Con más de 180 mociones en lista, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios esperan reducir el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2021 que supera los ¢11,4 billones, el más alto en la historia.

El nuevo proyecto de presupuesto está financiado en un 55% por nueva deuda, por eso, distintos legisladores rebuscan en las distintas partidas, qué recortar.

Sin embargo, mientras algunos claman por ahorros y trasladar el dinero a apasiguar la presión de la deuda, otros legisladores y en particular las instituciones que se verían afectadas por los recortes, hablan de ajustes desmedidos e incluso de técnicos o quitar el acceso de 200.000 estudiantes a los comedores escolares.

Recortes urgentes

El Partido Liberación Nacional (PLN) propone, a través de 50 enmiendas, la reducción del gasto público ¢203.000 millones para el 2021. Esto representa un 1,8% del proyecto de presentado por el Poder Ejecutivo.

“Solamente el 45% del presupuesto se está financiando con ingresos propios”, apunta la legisladora Ana Lucía Delgado del PLN, haciendo hincapié en la urgencia de recortar el gasto corriente. Son cerca de ¢6 billones, según la diputada, que están quedando al descubierto en el presupuesto, sin recursos para cubrirlos.

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Una parte importante de los recortes que proponen las enmiendas se basan en la subejecución histórica de varias instituciones estatales. De las 16.332 subpartidas que tiene el Presupuesto Nacional, según las diputadas Delgado y Silvia Hernández, analizaron los últimos seis años en las distintas instituciones, para llegar a la conclusión de qué se debía recortar.

“El hueco (la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno) es tan importante, que no sabemos cómo se va a poder financiar al cierre del 2021 este presupuesto”, según Delgado.

Aunado a esto, el endeudamiento en razón al Producto Interno Bruto (PIB), cerraría el próximo año en 80,5%, un porcentaje incluso por encima del peor escenario previsto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), que ponía un máximo del 60%.

“Esto nos tiene que encender las alertas como país”, manifestó Delgado y de ahí salen las mociones de recorte.

Desde el otro lado de la oposición, la visión es compartida. Estos ajustes de gasto se deben, de acuerdo con la diputada socialcristiana María Inés Solís, a que desde la oposición realizan “el trabajo que el Ejecutivo no ha hecho”.

En el caso del PUSC, las enmiendas iniciales propuestas por Solís y los diputados Pablo Heriberto Abarca y Rodolfo Peña suman más de ¢150.000 millones que se recortarían tras analizar los gastos de 18 instituciones estatales con cargo al presupuesto nacional, que reducirían 1,3% del total del presupuesto.

Quedan por fuera de los recortes, al menos de estas enmiendas, el Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Ministerio de Salud, Vivienda y Asentamientos, el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan), el servicio de la deuda pública, los regímenes de pensiones y el Tribunal Supremo de Elecciones.

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A estas primeras mociones propuestas por los socialcristianos, se suman otros ¢15.000 millones propuestos en 11 enmiendas por la subjefa de fracción, Shirley Díaz, para un total de ¢165.000 millones en propuestas de recorte que sí tocan a instituciones dejadas por fuera en las primeras propuestas.

Por ejemplo, Díaz propone recortar ¢500 millones a Mideplan, que se usarían en el Censo Nacional de Población y Vivienda del Bicentenario, ¢3.200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de los cuales ¢3.000 millones corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para atención de rutas y se reasignan ¢1.700 para amortizar la deuda y ¢1.500 para Asociaciones de Desarrollo.

Además, otros ¢4.100 millones vendrían del Ministerio de Educación (MEP) en suplencias e infraestructura educativa y servicios generales y ¢1.545 millones del Poder Judicial en concepto de horas extras, suplencias, viáticos, publicidad y otros.

En términos generales, parte de los ajustes se dan en subpartidas como viáticos, viajes al exterior e interior, actividades protocolarias, publicidad, entre otras.

“En especial propusimos dos mociones de normas presupuestarias, enfocadas en producir un mayor ahorro en términos de alquileres y consultorías”, explicó Solís.

Pero los recortes del PLN van más allá y suprimen del presupuesto, otros ¢38.000 millones extra, con recortes en instituciones como la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes, la Presidencia de la República, el Registro Nacional y los ministerios de la Presidencia, de Gobernación y Policía, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y de Hacienda.

