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La reforma para la Ley del Sistema de Banca para Desarrollo (SBD) salió de la comisión especial que la estudió, pero no de su laberinto.
El dictamen no muestra todavía el vigor para desafiar el Plenario legislativo y convertirse en ley. Incluso sus defensores, como la ministra de Economía, Mayi Antillón, admiten que se requiere reparar al menos tres pilares fundamentales.
Algunos de esos aspectos también preocupan a las autoridades financieras: jerarcas de la regulación lo han externado ante los diputados, lo que suma presión a la labor legislativa. Así, la propuesta para remendar la ley, que vio la luz recién en el 2008, todavía no convence a políticos ni técnicos.
Los cambios
Entre esas medidas que aún no aportan tranquilidad está la de incluir como beneficiarias y, a la vez, como operadoras del SBD, a las microfinancieras.
Gustavo Arias, diputado que representó al Partido Acción Ciudadana (PAC) en la comisión especial, cree que la decisión es necesaria por el beneficio social que inyectan esos operadores.
El diputado también resaltó los beneficios que aportarán las medidas que se incluyeron para fortalecer al Consejo Rector del SBD y para mejorar la administración del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), entre estas, la inclusión en el consejo de un profesional en ciencias económicas.
Arias resaltó que la iniciativa permitirá que los recursos del SBD se ejecuten mejor, en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Empero, uno de los cambios para operativizar el uso de los recursos que vienen del peaje a la banca privada debe ser reevaluado, según el legislador del PAC.
Optimismo
No obstante, el oficialismo es optimista pese a ese ambiente en el que aún ronda la confusión.
Al menos es lo que comunican el jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Edgardo Araya, y Antillón, presidenta del Consejo Rector del SBD.
Ambos, empero, aceptan que el dictamen del proyecto no implica la sanación de un sistema que aún no despega.
Visto desde el escenario político, Araya reconoce que las dudas del Poder Ejecutivo aún deben ser negociadas con los jefes de las demás fracciones, muchas de ellas preocupadas por lograr mayores facilidades crediticias para los posibles beneficiarios del SBD.
Tras el receso de medio año del Congreso, que se inició el jueves pasado, los diputados del PLN propondrán los cambios a sus pares opositores, siendo el más complejo de estos el sistema regulatorio por aplicar al SBD.
Antillón espera lograr los consensos necesarios para que el proyecto correctivo sea convocado durante las sesiones extraordinarias de agosto.
Asimismo, mantiene sus expectativas de que la iniciativa se vote y entre en vigencia durante lo que resta del 2013.
Bases débiles
Peaje: El Poder Ejecutivo y la fracción del PLN impulsan una moción para que sean $100 millones y no $200 millones los que se usen del peaje bancario para nutrir al SBD.
Fondos para Finade: Los diputados decidieron que el Finade se nutrirá de recursos permanentes que provendrán de un impuesto sobre los “bancos de maletín”. No obstante, el Ministerio de Hacienda considera que los recursos que genere ese tributo podrían ser excesivos, por lo que pide una moción para aclarar la redacción de ese punto.
Regulación: Supervisión diferenciada para el SBD no satisface a las autoridades financieras y obliga a intentar nuevos cambios vía mociones de reiteración que rechazó la comisión.
Fuente Mayi Antillón, MEIC.
