El Senado de Bolivia trabaja este jueves a todo vapor para consensuar y aprobar cuanto antes una ley de convocatoria a elecciones generales, mientras persisten en varias ciudades bloqueos viales de partidarios del expresidente Evo Morales que afectan la distribución de combustibles.

La meta es que el Senado “apruebe este jueves” el llamado a comicios, para atender “esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables”, dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz.

Esa comisión, por acuerdo interpartidario de oficialistas y opositores, comenzó el miércoles a analizar dos proyectos de ley de llamado a comicios, que incluyen la renovación total de los ministros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de nueve tribunales departamentales.

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Uno es el enviado por la presidenta interina de derecha, Jeanine Áñez, y el otro fue presentado por el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, que tiene la mayoría en el Congreso.

El objetivo es primero elegir a autoridades electorales y luego fijar una fecha para convocar a las urnas, aún no establecida.

Más de 30 autoridades del TSE y sus organismos departamentales fueron detenidas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) difundiera un informe de auditoría que encontró irregularidades en el conteo de votos que dio como ganador en primera vuelta al izquierdista Morales en los comicios del 20 de octubre, por encima del centrista Carlos Mesa.

Las protestas comenzaron por la sospecha opositora y de colectivos civiles de que hubo fraude, negado hasta ahora por Morales, quien, sin embargo, renunció en medio de la presión y tras perder el apoyo de militares y policías, y se asiló en México hace más de una semana.

De aprobar el Senado alguna ley, esta pasará a diputados para su sanción y luego al poder Ejecutivo para su promulgación.

La OEA, desde Washington, aprobó el miércoles una resolución llamando "urgentemente" a la convocatoria de nuevas elecciones.

Bloqueos y escasez

Mientras el Senado trabaja una ley, clave para descomprimir la violencia social que deja en un mes 32 muertos y más de 400 heridos, persiste el asedio de partidarios de Morales sobre la estratégica planta distribuidora de carburantes de Senkata, en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Senkata, donde el martes se registraron ocho muertos durante una operación policial-militar para proteger un convoy de camiones con gasolina, "se encuentra en este momento peligrosamente cercada por personas afines al MAS", dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.

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El texto acotó que los opositores, que rechazan a Áñez como presidenta, "pretenden tomar y dañar dichas instalaciones con el uso de explosivos (dinamitas), poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña" y cuentan "con la ayuda de súbditos extranjeros".

Para evitar la toma de las instalaciones, los militares mantienen un perímetro de seguridad, complementó el ministerio.

En las estaciones de servicio se observan decenas de automóviles públicos y privados que esperan durante horas por gasolina.

La falta de combustible por el bloqueo también ha afectado el transporte de alimentos en La Paz y El Alto y ha disparado el precio de los productos de la canasta familiar hasta un 200%, como en el caso de carnes de pollo y vacuna, frutas y verduras.

Los alimentos tampoco han llegado a los hospitales, alertó el ministro de Salud, Aníbal Cruz, quien dijo que los pacientes "pueden morir, no por su enfermedad, sino de hambre".

Asimismo, bloqueos de carreteras se registran en las salidas e ingresos de las ciudades de Cochabamba (centro), Santa Cruz (este) y Sucre (sureste), por parte de campesinos leales a Morales.

Llamado a la comunidad internacional

Morales, un indígena de 60 años y aliado de Cuba y Venezuela, pidió desde México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas”, comparando la represión con un “genocidio”.

El exmandatario, quien llegó al poder en 2006 y aspiraba a su cuarto mandato hasta 2025, sostiene que fue víctima de un "golpe de Estado" impulsado por la derecha, los policías que se amotinaron y comités cívicos de oposición que pidieron su renuncia.

Morales fue denunciado la víspera por la administración de La Paz de instruir por teléfono celular el cerco a las ciudades y de prohibir a sus seguidores que pasen alimentos, según un video difundido por el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.