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Es enemigo de las reformas fiscales y defiende el gasto público para el desarrollo de infraestructura. Rodolfo Piza Rocafort, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propone discutir proyectos fiscales puntuales y no un paquete , como se ha tratado en los últimos gobiernos. La vía que propone para disminuir el déficit es contraer el gasto corriente y mantener el tamaño del Estado. El gasto que sí aprueba es el destinado a infraestructura, pues fue la fórmula que implementó como presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 1998 y 2002.
- Reforma fiscal
¿Usted quiere o no una reforma fiscal?
Yo no creo en los paquetes fiscales, lo he sostenido. Me parece que la reforma presupuestaria fundamental es contener el crecimiento del gasto ordinario.
“El país va a necesitar mayores fondos, pero me parece que la tarea principal es mejorar la recaudación.
“Esto no quiere decir que no se pueda discutir algún proyecto específico, como las exoneraciones en algunas áreas o discutir las ventajas del impuesto de ventas versus el impuesto del valor agregado”.
De lo que se ha discutido los últimos años, ¿qué es lo que definitivamente a usted no le gusta?
No me gustan los paquetes fiscales porque me parece que ninguna sociedad democrática tiene la obligación de discutir al mismo tiempo cambios sustantivos en todos los sistemas tributarios.
“Me parece que ninguna sociedad, salvo en una época de crisis muy severa, es capaz de asimilar un cambio en todos los impuestos y además en la administración tributaria.
“Las sociedades son capaces en una democracia de ir haciendo ajustes paulatinos y uno por uno.
“Pero los paquetes fiscales obligan a votar todo el conjunto a favor o en contra y eliminan la posibilidad de discutir temas sensibles.
“Hay una segunda razón. Cuando se discute un paquete fiscal se crea una incertidumbre jurídica y se paran las inversiones porque no se sabe exactamente todo lo que va a cambiar a un mismo tiempo”.
Si no quiere una reforma, ¿cómo piensa luchar contra el déficit?
En primer lugar, contener el crecimiento del gasto ordinario. Si los ingresos promedio crecen un 5% en términos reales y el gasto ordinario crece 3%, cada año usted va a tener un margen mayor para contener el gasto.
“Para eso creo en no aumentar el número de plazas en más del 1,5% anual. En los últimos años han aumentado desmesuradamente.
“No es un Estado más pequeño. Yo creo que el tamaño del Estado ya es razonablemente normal. Hoy, por ejemplo, el 25% de los asalariados son del sector público, eso significa cerca del 15% de la población económicamente activa, de manera que ya es un tamaño razonable.
“Creo que se podría no reponer el 100% de las plazas que quedan vacantes. Al menos una cuarta parte de las plazas que quedan vacantes en el área administrativa pueden no reponerse en los primeros años hasta que busquemos un mayor equilibrio en el gasto ordinario.
“En el tema financiero, creo que sí se podría caminar hacia una renta común para los ingresos financieros, pero cada reforma por aparte”.
- Simplificación de trámites
¿Cuál va a ser su estrategia para reducir trámites?
Este es uno de los temas más importantes porque está ligado a la lucha contra la corrupción.
“Mi estrategia se basa en varios puntos. El primero: buscar la ventanilla única en todo trámite ante la administración pública, porque hoy es un calvario. Mandan a las personas de la seca a la meca.
“Segundo: Definir claramente cuáles son los requisitos para cualquier trámite, permiso o licencia, en un listado que tiene que definir claramente la administración y sin tener una cláusula final que llamamos los abogados de numerus apertus ; es decir, una cláusula que diga “y los demás requisitos que establezcan los decretos y las leyes”, lo que hace que al final el funcionario tenga la discrecionalidad de escoger.
“Tercero. Eliminar todo lo posible la discrecionalidad de los funcionarios. Debemos buscar fórmulas más regladas, donde, si se cumplen los requisitos, se tiene derecho, y si no se cumplen, no se tiene derecho, porque hoy existen múltiples sistemas que permiten al funcionario —discrecionalmente— dar o no un permiso y eso le abre un espacio muy grande a la corrupción.
