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Senadores de izquierda protestan hoy, miércoles 6 de agosto de 2014, en una sesión plenaria del Senado Mexicano, en Ciudad de México. El Senado aprobó en lo general el último de los seis dictámenes reglamentarios de la reforma energética que en 2013 modificó la Constitución mexicana para abrir el negocio del gas y el petróleo a las empresas privadas, rompiendo más de setenta años de monopolio estatal. EFE/Sáshenka Gutiérrez (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Las grandes petroleras internacionales esperan volver a México desde que fueron expulsadas hace 76 años, y la nueva reforma energética les invita a regresar pero por ahora aguardan cautelosas a conocer las condiciones de los contratos antes de comenzar a perforar, estimaron expertos.
El "apetito" de las gigantes firmas petroleras "es muy grande", ha insistido Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la compañía que hasta ahora monopolizaba el sector petrolero y gasífero de México .
El Congreso mexicano concluyó la noche del miércoles la aprobación del marco regulatorio de la reforma, que abre la exploración y producción de hidrocarburos a la competencia de compañías privadas nacionales y extranjeras.
Según Lozoya, una vez que ese reglamento sea promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto, principal impulsor de la reforma, "solo resta que ese apetito y ese interés, esa inversión, se traduzca en infraestructura y en empleos".
Para expertos consultados por la AFP, falta algo más que tiempo para que desembarquen en México todos los inversionistas que el gobierno aseguró que llegarían por la reforma.
"Es obvio que las grandes empresas internacionales tienen interés en venir, pero están a la expectativa, quieren ver más", dijo David Shields, autor de libros sobre la materia como "Pemex, la reforma petrolera" (2006).
Los inversionistas extranjeros esperarán a ver al menos el primer "proyecto de contrato de exploración con posibilidad de producir petróleo" para darse idea de cuánto tendrán que pagar de impuestos y cuáles son los riesgos y beneficios, explicó Shields.
"Aún necesitamos ver proyectos específicos (...) esa será la verdadera prueba", comentó Pete García, director ejecutivo de la Cámara de Comercio México Americana en Houston, considerada la capital petrolera de Estados Unidos.
"La gente quiere, antes de invertir millones de dólares, estar segura de que entiende todos los aspectos legales", expuso en entrevista telefónica.
Por lo pronto en la Cámara de Comercio Americana en México existe un grupo de trabajo sobre el tema con representantes de las gigantes petroleras Exxon (EEUU) y BP (Reino Unido). García también reveló que el banco español Santander abrió una sucursal en Houston sólo para financiar proyectos relacionados con la reforma mexicana.
Raymundo Tenorio, investigador de la universidad privada Tec de Monterrey, señala otros aspectos que podrían desanimar al empresariado. La reforma incluye "una carga impositiva brutal que irá paulatinamente bajando", advirtió.
Además existe "la posibilidad de que Pemex pueda reclamar la compartición de la exploración y explotación", abundó Tenorio, ya que la reforma otorga a la estatal prioridad en la asignación de proyectos estratégicos.
Otra preocupación de los empresarios es la inseguridad en la cuenca de Burgos, situada en el norte del país y sede de grandes refinerías, por ser una región azotada por grupos del narcotráfico, añadió García.
La corrupción también podría ahuyentar, dijo Shields. "Será cuestión de que el gobierno demuestre que pueden ser transparentes, que puede haber un terreno limpio, parejo", consideró.
Durante una reciente visita a México, el gobernador de California, Jerry Brown, recomendó al país que tenga "mano dura" en su trato con empresas petroleras privadas. De lo contrario "se los van a comer vivos", advirtió.
El gobierno y los partidos que apoyan la reforma defienden que los nuevos órganos reguladores serán "árbitros más fuertes" que no cederán "a los intereses de los más ricos".
Entre esos órganos está la Comisión Nacional Reguladora que, además de ser la encargada de llevar a cabo las licitaciones, en algunos casos podrá decidir quiénes serán socios de Pemex, lo cual es "bastante inusual" en otros países y podría alejar inversionistas, señaló Shields.
El gobierno de Peña Nieto quiere atraer a compañías con la tecnología necesaria para acceder al crudo de las aguas profundas del Golfo de México .
El Ejecutivo quiere dar un impulso a la producción de crudo, que cayó desde los 3,4 millones de barriles diarios extraídos en 2004 a los actuales 2,47 millones.
La izquierda mexicana, que se opuso a la reforma, teme que la llegada de trasnacionales derive en una privatización de buena parte de la renta petrolera de México , un país con alrededor de la mitad de sus 118 millones de habitantes en la pobreza.
El petróleo es considerado como un símbolo de la soberanía de México desde la expropiación y nacionalización de esa industria decretada en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
