Los empresarios se confiesan agobiados por el aparatoso crecimiento en la cantidad de leyes y decretos ambientales.
A un ritmo de cuatro leyes por año, desde el 2006 el Parlamento ha aportado en la temática ambiental 24 nuevas normas.
No obstante, según el empresariado, no son ni las más urgentes ni las más adecuadas, y su promulgación se ha hecho sin un análisis profundo sobre sus consecuencias para el país.
Las opiniones sobre los beneficios de las leyes ambientales varían según el sector.
Mientras la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) cree que leyes como la de conservación de vida silvestre van a seducir a más turistas, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) mira con preocupación las duplicidades en la legislación y en reglamentos que les complican la vida a los productores.
Impacto en la productividad
Según Álvaro Sáenz, presidente de la CNAA, su sector nota descordinación, duplicidades, excesos en la regulación ambiental e incumplimiento de la normativa vigente por parte del Estado.
Ante ese panorama plagado de regulaciones, el dirigente empresarial dijo que el sector agrícola piensa que no se deben aprobar más leyes ambientales hasta que se apliquen correctamente las que están en vigencia.
“Lo que pretendemos es certeza jurídica, para tener claridad de costos asociados y consecuentemente de rentabilidad”, dijo.
Si hay algo que el sector agrícola extraña, afirmó Sáenz, es ese análisis costo-beneficio antes de darle vida a una ley ambiental.
Asimismo el empresario criticó el exceso de castigos para las empresas que no cumplan con las normas, mientras que no se crean sanciones para los empleados públicos que incurren en lentitud a la hora de analizar solicitudes de permisos ambientales, hechos por los productores.
Sergio González, director de la Fundación Centro de Productividad Nacional (Ceprona), opinó que el Estado desaprovecha leyes como la de gestión integral de residuos pues, además de no acatarlas, crea trabas que impiden a las empresas ganar con actividades como el reciclaje, que no implica inversiones más allá de los ¢400.000 en capacitación.
“Existen fallos en la rectoría porque es el Ministerio de Salud el encargado de velar por el manejo de desechos, cuando lo conveniente sería trasladar esa función al Ministerio de Ambiente”, consideró González.
Auge de proyectos
Martha Castillo, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), ve con preocupación algunos proyectos ambientales.
Citó iniciativas para prohibirles a las empresas el uso de empaques plásticos y de estereofón, y obligarlas a usar polímeros biodegradables en la fabricación de productos plásticos, lo cual dispararía los costos de producción.
El Congreso tramita 77 proyectos ambientales, lo cual desvela al sector empresarial, ya cargado de regulaciones, sin que se tome en cuenta su opinión antes de que las leyes vean la vida. Hay ejemplos de esta incomodidad.
Empero, los legisladores siguen eludiendo el debate de la agenda principal relacionada con el ambiente.
Esto puede interpretarse como una contradicción, pero también es otra inquietud en sectores productivos: la sombra de que las leyes ambientales no han terminado y por el contrario, pueden multiplicarse más.
Tres casos polémicos
Tres leyes han inquietado al sector empresarial recientemente:
Vida silvestre: En consulta de constitucionalidad, el proyecto aún no alcanza su segundo debate. La propuesta prohíbe la caza deportiva. El sector turístico cree que la ley beneficiará la atracción de visitantes interesados en la ecología.
Marinas: El Parlamento aprobó la regulación para la instalación de marinas y atracaderos turísticos. Sin embargo, aún ninguna entidad ha cuantificado el beneficio en términos económicos de la apertura de unos 16 de esos sitios en diversas zonas costeras del país.
Residuos: Hay una ley de gestión integral pero la Fundación Centro de Productividad Nacional (Ceprona) critica la falta de interés de parte del Gobierno en mejorar prácticas de reciclaje y denuncia numerosas trabas impuestas por las autoridades.
Fuente Servicios Parlamentarios.
Lo sustancial apenas camina
Temas claves no muestran avance significativo en el Congreso
Agua: Reforma constitucional para garantizar acceso al agua como derecho humano está paralizada desde hace 7 años. Ley de Recurso Hídrico tiene más de una década.
Electricidad: No hay avances ni en el proyecto de "Ley General de Electricidad", ni el plan de contingencia eléctrica, pese al clamor del sector empresarial.
Gas licuado: El proyecto de ley marco para regular el mercado de gas licuado no avanza aunque tiene dictamen afirmativo unánime.
Ambiente: La posibilidad de incluir un capítulo de garantías ambientales en la Carta Magna se discute desde hace casi 10 años.
Energías renovables: Existe un plan para su uso, pero ocupa el lugar 87 del orden del día del Plenario.
Fuente: Servicios Parlamentarios.