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El Gobierno tiene cinco caminos para apagar el incendio en que se transformó el proyecto de la concesión para ampliar la vía San José-San Ramón.
Aunque se tenía previsto arrancar con los trabajos en setiembre próximo, en cuestión de días el Ejecutivo se metió en una encrucijada de la que tiene que salir de alguna manera.
Esa salida más que política tendría que ser judicial, tomando en cuenta que el contrato con la concesionaria OAS ya contaba con el refrendo de la Contraloría General de la República.
Seguir con la concesión tal como está, es inviable por la magnitud de las críticas y reclamos.
Así, según entrevistas realizadas por EF a expertos en concesiones, esas cinco salidas al conflicto son rescindir el contrato, hacer una modificación contractual, optar por una resolución por incumplimiento, rescatar la concesión y asumirla por su cuenta o señalarle nulidades al contrato.
En estas rutas la negociación es casi obligada. La decisión del Ejecutivo puede ser unilateral, pero conllevaría a un polémico y extenso proceso en los tribunales con la firma OAS.
Del abanico de opciones, dos toman más fuerza. Una es impulsada por los grupos opositores al proyecto y la otra parece ser la intención del Gobierno.
Rescindir o modificar
La decisión más radical es rescindir el contrato, aduciendo razones de interés público. Este camino puede ser acordado entre las dos partes, pero en caso de que no, implicará que el Estado tenga que indemnizar a OAS por un monto aún por determinar.
Para definir el monto se puede hacer en común acuerdo, o si no, se tendrá que definir en los estrados judiciales.
El regidor de San Ramón y miembro del foro de Occidente opuesto a esta concesión, Alexánder Rodríguez, insistió en que lo que pretenden es que se escoja esta salida y se anule el contrato.
“Lo que queremos es tener una mejor carretera, pero con otra empresa porque OAS nos causa una enorme desconfianza”, dijo.
Según el exministro de Obras Públicas Rándall Quirós, cualquier salida que afecte a la empresa concesionaria es arriesgar el prestigio internacional. “Es un gran riesgo si el Gobierno quiere seguir atrayendo la inversión extranjera. Estos casos deben manejarse con mucho cuidado”.
El otro camino viable es que tanto el Gobierno como OAS modifiquen el contrato actual mediante una adenda.
Con ello pueden cambiar los diseños de la obra, bajar el costo total y disminuir el valor de los peajes, uno de los aspectos más cuestionados por los oponentes.
La presidenta Laura Chinchilla ha manifestado en los últimos días su anuencia a apaciguar los ánimos modificando el contrato, pero defiende la obra.
El Gobierno le solicitó a Lanamme, al colegio de Ingenieros y Arquitectos y al Instituto Tecnológico un análisis del costo de la obra para ver si es razonable.
“Queremos ver si se puede mejorar la obra, y poder satisfacer a la gente que se está quejando del proyecto”, dijo el viceministro de Concesiones, Edwin Rodríguez, quien añadió que harán todo lo posible por ponerse de acuerdo con la firma OAS.
Empero, la ruta es sinuosa. Hay presión en todos los trayectos, y el tiempo apremia.
Una de todas
Este es el abanico de opciones que tiene el Ejecutivo en la vía a San Ramón:
1. Rescindir el contrato: Aduciendo razones de interés público el Estado termina el contrato. Siempre implica indemnización a la concesionaria, por lo que es más fácil cuando el acuerdo es mutuo; si no, el Estado lo hace unilateralmente, pero tienen que discutirlo en la vía judicial por daños y perjuicios a la firma.
2. Modificación contractual: Hacerle adenda al contrato para cambiar algunos mecanismos. Puede ser de diseño, obras o en la parte financiera. Dependiendo del alcance de las modificaciones, la Contraloría tiene que verlo de nuevo.
3. Resolución por incumplimiento: Se discute quién incumplió parte del contrato, pero es difícil probarlo cuando se ha pactado un plazo para las condiciones precedentes. Si el Estado decide esta posibilidad, va a la vía judicial y probablemente debe indemnizar a empresa.
4. Rescate de la concesión: El Estado recupera la obra y asume la operación. Se entra a discutir con le empresa concesionaria el tema de indemnización.
5. Nulidades del contrato: Se acude a esta vía, sobre todo cuando el contrato no ha sido refrendado por la Contraloría, pues si hay un pacto entre las partes y es refrendado es porque no hay nulidades.
Fuente Entrevistas.
