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El problema de la sobrepoblación penitenciaria no se soluciona construyendo más cárceles. Si construimos 1.000 cárceles más, las 1.000 se llenarán.
La búsqueda de una solución debe enfocarse, por ejemplo, en: 1) Analizar los alcances del sistema punitivo. 2) Dejar la cárcel para aquellas ofensas realmente lesivas para la sociedad. 3) Y promulgar políticas sociales y económicas que permitan el desarrollo de los sectores más vulnerables para evitar que se enrolen en actividades delictivas.
La directriz emitida por el Ministerio de Justicia, relativa al cambio de régimen de aproximadamente 1.000 privados de libertad, ha generado una enorme controversia. La medida consiste en aumentar la cantidad de privados de libertad sometidos al régimen semiinstitucional, logrando así disminuir la cantidad de personas recluidas.
Esta acción ha traído a la luz pública la dicotomía existente entre las visiones para tratar el tema de la criminalidad.
Por un lado, el Ministerio busca disminuir el problema de la sobrepoblación penitenciaria. Con este objetivo y partiendo de la premisa de que estamos ante una situación de “emergencia”, deciden disminuir la sobrepoblación cambiando de régimen a un grupo de privados de libertad.
En contraposición, existen quienes promulgan el endurecimiento de las penas, la disminución de las garantías, el enfocar al imputado como “el enemigo” en aras de proteger a la sociedad. Estas personas consideran que una medida como la tomada por el Ministerio de Justicia constituye una afrenta a los derechos de los ciudadanos y una especie de apología del delito.
Considero que esta acción es bien intencionada pero insuficiente.
Disminuir la sobrepoblación penitenciaria simplemente sacando gente de la cárcel es como tomarse una aspirina para aliviar un dolor de muelas, el dolor mermará un rato, pero mientras no se trate la carie el dolor volverá.
La medida en cuestión podría generar una disminución temporal de la sobrepoblación, pero no ataca el meollo del asunto: la cantidad de personas que ingresan a nuestro sistema penitenciario ha aumentado en los últimos años.
Cabe preguntarse entonces si esto se debe a un aumento en la criminalidad, a una mayor eficiencia del sistema, a un aumento en la penalización de conductas que antes no eran tuteladas por el sistema penal o, incluso, a una reducción de las garantías procesales.
Si no entendemos las razones de este aumento, no vamos a poder atacar el fenómeno. Esta es labor de todas las esferas del Estado (legisladores, jueces, fiscales, ministros) e, incluso, de la sociedad civil. Cualquier medida que se tome sin hacer un análisis de las razones reales que ocasionan el aumento exponencial en el ingreso de personas a nuestras cárceles, resultará insuficiente.
El crimen no es una enfermedad a la cual vayamos a encontrar una cura o definitiva, siempre existirán delitos.
Lo que debemos hacer como sociedad es crear las condiciones para que este tipo de conductas sean cada vez menos y tener un sistema punitivo que funcione adecuadamente en relación con aquellas conductas que se consideran lesivas del sistema.