También se tocan los ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía, MOPT, Educación, Salud, Trabajo, Cultura, Justicia, Vivienda, Comercio Exterior, Planificación, Ciencia y Tecnología y Ambiente, además de los regímenes de pensiones, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con Solís, los diputados socialcristianos analizan cada una de las mociones presentadas para tener claro cuáles apoyarán “siempre teniendo como un principio básico el ahorro en el gasto público y eficiencia de los recursos”, detalló la legisladora.

Sin embargo, hay argumentos en contra para estos recortes que ya impidieron que algunas mociones fueran aprobadas en la comisión dictaminadora. Uno de los más fuertes y defendido por la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), es que algunas de las enmiendas ponen en juego el funcionamiento de las instituciones tocadas, incluso hablan de “cierre técnico”.

Afectación

Este es el argumento de Laura Guido diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) e integrante de dicha comisión. Guido aseguró que se presentaron enmiendas para hacer recortes drásticos a los programas sociales.

"Conapdis no puede hacer nada si no puede salir de la oficina a recibir personas con discapacidad, en la discusión de cocineras y de comedores donde se dejaría desprovista a cerca de 200.000 estudiantes por las afectaciones a los programas de equidad del MEP. Conapam cerraría, hay mociones que meten el recorte del 50% a servicios de agua y luz, los Cen Cinai han hecho una alerta grande

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Existen planteadas por la oposición que hacen recortes drásticos a varias instituciones, según Guido. Una de ellas es el número nueve que pretende un rebajo de ¢59.256 millones y recorta en 70% en todas las partidas de alquiler de locales, terrenos, maquinaria, equipo mobiliario, de cómputo en al menos 21 instituciones.

Estos incumplimientos podrían ocasionar desahucios o demandas millonarias o que el Estado quede desprovisto de servicios informáticos, indicó Guido. “Es una moción tan generalizada, tan imprudente con implicaciones de mayor gasto de los diputados Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman”, declaró.

Otras de las enmiendas dejarían por seis meses a varias instituciones sin servicios de electricidad y agua, según la diputada oficialista.

Pero no solo los oficialistas están en contra de estos recortes. El diario La Nación informó que el despacho del ministro de la Presidencia orquestó la reacción de las instituciones sobre el presupuesto 2021, y solicitó “hacer gestión fuerte con sectores y comunicación”, para oponerse a las mociones de reducción del gasto.

Una de las entidades que alega un posible cierre técnico es la Contraloría General de la República (CGR) que desde el 2007 implementó un modelo de salario único que generó al país un ahorro superior a los ¢15.000 millones y cuyo presupuesto decreció 6.03% entre 2015 y 2020.

Según el Ministerio de Cultura con la reducción del 13,4% para la cartera, que pretenden las mociones, podrían desaparecer los fondos concursables como Puntos de Cultura, Becas Taller, Precios Nacionales, los programas como Érase una vez, Teatro en el Aula, entre otros.

Por su parte, el MEP informó que la moción que pretende una reducción de ¢190.000 millones amenaza la continuidad del curso lectivo 2021. Guiselle Cruz, jerarca de la cartera afirmó que el mayor impacto se da en los programas de tecnologías de la información, además de capacitación docente y el transporte de estudiantes.

“¿Cómo vamos a prevenir la exclusión, cómo vamos a seguir diciendo que nuestro objetivo es que nadie se quede atrás, si les quitamos a las personas estudiantes opciones para llegar a los centros educativos y permanecer en ellos en condiciones adecuadas?”, afirmó Cruz.

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Otro pronunciamiento fue el del Ministerio de Seguridad, según un comunicado que se dio a conocer en el perfil oficial de Facebook el recorte afectaría la seguridad del país.

En este caso hacen referencia a la moción 113 que pretende una rebaja de ¢4.000 millones y que afectaría las compras en equipos de transporte, comunicación, armas, chalecos, uniformes, alimentación, combustible, seguros, equipo de cómputo, licencias para monitoreo de redes, entre otros.

Sin embargo, son argumentos que, aunque se están analizando en la comisión, no responden al sentir de los diputados proponentes de las enmiendas.

"Nosotros no estamos buscando un “cierre técnico” de ninguna institución sino un ahorro suficientemente robusto en los gastos corrientes", declaró Solís.

Para la legisladora los recortes planteados responden, una vez más a que el Ejecutivo se quedó corto en su accionar

“Nos lo demuestra en cada presupuesto extraordinario y ahora también en el presupuesto para el 2021. Hemos sido testigos de que el PAC no tiene intención de hacer un recorte verdadero del gasto público”, declaró la diputada.