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El Ministerio de Hacienda alertó esta tarde sobre diversas propuestas para modificar dos artículos del actual Código de Normas y Procedimientos Tributarios, incluidos en el proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal (expediente N°19.245).
Según las autoridades hacendarias, en los pasillos legislativos se analiza una propuesta de reforma a los artículos 90 y 92 del Código impulsada por actores fuera del congreso. Los cambios propuestos harían que la actual pena de prisión por el delito de fraude tributario – que va de los cinco a los 10 años y que se estableció desde 1995–, se reduzca a 2 años.
Con la pena actual, lo único que permite la legislación procesal a los defraudadores fiscales es realizar una reparación integral del daño, lo cual significa que el acusado tiene que pagar de manera integral el daño causado (impuestos dejados de pagar + multas + intereses + daño social), o en su defecto, someterse al juicio.
"El riesgo de ir a juicio para un acusado por el delito de fraude a la Hacienda Pública, significa que en el supuesto de ser condenado, no tendría derecho a ningún beneficio de ejecución condicional. Ese riesgo potencial ha servido para que muchos de los acusados procuren una reparación integral del daño, lo cual se traduce en una pronta y efectiva recuperación de los dineros de los tributos defraudados.” explicó Priscilla Piedra, directora general de Hacienda.
Hacienda informó que en este momento la Fiscalía de Delitos Económicos contabiliza un total que supera ¢17.228 millones por todos los casos acusados, y a la fecha, por reparación integral del daño se han recuperado más de ¢8.400 millones a favor del Fisco.
Bajar el mínimo de la pena, además, implicaría que se pierda la condición de de establecer un precedente para el delito de legitimación de capitales, pues para ello se requiere de una pena de prisión de mínimo cuatro años.
Más cambios
La otra propuesta de modificación al proyecto incluye una serie de requisitos para demostrar que existió dolo en la defraudación acusada. "Esto no tiene sentido. Para nosotros las maniobras fraudulentas ya son por si solas dolosas y esto se encuentra implícito en una maniobra engañosa", dijo Piedra.
Por último, los cambios pretenden dar potestad a la Adminsitración Tributaria para que, a su conveniencia, pueda retirar denuncias penales en cualquier momento del proceso.
"Incorporar una propuesta como esta podría significar incluso la posibilidad de que autoridades políticas pueda intervenir en las decisiones de la Administración Tributaria, lo que resulta sumamente peligroso para la Administración y para los propios contribuyentes. Estamos claramente ante intereses particulares y no público", expuso Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
El proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal ingresó a la Asamblea en julio del 2014 y se espera que este jueves reciba primer debate en el plenario legislativo.
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Nota: esta información fue modificada posterior a su publicación
