En los últimos 5 años, 64.769 migrantes de 90 países recibieron autorización para trabajar en Costa Rica

El 2023 mostró un repunte en las autorizaciones para laborar en Costa Rica que emite la Dirección de Migración y Extranjería (DGME). El total de aprobaciones llegó a 15.352, lo que se traduce en 4.601 permisos por encima de los emitidos el año previo.

En ese año de incremento Costa Rica también vivió una crisis de migrantes en la que a junio se contabilizaron 240.000 solicitudes de refugio movidas principalmente por nicaragüenses y venezolanos. Esas mismas nacionalidades son las que lideran las autorizaciones laborales en territorio costarricense.

Nicaragua y Venezuela tienen gobiernos autoritarios en los cuales el Poder Ejecutivo controla las demás ramas del Estado y el ejército. La represión estatal ante movimientos de protesta y la ausencia de garantías sociales y procesos democráticos han originado mayores flujos migratorios de habitantes de estas naciones en el último lustro.

A partir del 2021 se dispararon las autorizaciones. El año posterior al inicio de la pandemia registró 1.801 permisos para venezolanos, esto supera la cantidad emitida entre 2019 y 2020 a personas con dicha nacionalidad.

Aunque las 15.352 autorizaciones laborales para personas extranjeras en el 2023 superaron la cantidad otorgada el año previo, no sobrepasan el total del 2021: 18.614.

La categoría migratoria especial es la que registra más aprobaciones, mayormente en la subcategoría de refugiado. Tener claro el estatus migratorio al que se pertenece es clave para iniciar con los trámites laborales.

Aproximadamente existen 3.000 solicitudes de permiso laboral pendientes de resolver.

—  Dato brindado por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Aumento de permisos

Del 2019 a 2023 se registraron 64.769 autorizaciones laborales para personas extranjeras. Todos los continentes del mundo se ven representados en las estadísticas de la DGME; Australia, Bulgaria, Filipinas, Namibia y Estados Unidos son algunos de los países de los que son originarias las personas con legalidad para laborar en territorio costarricense.

Los hombres son los que acumulan la mayor cantidad de aprobaciones: el 52,9%. Tan solo en el 2021, del total de autorizaciones el 63,5% correspondía a hombres.

En la línea de tiempo de los últimos cinco años se evidencia que el 2021 representa la mayor cantidad de autorizaciones laborales. Hubo una caída en 2022, pero al año siguiente aumentó de manera significativa.

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Sin estancarse en un año, los nicaragüenses y venezolanos son quienes han recibido la mayor cantidad de permisos de trabajo. Ambos suman, en un periodo de cinco años, un total de 50.699 aprobaciones.

De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) IV trimestre 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población extranjera en Costa Rica es de 385.613 personas de las cuales el 94% tiene 15 años de edad o más.

Solamente 226.439 de las personas mayores de 15 años pertenecen a la fuerza laboral. El 7% de esa población está desempleada.

“Al tener una tasa de empleo temporal alta (50% entre los migrantes y 55% entre los nativos), el desempleo tiende a ser de corto plazo, solo el 5% de los desempleados (migrantes y nativos) duran más de 12 meses en esta condición”, indicaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe ¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe?.

Categorías

Las tres categorías migratorias existentes y bajo las cuales las personas extranjeras pueden laborar en Costa Rica son: especial, residente temporal y residente permanente. Esos tres estatus se componen de subcategorías donde la más conocida es la de refugiados, pero no equivale a la más solicitada.

Si bien la categoría especial es la que más registros de autorizaciones contiene -mayormente para refugiados-, son las personas extranjeras que tienen un vínculo con una persona costarricense quienes han obtenido la mayor cantidad de permisos para laborar en territorio nacional. Estos migrantes pertenecen a la categoría de residentes permanentes.

A partir del 2023 se habilitó una nueva subcategoría dentro del estatus especial, y es la categoría especial temporal para personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas para atender las solicitudes de refugio en medio de la crisis migratoria que travesó el país en dicho año. Se aprobaron 6.251 permisos para laborar.

El costo de la solicitud es de $95 y se otorga a través de un documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (Dimex), incluyendo el Dimex digital.

Dentro del estatus migratorio especial, los que acumulan más autorizaciones son: refugiados con 8.472 y trabajador de ocupación específica (agrícola cuenta propia) con 6.748; del 2019 al 2023.

En la categoría de residencia temporal son los ejecutivos, representantes, gerentes y personal técnico de empresas establecidas en el país los que concentran más autorizaciones en un periodo de cinco años: 4.151.

Empleo en migrantes

De las 210.206 personas extranjeras con empleo en el 2023, el 15,7% tiene un nivel de educación universitario, según la ECE del IV trimestre 2023. El 49% tiene primaria completa o menos.

“Si bien los migrantes en general complementan sus habilidades en el mercado laboral de sus países de acogida, los migrantes altamente calificados se asocian con mayores aumentos en las exportaciones”, aseguró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su publicación de marzo anterior titulado Papel de la Migración para el Desarrollo Sostenible.

Los migrantes que laboran —al igual que los nacioanles— lo hacen principalmente en el sector comercio y servicios. En cuanto al grupo ocupacional, la menor cantidad se desempeña como directores y gerentes (1.576 personas), mientras que las ocupaciones elementales y los trabajadores de servicios y vendedores de comercios son los grupos más grandes: 78.348 y 57.662 personas extranjeras, respectivamente.

El 96,8% de los migrantes con empleo se desarrollan en el sector privado y el 55,3% tiene trabajo formal.

Para solicitar el permiso para trabajar en Costa Rica la persona interesada debe tener claro a la categoría migratoria que pertenece debido a su condición. Esto lo puede hacer a través del sitio web de la DGME www.migracion.go.cr .

“El siguiente paso implica la recolección meticulosa de los documentos requeridos para la categoría migratoria específica bajo la cual se está aplicando. Con toda la documentación preparada, el solicitante debe presentar su solicitud ante la DGME para su evaluación detallada”, explicó Jordan Arias, experto en derecho migratorio en Ecija Legal Costa Rica.

Por ejemplo, los ejecutivos, representantes y gerentes tienen un estatus migratorio de residencia temporal, por lo tanto algunos de los requisitos son: copia del contrato de trabajo debidamente autenticado, los ejecutivos y gerentes deberán presentar una certificación firmada por el representante legal de la empresa, certificación de la aseguradora correspondiente, entre otros.

En cuanto el solicitante presenta todos los requisitos, la DGME tiene un plazo de tres meses para resolver. En caso de que la persona no presente todos los documentos completos, la entidad brinda un plazo de 10 días para que la información sea subsanada. Una vez vencido el plazo, la DGME declarará inadmisible la gestión y ordenará el archivo del expediente respectivo.

Es decir, en caso de no brindar la información de manera correcta, el proceso se extenderá por más de tres meses.

“En caso de aprobación, el solicitante deberá completar algunos pasos finales, como efectuar los pagos correspondientes, demostrar su afiliación a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS )y acudir a la toma de fotografía para su documento de identificación migratorio, junto con cualquier otro requerimiento que la autoridad migratoria estime pertinente en ese momento”, detalló Arias.

Lo dicho por Arias se debe realizar entre los 90 días posteriores a la recepción de la resolución positiva. Realizado lo anterior, la persona extranjera recibe el documento de identificación migratorio.