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En Costa Rica, la premisa de que “limpiar los ríos es una tarea de todos” suena muy bien, pero su resultado es insuficiente.
Las instituciones le ceden la tarea de la prevención a la emergencia.
En vez de limpiar y dragar los ríos en riesgo de manera preventiva, las municipalidades esperan el decreto de emergencia de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) cuando ya han causado desastres y pérdidas económicas para iniciar las obras.
Entre otras cosas, lo hacen porque eso les exime de pasar por los procesos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Para dragar un río que se desborda con frecuencia, una municipalidad debe presentar un estudio hidrológico e hidráulico para comprobar que requiere intervenir en su cauce.También se requiere una evaluación ambiental y un diseño del dragado.
LEA: Municipalidad de San José carece de solución contra inundaciones .
Entre los trámites ante la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y la Dirección de Aguas, el proceso de aprobación tarda de tres a seis meses.
Eso, “si lo traen bien completo”, dice el director de Aguas del Minae, José Miguel Zeledón.
Mientras tanto, el río ya se desbordó, otra vez.
Él mismo reconoce que al final terminan viendo más obras ilegales en los ríos que los permisos que ellos tramitan.
Y entonces, la pregunta queda abierta.
¿Quién se responsabiliza?
La bola de la responsabilidad rebota entre los ministerios y las municipalidades.
En teoría, son las municipalidades las responsables de tramitar permisos y darle mantenimiento a los ríos.
Algunos gobiernos locales han comenzado a unirse con otras organizaciones para hacer limpieza de ríos periódicamente, pero es un esfuerzo insuficiente.
El problema se origina desde muchos sectores: las urbanizaciones que no respetaron el retiro de ley de 15 metros de los ríos al construir es una de las causas más mencionadas por los especialistas consultados.
Es también una de las más complicadas de solucionar. “Reubicar a las familias es un trámite costosísimo”, explicó el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol.
En lugar de árboles o cafetales que absorban el agua llovida, ahora hay techos y asfalto que solo deslizan el agua hacia los ríos sin filtrarla.
Como las lluvias se han concentrado en ciertos meses con mucha más intensidad, las ciudades comienzan a sufrir las consecuencias de sus actos porque los ríos pierden capacidad de llevar caudal.
Cuando las ciudades terminan inundándose, el problema recae en los hombros de todas las instituciones mediante las declaratorias de emergencia de la CNE.
Este tipo de declaratorias logra agilizar los procesos. Se acaban los trámites excesivos.
Es un recurso que ahora la CNE pretende aprovechar para agilizar el mantenimiento de los ríos más riesgosos: Ocloro, Tiribí, María Aguilar y quebrada Los Negritos.
Prevención sin abrir portillos
La CNE pretende convocar a una reunión para generar una resolución vinculante o una declaratoria de riesgo inminente para algunos de estos ríos.
Esos mecanismos podrían reducir significativamente la cantidad de trámites que se requieren para intervenir los ríos. Pero deben ser cautelosos.
Los permisos y trámites que piden el Minae o la Setena tienen origen en algún evento que los obligó a crearlos, explica el jefe de Investigación de la CNE, Lidier Esquivel.
“Si lo hacemos mal, podemos abrir portillos peligrosos para extraer material valioso al amparo de la regulación”, dijo Esquivel.
Mientras tanto, la cantidad de trámites burocráticos que implica el mantenimiento de los cauces echan por la borda la premisa de que entre todos sí se puede.
Ríos en riesgo
Cuatro ríos riegan la Gran Área Metropolitana,
Ejemplos: ljkdh bdfkljbh dfklbjdfh jkldfh bjkldfh jkldfh jklfh bjklh dfjkl
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