Costa Rica aprobó tres de cada diez solicitudes para refugio en los últimos cinco años

“Decidí salir cuando mis posibilidades de crecimiento económico no estaban fluyendo”, cuenta. En un impulso le contó a sus padres que dejaba Venezuela y vendió algunas cosas para costear el viaje.

El destino la trajo a Costa Rica por mera casualidad: era el boleto más económico en ese momento. Sin saber nada del país, arribó a San José huyendo no solo de la estrechez económica, sino de la inseguridad. Aunque no se declara una perseguida política, su participación en las marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro se volvió cada vez más arriesgada.

Ese mismo mes Lorelis inició el proceso de solicitud de refugio en Costa Rica, el cual tuvo un resultado afirmativo casi cuatro años y medio después. En febrero de este año recibió el carné que la acredita como persona refugiada en suelo nacional.

Lorelis fue una de las casi 3.000 personas venezolanas que en 2017 abrieron su proceso de solicitud de refugio en Costa Rica. Un número que, en el caso de los venezolanos, viene en descenso pero que a nivel general vive la tendencia contraria.

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2018, año disparador

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Desde 2017 y hasta julio de 2022, Costa Rica ha recibido 195.843 peticiones de refugio. De ellas, ha concedido 6.785 (cerca del 3,5%) y ha rechazado ligeramente más, 9.250 (un 4,7%), según los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería analizados por EF.

En el último lustro, el año con mayor número de aprobaciones y rechazos fue 2020 que, con las restricciones fronterizas por la pandemia, permitió tramitar un mayor grupo de solicitudes.

No obstante, la DGME maneja como base los casos resueltos. De todos los casos que han llegado a la última instancia, la aprobación anda en torno al 65%. Esto sucede porque la institución se enfoca en resolver los casos que tienen mayor probabilidad de ser aceptados.

Por ejemplo, entre enero y julio de este año se resolvieron 1.643 solicitudes, de las cuales 1.123 se aprobaron y 520 se denegaron, lo que corresponde al 68,4% y 31,6% respectivamente.

Además, con frecuencia solicitudes iniciadas no se continúan, por ejemplo porque la persona desiste o no se presenta más, las cuales se archivan y se declaran inadmisibles.

Ya desde 2012 la cantidad de solicitudes venía en aumento. Ese año fueron 907 y en 2017 alcanzaron las 6.100, pero 2018 marcó un antes y un después. Ese año se disparó la apertura de procesos, pues hubo un incremento del 78% con respecto al año previo.

El inicio de la crisis política y social en Nicaragua empujó a miles de personas a salir de las fronteras del país vecino. Entre ellas Jahoska Ruiz, una mujer de 41 años que tuvo que dejar Granada tras la persecución de la que fue víctima por ser pareja de un participante activo en las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega.

Llegó a Costa Rica el 27 de julio de 2018. Su pareja había salido semanas antes también hacia Costa Rica. En ese intervalo de tiempo Jahoska sufrió asedio y seguimiento en su trabajo y su domicilio. “Yo me vi obligada a dejar mi trabajo y tuve que malvender mis cosas, regalar otras y nos vimos obligados a venirnos para acá”, cuenta la abogada.

Un día después de llegar inició el proceso de solicitud de refugio respaldada por las pruebas de imágenes, noticias y mensajes amenazantes que recibieron ella y su pareja, por lo que temen volver a su país. El resultado afirmativo llegó en noviembre del 2019, cuando se confirmó su elegibilidad como refugiada en Costa Rica.

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Su hermana y su hija huyeron posteriormente, a pesar de la oposición inicial del padre de esta última, pues es funcionario público.

Jahoska menciona que el 2018 representó una oportunidad para muchos nicaragüenses que ya estaban de forma ilegal en Costa Rica y decidieron intentar obtener la condición de refugiados, lo que explica parte del pico de solicitudes.

En 2019, la cantidad de solicitudes volvió a crecer, pero se redujo en 2020 debido a los cierres de fronteras. En 2021 se dio un récord de casi 60.000 y todo apunta a que el 2022 marcará un nuevo máximo. Este acumulado provoca que el tiempo promedio de resolución llegue ahora a más de tres años.

Entretanto, las personas reciben un carné que las acredita como solicitantes, el cual les permite estar de forma legal en el país.

El proceso normal empieza con la formalización de la solicitud, en el que se llena un formulario con datos básicos y motivos de solicitud, con lo se abre el expediente y se cita a una entrevista de elegibilidad, el paso crucial que da a las personas la oportunidad para narrar y exponer la razón de la solicitud.

En este proceso también participa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que brinda asesoría y apoyo para determinar la condición de la persona. Esta agencia tiene una oficina de atención en Upala y otra en San José y administra la página de Facebook Refugio CR en la que da información y asistencia.

El subdirector general de Migración, Allan Rodríguez, explicó que están empezando a aplicar un nuevo método para agilizar la entrega de las resoluciones finales. En esa primera cita el oficial determina de una vez si la persona es elegible o no.

