Tarifas serían más justas, dice el ente

Por: María Fernanda Cruz 13 septiembre, 2015
 La Aresep en este momento solo puede advertirle al Poder Ejecutivo sobre los posibles aumentos en las tarifas por los costos operativos, pero no puede evaluar el costo en que incurrirán las empresas previamente.
La Aresep en este momento solo puede advertirle al Poder Ejecutivo sobre los posibles aumentos en las tarifas por los costos operativos, pero no puede evaluar el costo en que incurrirán las empresas previamente.

Dos proyectos de ley buscan abaratar las tarifas o, al menos, volverlas más “creíbles” y justas para los consumidores.

Para lograrlo, pretenden reformar la normativa de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que ya es blanco de cuestionamientos por los datos que usa para aprobar los pliegos.

Las propuestas, que están en la Comisión de Asuntos Económicos, atacan dos de los problemas crónicos de la Aresep: su carencia de datos confiables para emitir tarifas que se ajusten a la realidad y su obligación de cubrir todos los costos de los operadores en el cobro a los usuarios.

Gráfico: Proyección de pagos
Gráfico: Proyección de pagos

Datos confiables

Una de las debilidades que más afectan la credibilidad de la Aresep es que no cuenta con datos confiables sobre la verdadera demanda de los servicios, que es uno de los rubros que se incluyen en el cálculo tarifario.

Por ahora, la única garantía que tienen los usuarios de que esa tarifa corresponde a la realidad es la declaración jurada que hacen los operadores.

“Necesitaríamos un ejército para revisar las 700 rutas de buses”, admitió Dennis Meléndez, jerarca de la Aresep.

Entre otras cosas, el proyecto de ley pretende darle herramientas a la Aresep para que se apoye en estudios técnicos “y no en supuestos” para garantizar que el servicio responde al costo.

Es un paso que el ente ya ha comenzado a dar con instituciones como ProDus, de la Universidad de Costa Rica, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

En la nueva metodología para transporte público, que está en audiencia pública, el regulador también modificará la forma en que se abastece de información.

Por ejemplo, ya no serán las concesionarias sino el Consejo de Transporte Público el obligado a garantizar que esos datos sobre demanda son correctos.

El equilibrio

El otro proyecto de ley fue presentado por el diputado Humberto Vargas y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) para reducir el precio de la electricidad con una modificación al artículo 31° de la ley de la Aresep (N.° 7593).

La reforma consiste en cambiar la palabra “deberá” por “podrá” a la hora de establecer qué incluye la Aresep en el cálculo tarifario y qué no.

Así, el ente regulador ya no estaría obligado a contemplar todos los costos operativos de las empresas prestatarias.

Solo lo haría en la medida en que lo considere conveniente para los consumidores.

“Los nuevos proyectos que se vayan a financiar se harían en condiciones que la autoridad lo considere adecuado”, explicó el superintendente.

El costo de alquiler por fideicomisos de las plantas hidroeléctricas está bajo la lupa del diputado en esta propuesta, pues los usuarios se ven obligados a pagar por esas plantas en un periodo corto, aunque la vida útil de la infraestructura sea mucho más larga.

Los industriales han calculado que un desarrollo como el Reventazón le inyectaría un aumento del 15% a las tarifas que pagarán los consumidores en el 2017.

La modificación, sin embargo, no implica ningún cambio para las plantas que ya se están construyendo, que es precisamente el caso del Reventazón.

“Ya las condiciones de Reventazón están dadas. Lo ideal es que se haga a plazos más largos. Eso queda en manos del ejecutivo”, dijo Meléndez.

De aprobarse el proyecto, el ICE asegura que su estabilidad financiera se verá en peligro, pues elimina la obligación de Aresep de garantizarle a las empresas su equilibrio para operar. La garantía se le dará al servicio público.

“Se reforzaría el equilibrio financiero de los usuarios sin proteger a las mismas empresas”, dijo el director de Planificación Financiera del ICE, Francisco Garro.

Para el economista Martín Parada, esta reforma más bien obligaría a los concesionarios a volverse más eficientes, pues tendrán que buscar la manera de reducir sus costos.

Problema de fondo

Ninguno de los dos proyectos, sin embargo, resuelve el problema de fondo que suele residir en los reguladores como la Aresep.

El esquema teórico bajo el cual opera la institución consiste en un precio que sigue al costo llamado costo-plus.

En este sistema, explicó el economista Santiago Urbiztondo en una conferencia de la Academia de Centroamérica, los incentivos para reducir los costos tienden a desaparecer porque siempre que aumenten esos costos, la tarifa los cubrirá con una tendencia a crecer de manera desmedida.

Otra contradicción de la ley con la buena teoría de la regulación es que pretende que la Aresep “armonice” los intereses de los consumidores con los de los empresarios.

Para Urbiztondo, a los reguladores no debería importarle el beneficio del regulado, sino del usuario. En la medida en que se interese por el consumidor, también deberá garantizar el equilibrio financiero de las empresas para que presten un buen servicio, pero los beneficios de los operadores no deberían ser un fin en sí mismo.

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