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El pasado martes 5 de setiembre, una corte europea de derechos humanos decretó que las empresas pueden monitorear los correos electrónicos de sus empleados siempre y cuando se les notifique a los trabajadores por adelantado, lo cual dio forma a un área de la ley que está evolucionando rápidamente y se encuentra en la intersección de la tecnología, la privacidad y los derechos de los trabajadores.
Al hacerlo, los jueces están reduciendo un dictamen anterior que había provocado inquietud en Europa, donde la privacidad se ve como un derecho fundamental.
La primera decisión había tenido un enfoque similar a la ley que existe en Estados Unidos, la cual da a las empresas una amplia gama de facultades para monitorear las comunicaciones en el lugar de trabajo.
La última decisión, la cual tomó la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ofrece mayor protección porque obliga a las empresas a informar de sus políticas a los trabajadores.
Los jueces también exhortaron a los gobiernos europeos a que establezcan garantías en contra de los abusos, y dijeron que los negocios debían considerar el uso de formularios de monitoreo para evitar infringir la privacidad de un empleado.
El caso se centró en Bogdan Mihai Barbulescu, un rumano que había creado una cuenta de Yahoo Messenger para comunicarse con clientes.
Sin embargo, sus jefes lo mandaron a llamar el 13 de julio del 2007 para confrontarlo con transcripciones de conversaciones de toda una semana en las cuales habló con su hermano y su prometida de asuntos personales. Dos semanas después, fue despedido.
Las cortes rumanas emitieron un fallo en contra de Barbulescu, quien en ese entonces llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En enero de 2016, el tribunal decretó, 6 contra 1, que el empleador tenía la justificación de leer el historial de conversaciones en el contexto de hacer cumplir la disciplina.
“No es inadmisible que un empleador quiera verificar que sus trabajadores estén completando sus tareas profesionales durante las horas laborales”, mencionó el tribunal en ese momento.
Marcha atrás
En la nueva resolución, la Gran Sala, la cual es en efecto la última división de apelaciones dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, echó para atrás la primera resolución.
En una resolución de 11 contra 6, se encontró que se habían violado los derechos a la privacidad de Barbulescu.
“La resolución de hoy es muy clara en la manera en que hay que delinear los parámetros del monitoreo de los empleados”, afirmó Stephen Ravenscroft, un colaborador que trabaja en Londres y se especializa en derecho laboral en White & Case, un despacho de abogados.
“No será suficiente con que los empleadores tengan una política general que les permita monitorear: la política tendrá que ser mucho más detallada, deberá contener por qué, cómo y dónde pueden ser monitoreados los empleados y explicar cómo se puede utilizar cualquier información que recabe por medio del monitoreo”.
Sin previo aviso
A pesar de que una colega de esa empresa rumana había sido despedida por utilizar su computadora, teléfono y fotocopiadora para uso personal, la corte encontró que Bogdan Mihai Barbulescu “no había sido informado con anticipación del alcance y la naturaleza del monitoreo de su empleador o de la posibilidad de que el empleador pudiera tener acceso a los contenidos de sus mensajes”, señaló la resolución.
Además, la sala encontró que las cortes rumanas no habían realizado una examinación suficiente de las necesidades que tenía le empresa para leer la totalidad de los mensajes de Barbulescu o de la gravedad de las consecuencias del monitoreo, el cual dio lugar al despido.
Mencionó que solo unos pocos países europeos —Austria, el Reino Unido, Finlandia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia— habían regulado de forma explícita el asunto de la privacidad en el lugar de trabajo por medio de una legislación nacional.
No obstante, la mayoría de los países sí solicitan a los empleadores que den un aviso previo al monitoreo.
En países como Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y Suecia, los empleadores pueden monitorear los correos electrónicos que los empleados marquen como “privados”, pero no pueden ver el contenido sin permiso.
La sala europea dictó que los países deben garantizar que los esfuerzos que realizan las empresas para monitorear las comunicaciones de los empleados estén “acompañados de protección adecuada y suficiente en contra del abuso”.
Derecho a la privacidad
La última resolución del caso, Barbulescu contra Rumania, involucra a 47 miembros del Consejo de Europa, el cual incluye a casi todos los países del continente, entre ellos Rusia, Turquía y Ucrania (el Consejo de Europa, el cual se concentra en los derechos humanos, está separado de la Unión Europea y no se debe confundir con el Consejo Europeo, uno de los órganos rectores del bloque).
Por medio de un escrito de desacuerdo, seis jueces señalaron que las cortes rumanas no habían violado el derecho a la privacidad de Barbulescu.
Argumentaron que las autoridades rumanas habían llevado a cabo un “ejercicio cuidadoso para sopesar los intereses en juego, teniendo en cuenta el derecho del demandante de solicitar respeto de su vida privada y el derecho del empleador de realizar un monitoreo, incluidas las medidas disciplinarias correspondientes, para garantizar un manejo tranquilo de la empresa”.
En un comunicado, uno de los abogados de Barbulescu, Emeric Domokos-Hancu, afirmó que la decisión de la corte demostró que “sí existe el derecho a la privacidad en el lugar de trabajo”.
Y agregó que la corte había “establecido de manera correcta que una gran parte de las relaciones sociales, humanas, profesionales y personales se inician, de hecho, en el lugar de trabajo”.
El Ministerio Rumano de Relaciones Exteriores, el cual representó al país en el tribunal, no respondió de inmediato a la solicitud de realizar comentarios.
Este fue el primer caso en que el tribunal se había preocupado del monitoreo de la comunicación electrónica de un empleado por parte de un empleador privado.
Cuando se trata de vigilancia electrónica, el tribunal se ha concentrado principalmente en el uso y en la recolección de información que da el gobierno, a menudo en el contexto del derecho penal o de la asistencia de la salud, y no suele ser dirigida a empresas privadas.
Una secretaria en Gales
En el 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró que el Reino Unido había violado la privacidad de una secretaria en una universidad en Gales que es administrada por el gobierno, porque monitoreó sus llamadas telefónicas, correos electrónicos y el uso de Internet en 1999.
No se le notificó que sus comunicaciones podían ser monitoreadas, y el marco legal de la época no era claro.
El Reino Unido promulgó regulaciones en el 2000, las cuales otorgaban facultades amplias para que los empleadores grabaran o monitorearan las comunicaciones de los empleados sin contar con su consentimiento, siempre y cuando tomaran pasos razonables para informar a los trabajadores que sus comunicaciones podían ser interceptadas por los jefes.
En un caso pendiente, un empleado de la empresa nacional de trenes de Francia, SNCF, ha protestado su despido.
Fue cesado porque su empleador encontró pornografía en su computadora del trabajo, en un disco duro marcado como “datos personales”.
