollo, mientras que habrá otro grupo que se quedará en una situación de estancamiento y eventualmente podrían incluso cerrar. Esto no debe asustarnos ni preocuparnos, es parte del desempeño económico que unas empresas crezcan y otras no. La labor el Estado es crear todas las condiciones del entorno para que el resultado final de cada empresa sea consecuencia de sus acciones y no de un entorno que obstaculiza su desarrollo. Si bien las empresas pueden cerra o irse a otros países, el entorno es quien juega en esos casos un papel crucial.
