Escuchar
Siete años después, el proyecto de ley que avala el retorno de casi 6.000 contribuyentes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS al Magisterio Nacional, podría -finalmente- encontrar una resolución definitiva: el archivo.
La propuesta polémica, planteada originalmente en octubre de 2009 por el ex diputado del PAC José Rosales, ha sido fruto de, al menos, nueve tomos de discusiones en el Congreso, contradicciones partidarias y alertas por los posibles efectos negativos que su aplicación tendría para el Presupuesto Nacional.
Su discusión se reactivó recientemente cuando -a inicios de año- el Partido Liberación Nacional acordó respaldar el proyecto que podría generar gastos equivalentes a casi la mitad de los ahorros generados a partir de los ajustes en pensiones que acordó el Congreso este año. Hoy la bancada cambia su postura, se opone de nuevo al texto y advierte que votarán en contra de la iniciativa.
LEA: Reforma a pensiones generará ahorro de ¢21.000 millones anuales
La negativa del PLN se suma así a las valoraciones adversas que mantiene la fracción oficialista de Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, que podrían encerrar en el archivo la discusión extendida entre varios gobiernos.
Posturas y contradicciones
Primero adversada, luego apoyada y ahora opuesta a los intereses de Liberación Nacional, la propuesta legislativa 17.561 ha sido fruto de largas contradicciones entre algunos partidos políticos.
Inicialmente el texto fue acuerpado por la bancada de Acción Ciudadana. La iniciativa señalaba que el cambio de régimen de los trabajadores fue realizado "mediante el engaño y el caos" y que la propuesta procuraba "justicia para estos funcionarios".
VÍDEO: ¿Cómo y cuándo se aplicará la reforma de pensiones con cargo al presupuesto?
Ahora oficialistas, los diputados del PAC aseguran que la propuesta es inviable.
"Con la situación fiscal no es posible", alega Franklin Corella. "Sería irresponsable aprobar una iniciativa de ley con el impacto fiscal que eso tendría. Eso impactaría tanto sobre la CCSS como sobre el Presupuesto Nacional".
A la inversa, el Partido Liberación Nacional sostuvo su oposición al proyecto mientras asumieron su papel oficialista. A inicios del 2016 realizaron una votación interna para apoyar el proyecto. Hoy lo adversan y anuncian que lo enviarán al archivo.
"(El propósito es que) el proyecto regrese a Plena Primera para ser votado. Nosotros hemos esperado para que el Gobierno nos determine cuál iba a ser el costo de la cantidad de personas y del traslado. Estas son las horas en que lo único que nos dan son rangos", señala Maureen Clarke, legisladora liberacionista en la Comisión Plena Primera.
"No la vamos a aprobar. Vamos a rechazar el proyecto. En este momento está con una moción de avocación -eso quiere decir que está en Plenario- que va a ser rechazada. Va a regresar a la Plena I, donde vamos a votarlo en contra", aseguró.
La Comisión Plena Primera está integrada por siete diputados del PLN, cuatro del PAC, tres del PUSC, uno del Movimiento Libertario y tres del Movimiento Libertario. Tan solo el rechazo de la bancada oficialista y del PLN permitirían que el proyecto se archive.
Efectos sobre las finanzas públicas
Los casi nueve tomos del proyecto de ley son extensos en advertir algunos de los efectos negativos de la aprobación del texto.
Recientemente, el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, manifestó que la aprobación de la iniciativa legislativa tendría un posible impacto sobre las finanzas del Gobierno de hasta ¢11.000 millones de colones por año. Según Alfaro la aprobación del texto implicaría un gasto de casi la mitad de los ¢21.000 millones ahorrados en los proyectos de ley que se aprobaron en el Congreso durante este año para la reforma de pensiones.
En el escenario más pesimista, estimando que los 6.000 empleados se acojan al régimen del Magisterio y se pensionen a los 58 años, el Estado tendría que desembolsar ¢535.225 millones de colones por las contribuciones y traslados de recursos. El escenario menos pesimista, en el que los trabajadores se pensionan a los 60 años y solo unas 1847 personas se acogieran al cambio, se deberían desembolsar ¢159.097 millones.
La diputada Sandra Piszk (congresista líder en la discusión de las reformas de pensiones de la Asamblea) subraya también que -a título personal- la propuesta es preocupante. "Mi posición es que sería muy perjudicial para el país para los regímenes de pensiones del resto de los ciudadanos por el costo tan alto que tiene".
No es la única advertencia registrada en los tomos en los últimos años. De hecho, el exviceministro de Hacienda, José Luis Araya, había presentado un informe similar al de Alfaro hacía cuatro años. En el 2012 el viceministro advertía que las erogaciones netas asociadas al proyecto crecerían hasta el 2027, alcanzando -para ese año- el 0,12% del PIB, "generando un impacto perjudicial para las finanzas públicas".
"Nos indujeron a error y nos pasamos a la CCSS"
El informe Jurídico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa destaca que la entrada en vigencia de la Ley 2248 del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional fue "objeto de muchas reformas que ampliaron su cobertura y sus beneficios, sin que conste que tales cambios obedecieran a bases técnico-actuariales". Los cambios, detalla el Informe, generaron que a principios de noventa "fuera patente que el sistema no se podía sostener y que era inminente su colapso".
Ese contexto originó, según los asesores, la creación de una ley que pretendía preservar el régimen, permitiendo que algunos trabajadores pasaran al régimen jubilatorio de la CCSS.
Hoy buena parte de esos trabajadores aducen que se les indujo a error injustamente.
"No entiendo por qué ha costado tanto la aprobación de este transitorio" cuestionaba Giovanni Morales en una comunicación a los diputados. "Ahora no nos colaboran con un transitorio más que justo, debido a que dirigentes inescrupulosos en el año 1995 nos indujeron a error y nos pasamos a la CCSS".
Captura de algunas de las comunicaciones enviadas por educadores a la Comisión Plena Primera solicitando la posibilidad de retornar al régimen del Magisterio Nacional. Marco Vinicio Flores de la Comisión InterInstitucional de Pensiones del Magisterio "Centenas de horas llevan desde el año 2009, tocando las puertas de la Asamblea Legislativa (...) los y las señoras (sic) Diputados con visión diferente -por un contexto también diferente- sabrán hacer justicia con estas 3.000 familias costarricenses".
El proyecto actualmente mantiene una moción de avocación que propone que el texto se discuta en el Plenario. Sin embargo el PLN plantea votar en contra de la moción, buscando que el texto regrese a la Comisión Plena Primera para sepultar la iniciativa legislativa.
