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Ninguno de los bandos que participaron en la última guerra agrícola se puede considerar del todo triunfador.
La aprobación en primer debate del proyecto de “Ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos” obligó a negociaciones de última hora, que amarraron en compromisos de peso al Gobierno, a los agricultores y a las municipalidades.
En medio de su crisis fiscal, el Poder Ejecutivo terminó comprometido a conseguir ¢6.000 millones para financiar un censo agrícola aún sin fecha clara, pues requiere de una coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Los agricultores, en tanto, quedaron expuestos a incrementos anuales en el valor de sus fincas hasta que se realice el censo.
Mientras que las municipalidades terminaron atadas a cobrar el impuesto sobre esas fincas con base en el valor desactualizado de estas, sacrificando así el crecimiento sostenido de su recaudación por concepto de bienes inmuebles.
La guerra, entonces, se saldó con un tratado de paz que repartió una victoria pírrica entre todos los sectores.
Municipios dividen criterios
Rolando Rodríguez, alcalde del Cantón Central de Cartago y presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), sacó números positivos tras los encontronazos con los agricultores.
El jerarca afirmó que el proyecto de ley logró integralidad.
“La ley cambió, por lo que los ingresos de las municipalidades no caerán. Más bien, aumentarán hasta en un 20% sobre el valor declarado de los terrenos”, dijo.
Pero el alcalde de Valverde Vega, Luis Barrantes, ofreció un punto de vista alejado de ese positivismo de la UNGL. Argumentó que las Plataformas de Valor por Zonas Homogéneas (PVZH) apenas se empezarían a aplicar este año para el cobro de bienes inmuebles, lo cual incrementó las expectativas recaudatorias.
Ahora, advirtió, se frenó ese crecimiento sostenido que los municipios esperaban en sus ingresos por concepto del cobro del tributo sobre los terrenos.
“El efecto real es que tuvimos que presupuestar para el 2013 el mismo monto del 2012. Se nos frenó el crecimiento real que esperábamos, porque hay fincas cuyo valor real es de ¢300 millones y están declaradas desde 1997 en ¢10 millones”, sustentó.
Gobierno en un apuro
El balance también es presentado en positivo para el Gobierno por sus jerarcas.
La Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, concluyó que después del conflicto agrario se comprueba que el actual gobierno sí cumple con su compromiso con el sector y con la política de Estado 2010-2021 en materia agroalimentaria, que fue declarada de interés público.
“El proyecto implica la atención a un problema manifiesto del sector productor en su conjunto. Todos terminamos juntos celebrando la aprobación del plan”, agregó.
Abraham aceptó que el censo agropecuario implica un reto para el Gobierno, a nivel de presupuesto y de tiempo.
El estudio estaba programado para iniciar en el 2013, pero un recorte hecho por los diputados de partidas superfluas en el presupuesto del 2012 del MAG impide iniciar el empadronamiento.
La jerarca añadió que en el plan de ley aprobado el Ministerio de Hacienda quedó en la obligación de garantizar la disponibilidad de los ¢6.000 millones que cuesta realizar el censo.
“No quisiera ser imprecisa en este momento adelantando eventuales fechas del censo agrícola. En todo caso, me luce que ese estudio es de una gran urgencia”, recalcó la Ministra.
Agro más unido
Si bien no alcanzaron su propósito original de una reducción del 80% en la tasa de bienes inmuebles, los agricultores se declaran gananciosos.
Jorge Sauma, gerente de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), ve un sector agrario más unido y peleador.
Jesús Villalobos, jerarca del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), prevé un incremento en las exportaciones agrícolas y en la competitividad.
El tiempo se encargará, con su juicio, de decretar cuál sector se desgastó menos en esta madre de todas la guerras.
Empero, la victoria fue muy chiquita y no alcanzará para repartirla entre todos.
Secuelas
Los sectores de la guerra agrícola enfrentan resultados distintos:
Agro: Quedó a la espera de un censo agrícola que aún es solo una expectativa y depende de la disponibilidad de recursos públicos para financiarlo.
Municipios: Sus ingresos no caerán, pero tampoco aumentarán. Quedaron amarrados a no poder actualizar durante 4 años el valor de las fincas.
Gobierno: No tiene certeza de dónde sacará el dinero requerido para pagarle al INEC la realización del censo agrícola, lo cual lo compromete.
Diputados: Se quitaron de encima la braza caliente del agro, pero algunas bancadas quedaron dividas a lo interno y con liderazgos debilitados.
Fuente Entrevistas EF.
