Por: Rafael González 22 julio

Desde hace un par de semanas, circula en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el Proyecto de Reforma al Reglamento de Procedimiento Tributario para consulta pública.

Este proyecto posiblemente surge en respuesta a las últimas reformas en materia tributaria y a la declaración de inconstitucionalidad del procedimiento tributario anterior. Justamente del proyecto se desprende la necesidad de modificar cualquier artículo que haga referencia al “Acto de Liquidación de Oficio”, propio del procedimiento anterior para que se lea ahora como “Resolución que determina la obligación Tributaria”.

También pretende eliminar cualquier referencia al artículo 144 Código de Normas y Procedimientos Tributarios extinto y además ajusta los períodos de prescripción, para que estos se apliquen conforme a la última reforma del artículo 52 introducida por la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal.

La reforma contempla instaurar como obligación, el uso de correo o buzón electrónico para notificaciones, tanto para comunicar el inicio de fiscalizaciones, como para emitir cualquier acto administrativo de sanción o comunicaciones sobre las obligaciones del contribuyente.

Destacan las modificaciones al procedimiento de determinación de obligación tributaria; el texto en consulta elimina el plazo de 30 días adicionales con los que se contaba para defender o sustanciar un recurso de apelación planteado ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Introduce formalmente el traslado de cargos y reduce el plazo para impugnarlo pasando de 30 días hábiles a solamente diez.

También elimina la Propuesta Provisional de Regularización y determina que el fin de la fiscalización se da con la firma y levantamiento del acta de audiencia final.

Este último cambio es de gran relevancia para la determinación de suspensiones dentro del procedimiento que puedan dar lugar a la prescripción del período fiscalizado.

Finalmente, se introduce un nuevo “traslado de cargos sancionador”, donde ahora la presunción de infracción será notificada hasta que haya una manifestación contra la Propuesta de Regularización. Contra este traslado de cargos también habrá un plazo único de impugnación por 10 días hábiles.

En resumen, el proyecto contiene importantes cambios que impactan al contribuyente en aspectos básicos como los plazos de impugnación e incluso medios para recibir comunicaciones.