“En cuarto lugar, me parece que no se deben solicitar certificaciones o documentos que constan en registros o en entidades públicas”.
“Todo trámite o permiso que otorgue la administración pública debe ser transparente y publicado en Internet, de manera que todo el mundo sepa quiénes son los beneficiarios.
“Me parece que el silencio positivo en todo permiso o licencia debe ser estricto y aplicarse. Existe un decreto pero nadie lo está aplicando, debería ser prácticamente automático”.
- Reforma del Estado
De 1990 al 2013 se han redactado al menos 27 documentos sobre reforma del Estado. ¿Cuál es para usted el principal problema en este tema?
El diseño constitucional costarricense, hoy, premia la inactividad y sanciona fuertemente al funcionario activo. Un sistema que crea incentivos muy fuertes para la inactividad y sanciona fuertemente la actividad genera una distorsión fundamental.
“Un funcionario que no actúa, prácticamente queda inmune; en cambio, si actúa, genera más posibilidades de ser sancionado múltiples veces porque todo ser humano puede cometer errores. Entonces, tenemos un sistema que castiga fuertemente los errores.
“El diseño institucional costarricense entraba mucho la posibilidad de la acción; sin embargo, no entraba el hacer daño. Hoy se le ha otorgado la oportunidad de veto para distintos funcionarios y pocas posibilidades para actuar. Entonces, sí hay un problema de diseño institucional; algunos lo llaman ingobernabilidad democrática”.
¿Qué cambios vislumbra?
Hay que ajustar. Primero, la relación Poder Ejecutivo – Poder Legislativo, ser más reponsable el Ejecutivo frente a la Asamblea y la Asamblea frente a la sociedad.
“Segundo. En la Asamblea Legislativa hay que reformar el reglamento legislativo, porque no se vale el filibusterismo. Me parece que el Poder Ejecutivo debe tener tres proyectos al año que se puedan votar y que cada fracción legislativa pueda aprobar al menos un proyecto al año. Además de algunas limitaciones en el uso y abuso de la palabra en relación con el derecho de enmienda.
“La Asamblea necesita votar por las mayorías previstas constitucionalmente porque el sistema se disloca cuando no tiene la capacidad de tomar decisiones por las mayorías elegidas y con respeto a las minorías.
“Yo no elimino la consulta constitucional porque creo que es un mecanismo de garantía fundamental para las minorías.
“En el Poder Judicial, por supuesto, que también hay reformas sustantivas. La más importante es lograr un avance hacia la justicia pronta y cumplida. Yo tengo muchos años de defender el tema de avanzar hacia el juez del mazo en todos los procesos civiles o de orden privado.
“El juez del mazo se parece al modelo anglosajón donde las dos partes llegan a una primera audiencia oral, rápida, máximo dos testigos, presentan sus argumentos y el juez toma la decisión en ese momento. Si las dos partes están de acuerdo, simplemente se sigue sin el pago de costas. Más del 90% de los conflictos se podrían resolver de esta manera. Ahora, si las personas no están de acuerdo, tienen derecho a un tribunal. En Estados Unidos a eso le llama pedir juicio de jurado.
“Respecto a los entes descentralizados, también he señalado que las reglas generales se fijen en el presupuesto general. Es decir, cuál es el límite del crecimiento del empleo público; que lo establezca el Parlamento, como se hace en casi todos los países. Porque no puede ser que en el presupuesto solo se discuta un tercio de todos los presupuestos públicos.
¿Habría que cerrar instituciones?
Yo no me concentraría en eso. Me parece que sí se puede trasladar algún personal de instituciones que no están cumpliendo hoy su función a instituciones que necesitan funcionarios.
“El Consejo Nacional de la Producción (CNP) puede ser un ejemplo, que no pierda su función, simplemente que se una, por ejemplo, con el Instituto de Desarrollo Rural”.
¿Tendría que crearse alguna institución?
No, al revés, me concentraría en la coordinación de los ministros rectores.
