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“No creo que haya que encender alarmas y hablar de un inminente colapso del Estado. Eso no contribuye al clima de tranquilidad necesario”, decía el presidente electo, Luis Guillermo Solís, 48 horas antes de recibir la banda presidencial, en mayo de 2014.
Las declaraciones de Solís surgían después de una reunión en Zapote con la –entonces– presidenta Laura Chinchilla, que había advertido al nuevo mandatario su angustia por el tema y le recomendaba consultar el documento de una hoja de ruta para la “Consolidación fiscal”, que su gobierno había trazado.
Este primero de agosto, casi tres años después, el Gobierno anunció que enfrenta una crisis de liquidez que debe cerrarse con recursos tributarios frescos.
El mensaje de Casa Presidencial durante el pasado 1 de agosto fue uniforme. El mandatario reconoció que no tiene todo el dinero para cubrir todos los gastos.
Universidades y escuelas reportaron atrasos en transferencias. Uno de estos casos son los fondos para comedores escolares y otros servicios con ¢4.985 millones pendientes.
La pólvora fiscal empezó a dar los primeros estallidos y a quemar las manos del Ejecutivo.
La alerta siempre había estado encendida en Casa Presidencial: incluso cuando los asesores económicos del Presidente (como el legislador Henry Mora) afirmaban que era posible disminuir la deuda en dos puntos porcentuales sin impuestos, en solo dos años. Lo estuvieron también cuando el Ejecutivo presentó un crecimiento de un 19% en el presupuesto entre el 2014 y el 2015, y en los años siguientes, en los que diputados de todas la fracciones obstaculizaron los proyectos de ley del Gobierno para la aprobación de más impuestos.
Hacía cuatro años, para abril de 2014, la anterior administración había publicado una lista de puntos urgentes que se debían considerar en una reforma fiscal, como la migración hacia un impuesto al valor agregado, la renta global o una ampliación de la base del impuesto a los servicios. También sugerían bajar las cargas sociales y sustituirlas con un incremento al impuesto de renta.
No fue particularmente distinta de la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentada esta semana, que alerta –otra vez– sobre una crisis fiscal inminente en el país.
“La crisis que va a llegar en algún momento: eso es muy claro y no hay ninguna duda”, repitió el economista Bert Brys. “El nivel de vida ha subido muchísimo pero el sistema de impuestos no ha cambiado con ello. Mientras tanto, el país sigue inmóvil”, dijo.
En menos de una década, el balance fiscal del país ha pasado de un superávit de 0,57% en el 2007 a un déficit de 5,20% en el 2016..
La misma organización estima que la deuda pasará a representar un 70,68% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2030, si no se aplican medidas urgentes. Hoy se estima en casi un 46,58%.
Otras advertencias llegaron en varias ocasiones desde las principales calificadoras de riesgo. La más reciente fue en febrero pasado, cuando Moody’s rebajó la nota para Costa Rica.
La firma justificó su decisión al señalar que ninguna administración había tenido éxito para implementar reformas fiscales y que la deuda pública continúa en un persistente aumento de peso. Hoy, el Ejecutivo espera tener éxito definiendo la agenda parlamentaria de agosto, solicitando un consenso casi improbable.
¿Verdadera crisis de liquidez?
La situación financiera del país es grave, pero algunos grupos de expertos cuestionan que el país esté viviendo una verdadera crisis de liquidez. Eurasia Group (la más grande consultora de riesgo país) desmintió al Presidente sobre la falta de recursos frescos, según citó la compañía Bloomberg.
“El Gobierno no se enfrenta a una crisis de liquidez por ningún medio, con bancos locales aún dispuestos a proporcionar financiación”, dijeron los analistas. “La cuestión es que el Gobierno no quiere pagar tasas más altas”, agregaron a la compañía, tras explicar que esas tasas han estado subiendo a medida que el Central sube las tasas para detener la depreciación de la moneda.
El economista Luis Mesalles coincide, y señala que el Gobierno no puede hablar de liquidez, pues aún es capaz de ir a la subasta y captar recursos ofreciendo rendimientos más atractivos.
Para Eurasia, el tono alarmista de Solís busca transmitir un sentido de urgencia a los diputados para aprobar más deuda externa y avanzar en la reforma.
