Guatemala: una economía que parece en buena forma pero corroída por la corrupción

Servicios básicos resiente una débil recaudación fiscal y pérdida de recursos calculados en $500 millones anuales por malos manejos


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Ciudad de Guatemala.- En pleno crecimiento y dotada de una moneda fuerte, la economía guatemalteca es una de las más sólidas de América Central, pero el país está corroído por la corrupción, que tiene un costo considerable para el fisco.

"La economía guatemalteca presenta un crecimiento muy estable, de 3% a 4% anual, en estos últimos años", observa Francisco de Paula Gutiérrez, profesor en la escuela de comercio Incae, de Costa Rica.

A sus principales socios comerciales -Estados Unidos y sus vecinos de América Central- el país exporta fundamentalmente "café, bananas, azúcar, productos textiles", dice este docente, que subraya igualmente la solidez de la moneda local, el quetzal, en un contexto en el que la mayor parte de las divisas latinoamericanos se han depreciado fuertemente.

"Sin embargo, los indicadores de competitividad, de desarrollo humano, de pobreza, son muy débiles", matiza Gutiérrez, explicando esos datos en función de los muy bajos ingresos fiscales, "de alrededor de 10,5% del PIB", contra una media de 34,1% en la OCDE en 2014.

En América Central, Guatemala "está en el grupo de naciones con mayor crecimiento", coincide Mynor Cabrera, de la Fundación Económica para el Desarrollo (Fedes).

El país "cuenta con cuatro motores: el sector financiero, las telecomunicaciones, la energía y las industrias extractivas, como la minería y el petróleo", señaló.

Pero también este economista critica la debilidad de los ingresos fiscales. "Guatemala carece de capacidad, en términos de ingresos fiscales, para contar con servicios públicos de calidad", destaca.

Renuncia

Fue por un escándalo de corrupción que Otto Pérez renunció a la presidencia, luego de que el Parlamento lo despojara de sus fueros tras ser acusado de dirigir una red que exoneraba de impuestos a cambio de sobornos, y de que un juez emitiera el miércoles una orden de arresto en su contra para ser indagado por la justicia.

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"La corrupción ha devorado al Estado", resume Manfredo Marroquín, director de la ONG Acción Ciudadana, rama local de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.

"Casi todos los servicios públicos se desplomaron", dice, y cita el ejemplo de los hospitales, "en los que se les pide a las familias de los pacientes que compren algodón, tijeras, porque el personal está pero no hay ningún material, ni siquiera el más básico".

En la educación, agrega Marroquín, "se puede encontrar escuelas construidas hace 50 años que se han quedado sin techo, que no tienen pupitres suficientes para todos los alumnos, con pisos de tierra".

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) calculó semanas atrás, en colaboración con la ONG Oxfam, el costo de la corrupción para las arcas del Estado.

"Lo que hallamos, a pesar de que una medición así es muy difícil por el lado oscuro y las múltiples facetas" de este flagelo, "es que cerca del 30% del presupuesto es vulnerable a la corrupción", en razón de la falta de transparencia y de controles y de una legislación ambigua, dice Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.

Si 20% de ese total "se perdiera efectivamente en corrupción -el nivel mínimo observado en el resto del mundo- tendríamos una pérdida de alrededor de 4.200 millones de quetzales, unos $500 millones".

El costo final de la corrupción "representa cuatro veces el presupuesto actual del ministerio público, encargado de luchar" contra ella, lamenta Menkos.

El instituto comparó esas cifras con los gastos sociales del Estado en un país en el que 53,7% de la población vive bajo el umbral de pobreza, según datos del Banco Mundial.

Los $500 millones evaporados equivaldrían "más o menos a las tres cuartas partes del presupuesto de la salud pública, a 3,5 millones de niños sin alimentación en la escuela" y a "la pérdida de unas 5.000 becas en educación".

Y supone también que "800.000 adolescentes carezcan de posibilidades de acceder a programas de prevención de la violencia, en un país en el que los jóvenes son a menudo carne de cañón del crimen organizado", responsable de la mayor parte de las 6.000 muertes violentas que se registran cada año.

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