En la Ley General de la Administración Pública de 1978 se estableció el concepto de ministro rector. Hay que darle vida a eso para que existan directrices vinculantes y un compromiso del Consejo de Gobierno para nombrar funcionarios en esas instituciones que sepan que salirse de las directrices significaría la posibilidad de perder su puesto.
- Seguridad ciudadana
¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana?
En primer lugar, sancionar desde el punto de vista penal mucho más severamente la violencia sobre la víctima, porque no es el tema del costo del celular, es el tema de la violencia que se ejerce contra las personas.
“Cuando existe violencia sobre las personas, la pena debe fijarse en el tercio superior de la pena. Si una pena establecida para un determinado delito es de dos a diez años, tendría que ser de entre ocho y diez años en caso de que haya violencia”.
“En segundo lugar, ser mucho más decisivos contra la violencia virtual. En la doctrina de la ventana rota, romper una ventana puede no ser tan grave; romperla dos veces empieza a ser grave, y romperla tres veces ya equivale a un delincuente virtual, es una persona que habitualmente comete delitos. Es una discusión que tenemos que abordar. Algunos países europeos tienen este modelo.
“La tercera medida es el caso de la cantidad de gente que está en nuestras cárceles. En las últimas décadas, casi cada legislación creada en el país tiene un capítulo penal y hemos convertido en delito lo que se podía resolver vía multas o por otros mecanismos.
“En el ámbito de las cárceles se necesita mucho más humanidad. Nosotros tenemos la obligación, como sociedad, de separar a aquellos individuos que han cometido un delito y que pueden causar daño a la sociedad. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de tratarlos dignamente. No somos un país que va a renunciar a los valores y a los derechos humanos fundamentales.
- Infraestructura
Entre tantos pendientes en infraestructura, ¿cuáles son sus prioridades?
Así como creo que hay que contener el gasto, en infraestructura es al revés. Coincide con lo que yo hice en la CCSS, donde contuve el gasto ordinario y aumenté significativamente el gasto en infraestructura pública. Pasó de $15 millones un año a $30 millones el año siguiente, a $45 millones después y a $60 millones en el cuarto. De manera que puedo hablar desde una experiencia concreta.
“Creo que el margen de crecimiento de la infraestructura pública con fondos públicos es esencial y debe aumentarse. Nuestro compromiso es que, a la vez que bajamos el déficit un punto porcentual del PIB por año, tenemos que duplicar la inversión con fondos públicos. Eso se tiene que hacer paulatinamente.
“Claro, si usted observa los presupuestos de los últimos años verá que han contenido el gasto en infraestructura, mientras han disparado el gasto ordinario. Ha bajado la inversión pública.
“Nosotros tenemos cerca de 40.000 km de carreteras. Yo reitero mi compromiso de que el fondo del impuesto para los combustibles se dirija el 90% solo al mantenimiento de las vías.
“No debemos descartar la concesión de obra pública para obras nuevas, no para recarpetear existentes. Me parece un error muy grave concesionar una carretera existente porque las personas ya se acostumbraron a ella, ya la usan, ya es propia y tienden a rechazar que un tercero venga a aprovecharse de esa obra ya desarrollada. Habría que establecer un sistema de financiamiento de obras más transparente.
“La concesión es un derecho real administrativo y como tal se puede dar en garantía.
“Hay que enfatizar en algunos temas de infraestructura fundamental: aulas, gimnasios y baños no demandan grandes inversiones. Aquí todo el mundo piensa en la gran inversión y no en la que le interesa más directamente a la gente.
“En el campo de los aeropuertos, no podríamos avanzar en las obras en el sur o en el norte, pero sí podríamos avanzar hacia dos aeropuertos para chárter.
“Creo en la rehabilitación de los ferrocarriles, al menos desde Paraíso hasta Alajuela y desde La Guácima hasta Plaza Víquez.
“Creo que se debe iniciar con la construcción de la primera línea del metro, de Tibás a los Hatillos, conectándose con el tren interurbano.
“No creo que se pueda resolver el caos vial únicamente con nuevas modalidades de transporte superficial; tendremos que ir a nuevas modalidades de transporte subterráneo”.
