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Pletórico en redistribuciones, controles y manejos de los superávits de instituciones descentralizadas en favor del empobrecido Gobierno Central, el proyecto de “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas” adolece de un marcado déficit de apoyos en la Asamblea Legislativa.
La propuesta muestra estar aún cruda después de cuatro meses en trámite. No convence ni a propios, ni a extraños.
Desde la oposición se le critican sus inconsistencias, abordaje tímido del saneamiento de las finanzas públicas y sus contenidos difíciles de someter a consenso.
El oficialismo también reconoce sus falencias, que no están del todo fuera del texto sustitutivo que aprobó hace dos semanas el panel de Hacendarios.
De parte del Ministerio de Hacienda también hay un reconocimiento tácito de que el plan no es la mejor alternativa que se pudo haber planteado. La cartera fue la primera en anunciar cambios.
La iniciativa incluso tira por la borda el pacto político que la presidenta Laura Chinchilla logró firmar con Ottón Solís, líder del Partido Acción Ciudadana (PAC), para impulsar una reforma fiscal en este gobierno.
La fuerza opositora con más votos en el Parlamento, que fue aliada de Zapote con el plan fiscal, está en contra del actual proyecto tal y como está redactado, según confirmó su jefa de fracción, Yolanda Acuña.
Activos políticos en rojo
Siany Villalobos, diputada que representa al Partido Liberación Nacional (PLN) en Hacendarios, sostuvo que aún queda mucho por discutir del proyecto de ley.
Aseguró que el nuevo texto era una necesidad para frenar la pérdida de tiempo, pues no tenía sentido darle continuidad al debate de una propuesta que requería cambios desde el arranque.
El texto sustitutivo ya fue consultado a las instituciones involucradas. Y esas nuevas consultas son un paso hacia atrás, pues ya la comisión había escuchado los criterios de todos los sectores, una buena parte en contra del expediente que no sufrió cambios radicales.
Tal circunstancia no blinda al proyecto de esa críticas pasadas.
Los diputados decidieron conservar la autorización para que las entidades públicas trasladen sus superávits libres al Gobierno Central, a título gratuito, con el fin de reducir el déficit fiscal.
Solo ese contenido atenta contra la potabilidad del proyecto.
“Por lo menos yo no comparto ese artículo, es un tema muy difícil de tutelar”, afirmó Villalobos.
La oficialista, subjefa de su bancada, recalcó que habla a título personal.
No obstante, otros compañeros suyos reconocen desde la sombra que el plan amenaza con sacudir a la fracción.
El temor de los legisladores verdiblancos radica en que muchas instituciones del sector público queden en la pobreza por tapar el déficit fiscal que padece el Gobierno Central.
Villalobos confirma ese miedo. “En lugar de hacer un bien, esta amenza de traslado de su superávit libre podría llevar a las instituciones a gastar más, con tal de no transferir sus recursos al Gobierno Central, cuando lo que buscamos, irónicamente, es la eficiencia en el gasto”, explicó.
Su contraparte del Partido Acción Ciudadana (PAC), Gustavo Arias, confirma las mismas dudas desde la oposición.
“El texto sustitutivo es un nuevo adefesio. El PAC se opone a trasladar los superávits libres, porque constituiría un mecanismo para justificar la subejecución del presupuesto de los programas sociales, para luego financiarle los gastos corrientes al Poder Ejecutivo”, advirtió.
Del ahogado, el sombrero
Los signos políticos hacen pensar en que aún queda una larga metamorfosis para el proyecto.
Según Arias, su bancada rescataría tres puntos específicos del texto sustitutivo que, ubicados en un nuevo expediente, se votarían en un mes.
Esos contenidos son disminuir la cantidad de entes desconcentrados de cada ministerio, reducir el aporte estatal a los partidos políticos de un 0,19% a un 0,11% del PIB, e introducir una norma de responsabilidad fiscal para controlar el déficit excesivo.
Villalobos cree que este último punto es uno de los más accesibles.
Luis Fishman, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), adelantó que el nuevo texto permanece como un esfuerzo tímido y apocado para ordenar las finanzas estatales.
El rojiazul añadió que prepara varias mociones para hacerlo más agresivo en el control de cómo y cuánto gasta el Estado.
Otros sienten el tema más crudo. Para los diputados del Movimiento Libertario, el tema simplemente no está en su agenda de prioridades, confirmó el jefe de fracción, Carlos Góngora.
Asunto secundario
Incluso en el orden del día el plan B que la administración de Chinchilla formuló ante el fracaso del plan fiscal pasó a segundo plano.
Desde el pasado 1° de setiembre y hasta el 20 de octubre, el Presupuesto Ordinario de la República para el 2013 copará la agenda de Hacendarios, panel que estudia la propuesta de manejo de las finanzas públicas.
Después, el Plenario se enfrascará en una batalla presupuestaria que no se vislumbra sencilla de ganar y que podría extenderse hasta el 30 de noviembre entrante, fecha límite para votar el plan de gastos para el 2013.
De esta manera,el plan B tendrá todos sus espacios cerrados de aquí a diciembre, cuando inicie el periodo de sesiones extraordinarias.
Sería hasta enero del año entrante cuando el proyecto de ley volvería a recobrar auge, si todavía está en los planes del Gobierno.
Pocas novedades
El texto sustitutivo del plan contiene pocos cambios de peso:
1. Bancos: Losbancos estatales ya no tendrán que trasladar sus superávits libres al Gobierno Central.
2. Contraloría: El canon que cobraría a los entes fiscalizados pasó de un 0,11% a un 0,10% de sus respectivos presupuestos.
3. Empresas públicas: Quedan exentas del traslado del 25% de sus ganancias las que presten servicios regulados por Aresep.
4. Fuentes de recursos: Todo proyecto que implique un gasto deberá indicar de dónde saldrán los recursos para cubrirlo,
5. Salarios: Se elimina el congelamiento durante dos años de los salarios y pensiones de ¢3 millones con cargo al presupuesto.
Fuente Texto sustitutivo, exp. 18.435.
