Municipios aprenden a lidiar con los desechos de sus comunidades

Ley del 2010 obliga a las 81 alcaldías a desarrollar y ejecutar planes para residuos

  • Facebook (Compartir)
  • Tweetea!
  •  
  • Imágenes

El camino no es fácil de entender porque está lleno de burocracia que incluye una ley, reglamentos, estrategias y planes.

Lo cierto es que poco a poco las municipalidades del país han ido aprendiendo a lidiar con los desechos que producen sus habitantes de una forma más ordenada.

También es verdad que los ayuntamientos deben mejorar en la materia, porque los números y evaluaciones de la Contraloría General de la República (CGR) no les favorecen.

En 2011, solo diez de las 81 municipalidades de Costa Rica tenían un plan de manejo de residuos sólidos.

El 13 de julio del 2010, se publicó la Ley para la Gestión Integral de Residuos, número 8839.

infografia

Esa legislación obliga a todas las municipalidades a desarrollar y ejecutar un plan para mejorar la forma en que se recoge la basura y se separan los desechos que se pueden reciclar.

A mayo del 2016, 72 ayuntamientos tenían el plan listo y nueve todavía estaban pendientes, según el Ministerio de Salud.

Un vistazo no tan bueno

La CGR publicó en febrero del 2016, un informe de evaluación sobre los servicios que ofrecen los municipios del país en materia de recolección de residuos como basura y desechos reciclables.

En 2014, los ayuntamientos recolectaron 961.500 toneladas de desechos, de los que solo 12.145 toneladas (1,23%) eran valorizables. Es decir, que se pudieron procesar con mecanismos de reciclaje o compostaje para venderlos. El porcentaje es muy bajo si se toma en cuenta que en Costa Rica el 93% de los residuos sólidos es aprovechable y solo el 7% se considera inútil o basura.

El estudio evidenció que hay 70 cantones en los cuales la cobertura de recolección de desechos es menor o igual al 50%. Lo que quiere decir que el servicio no se ofrece ni siquiera a la mitad de los habitantes de la comunidad.

LEA: ¿Dónde reciclar?

La cobertura promedio del servicio en las 31 municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM) es de un 94%, mientras la cobertura promedio de los 50 municipios ubicados fuera de ella es de un 54%.

Esta situación se da pese a que la Ley ordena, en su artículo 8, que los gobiernos locales deben garantizar la recolección de residuos en todo su territorio.

Al menos 87 de los 481 distritos del país no tienen acceso a mecanismos de recolección de ningún tipo. En estas comunidades los habitantes utilizan prácticas no controladas para deshacerse de sus desechos.

Por ejemplo, quemas de basura, botaderos en lotes baldíos, depósitos en los ríos o rellenos improvisados en sus propiedades.

Buenas experiencias

Aunque el manejo responsable de residuos sólidos es algo incipiente, algunos ayuntamientos tienen planes de reciclaje efectivos.

En San Rafael de Heredia, por ejemplo, se recuperan 30 toneladas mensuales de desechos valorizables. Estos se venden y generan ¢4 millones al mes para las arcas de la municipalidad.

Verny Valerio, alcalde de esa comunidad herediana, explicó que actualmente tienen un centro de acopio que emplea a 15 personas y que sirve como terminal de operaciones para el plan municipal de manejo de residuos.

En este cantón invirtieron dinero producto de la venta de material reciclable, en la compra de máquinas compactadoras y en una moledora de vidrio.

Durante los primeros años, el dinero que generó el programa de reciclaje se invirtió en ayudas sociales y reparación de vías.

Actualmente los recursos se usan para darle sostenibilidad financiera al centro de acopio.

La educación y formación a los hogares del cantón es un eje importante para mantener en pie la estrategia.

Otro ejemplo se encuentra en Jiménez de Cartago.

Ese cantón recientemente aprobó su plan municipal de manejo de residuos y lo envió al Ministerio de Salud, aunque tienen un programa de reciclaje activo desde hace diez años.

Lissette Fernández, alcaldesa de ese cantón, detalló que se tardaron tiempo en tener el plan que exige la ley porque contrataron a una empresa privada que les ayudó a elaborarlo.

Sin embargo, la cultura de reciclaje en Jiménez data de una década atrás y los hogares ya saben dónde, cuándo y cómo deben entregar los materiales debidamente separados para facilitar el proceso del centro de acopio.

Con la ayuda de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se diseñó un mecanismo de evaluación en los hogares.

“Los universitarios visitan las casas, revisan las prácticas de separación de residuos y les hacen notas de observación para mejorar”, agregó Fernández.

El mecanismo les permitió crear mapas con colores para saber cuáles hogares reciclan y cuáles no lo hacen.

En el cantón de Belén, en Heredia, se unen tres actores sociales para manejar los desechos.

El gobierno local supervisa el programa, una compañía privada recolecta los residuos y una asociación de vecinos procesa los materiales en el centro de acopio para venderlos como reciclaje.

Esteban Salazar, gestor de residuos de la Municipalidad de Belén, relató que en ese cantón se hace recolección separada de basura y de materiales reciclables.

“La idea es que las personas de la comunidad puedan sacar su basura un día y luego entregar a los camiones los materiales que se pueden procesar y vender como el vidrio, el cartón y el papel”, agregó Salazar.

En el país rige una ley y reglamento (de esa misma legislación) que dictan las pautas para el manejo integral de residuos sólidos en los 81 cantones.

De manera adicional, el Ministerio de Salud emitió una política nacional y una estrategia nacional en esa materia, con el fin de instrumentalizar la ley vigente.

Aunque los 81 municipios deben trabajar con planes de manejo de residuos, hay un grupo de 39 gobiernos locales que se oponen a la estartegia nacional.

Salazar aseveró que esta estrategia promueve algunas prácticas que no contribuyen al manejo adecuado de los desechos.

El pasado 30 de setiembre, este grupo de municipalidades envió un documento a los ministerios de Salud, Economía, Ambiente y Educación para solicitar cambios en algunos puntos de la estrategia nacional, con el objetivo de hacerla más efectiva.

El informe fue firmado por Yanina Soto, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y por representantes de las 39 municipalidades.

Sostenbilidad y financiamiento