El Código Penal impone castigos de entre uno y tres años de prisión para quien “utilice o difunda” comunicaciones privadas sin interés público en perjuicio de terceros.
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En la empresa pública el silencio muchas veces no es una opción, pues la comunicación de algunos temas es una obligación legal.
Grandes cúmulos de datos solo se pueden analizar con programas informáticos