Si es aprobada se emite una resolución, se notifica y se hace entrega del carné oficial con número Dimex que debe ser renovado cada dos años. Si es rechazada, se puede acudir a un recurso de revocatoria y apelación de revocatoria. Si se confirma el rechazo existen dos opciones: salir del país en un plazo de un mes o buscar otra opción migratoria.

Cuatro de cada cinco solicitudes provienen de ciudadanos nicaragüenses. Ese alto volumen ha obligado a tener un proceso exclusivo para ellos: deben llamar al 1311 para sacar una primera cita, algo que las otras nacionalidades no requieren.

Venezuela y Cuba completan los tres primeros lugares de procedencia de la mayoría de solicitantes. Todos los primeros diez puestos los ocupan países latinoamericanos, excepto China, de donde han llegado 379 solicitantes desde 2017.

También llegan solicitantes de países más lejanos como Eritrea, Gambia o Kazajistán, aunque en menor cantidad. En algunas nacionalidades solo hay un caso en el último lustro.

Algunos ciudadanos de países como Islandia, Suiza o Países Bajos, caracterizados por sus Estados de derecho sólidos, también piden refugio en Costa Rica. Desde 2017, 20 personas alemanas, dos holandesas, una islandesa y una suiza han pedido este estatus en el país. También 62 estadounidenses.

Rodríguez comentó que estos casos se revisan de forma particular, pues generalmente se trata de situaciones muy específicas en los que la persona, por alguna razón, se siente insegura, amenazada o perseguida en sus sitios de origen. No obstante, desde 2017 solo se han concedido refugios a ciudadanos de dos países europeos: Rusia y Ucrania.

Asimismo, existen 17 solicitudes de refugio de personas apátridas, es decir, que no están reconocidas en ningún país. En estos casos interviene la Cancillería para decidir si hace o no el reconocimiento.

En total, desde 2017 bajo esa modalidad se han recibido solicitudes de 90 nacionalidades. La DGME carece de datos de cuánto le cuesta al país la atención a una persona refugiada

Oportunidades y discriminación

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La figura del refugio permite a las personas acceder a los sistemas de seguridad social, salud y educación públicos. Esto lo pueden hacer incluso desde que reciben el carné temporal mientras esperan por la resolución de su caso.

Ambos carnés les permiten asimismo trabajar de forma legal y salir del país, pero deben notificar su salida y confirmar que van a regresar para mantener el proceso abierto.

Las dos mujeres protagonistas de esta historia, Lorelis y Jahoska, aseguran que han encontrado puertas abiertas para la salud y educación. No obstante, perciben cierta discriminación al momento de buscar empleo.

Aunque ya cuenta con una ocupación formal y permanente, Lorelis siente que la búsqueda de empleo en Costa Rica es difícil, aún cuando venía abierta a trabajar en lo que sea y no solo en su profesión. Además, asegura que el nivel de inglés que se pide a veces es un obstáculo.

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Jahoska ha encontrado situaciones de explotación en trabajos previos sin las condiciones laborales adecuadas y con bajos salarios. “Me cansé de estar en esa situación y he aplicado a trabajos pero sigo en las mismas, soy una persona desempleada”, dice.

Sumado a eso, todavía persisten trabas en el acceso al crédito para personas refugiadas, algo que está en conocimiento de la DGME. El subdirector mencionó que han intentado llegar a mecanismos de facilitación con entidades bancarias pero estas sostienen que prestar a refugiados les representa un riesgo mayor por la posibilidad de que abandonen el país.

“Eso lo hemos trabajo desde hace muchos años. No es por un tema de desconocimiento, pero en el análisis de riesgo que hacen ellos consideran muchas veces que esa condición podría ser transitoria”, comentó el funcionario.

Lorelis, por el contrario, lo ve al contrario desde su perspectiva. La poca oportunidad de acceder a un préstamo alienta sus deseos de dejar Costa Rica a futuro.

“No nos dan casi ningún tipo de crédito. Yo me compré una moto pero fue porque reuní la plata (...). Me frena muchísimo el querer quedarme en Costa Rica porque me gusta pero para mí es importante poder decir ‘me puedo comprar un lote con un crédito’ y aquí no lo puedo hacer”, dijo.

Sin embargo, el subdirector agregó que luego de tres años como refugiada oficialmente, una persona puede optar a la residencia permanente, algo que podría facilitarles el acceso a préstamos.

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Figura internacional

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La figura del refugio se rige internacionalmente bajo los supuestos de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, esos supuestos los acogió Costa Rica en la Ley General de Migración y Extranjería (originalmente la número 7.033, pero vigente la número 8.764).

Entre esos supuestos están que sufra persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, entre otros. No obstante, esta figura no cobija a quienes han cometido delitos graves.

La DGME revisa si la persona cumple con cada uno de esos elementos para ser refugiado. Si incumple al menos uno de los puntos se descarta el refugio y se debe buscar otra figura de protección.

Según Rodríguez, el argumento más común que se aduce es la posición política: persecución, por ser opositoras en Nicaragua, por ejemplo. También hay trabajadores del sector salud, comunicadores y periodistas.

Otros motivos que se dan son persecución por la identidad de género, violencia doméstica y razones económicas.