El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, prometió en campaña cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Una vez instalado en Zapote, habló de transformar la DIS y del cierre técnico del Conavi para convertirlo en otra institución.
Hoy el mandatario asegura que las promesas de campaña quedaron saldadas con el envío a la Asamblea Legislativa de proyectos de ley. Todo queda en manos de los diputados.
El 30 de setiembre del 2014, el Ejecutivo envió el proyecto de ley 19.346 que transforma la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).
El segundo proyecto llegó a Cuesta de Moras el 8 de marzo del 2016. Se trata del expediente 19.900 que propone el cierre técnico del Conavi para convertirlo en el Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INIV).
Aunque arribaron a Cuesta de Moras, los proyectos se han vistos relegados en una agenda legislativa dominada por el tema tributario y las penurias financieras del Gobierno Central.
¿Prioridades?
Antonio Álvarez, presidente del Directorio Legislativo, aseguró que ninguno de los dos expedientes ocupa un lugar importante en la agenda del plenario.
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“El de la transformación de la DIS fue prioridad en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en su momento, pero ahora en plenario no lo es”, agregó.
Esa comisión legislativa le dio el visto bueno y le permitió ingresar a la agenda del plenario el 25 de octubre anterior.
Ahora espera ser sometido a discusión para recibir las votaciones en primer y segundo debates.
Por su parte, el proyecto para transformar el Conavi todavía no ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso.
Álvarez señaló que el panorama de ambas iniciativas podría cambiar en las sesiones extraordinarias que se inician el 1.° de diciembre próximo.
A partir de esa fecha, el Gobierno tiene la potestad de definir la agenda que deben discutir los diputados hasta el 30 de abril.
Actualmente, los legisladores se encuentran enfocados en promover leyes que reduzcan en el gasto público, principalmente en rubros como pensiones y salarios de los trabajadores del Estado.
Cambios y propuestas
Para entender por qué estos proyectos no ocupan lugares importantes en el Congreso, es necesario conocer su contenido.
El proyecto más avanzado en la Asamblea Legislativa es la transformación de la DIS.
Este texto propone cambios estructurales con el objetivo de que el servicio de inteligencia deje de ser un cuerpo policial que puede ser utilizado con fines políticos y se convierta en la primera línea de defensa nacional de un país sin ejército.
Mariano Figueres, director de la DIS, comentó que el proyecto propone transformaciones importantes para modernizar los sistemas de inteligencia y respetar los derechos humanos de las personas.
También propone que las investigaciones realizadas por la DIEN queden en secreto durante un periodo de 20 años. Solo el Presidente de la República podrá conocer con detalle cada caso.
Un tema que generó polémica sobre este proyecto es el artículo 28, que, según la Defensoría de los Habitantes, permite la intervención de llamadas telefónicas por parte de la DIEN.
En la actualidad esas operacines solo las puede realizar el Centro de Intervenciones Judiciales, con orden de un juez.
El artículo en discusión autoriza a la DIEN el monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta, que según Figueres se usa actualmente para escuchar frecuencias en el mar.
Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, aseveró que el proyecto violenta derechos humanos y que le da un carácter de “todopoderoso” a la DIEN.
Álvarez Desanti dijo que el proyecto, salvo por el tema de intervenciones telefónicas y presuntos choques con los derechos humanos, es un buen texto que permitiría modernizar la DIS.
Infraestructura
Mientras tanto, el plan para mutar el Conavi en el Instituto Nacional de Infraestructura Vial le otorga competencias técnicas a la nueva entidad para que desarrolle herramientas como fideicomisos, concesiones y alianzas público-privadas.
El texto también plantea eliminar la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) y convertir esa institución en Autoridad Nacional de Transporte Público (ANTP).
De esta forma se elimina la representación de los autobuseros y taxistas en el CTP, y la nueva entidad pasaría a ser una dirección del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El cierre del Conavi implica la transformación del régimen laboral en el que actualmente hay 350 empleados contratados por el Servicio Civil.
