MISIÓN DEL FONDO ENTREGÓ SUS CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LA CONSULTA DEL ARTÍCULO IV

FMI pide a Costa Rica 'consolidación fiscal ambiciosa'

Sugirió aprobación del IVA, pero con una tasa que aumente de forma gradual del 13% al 15%


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El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó a Costa Rica iniciar un proceso de consolidación fiscal "ambicioso" para estabilizar el tamaño que tendrá la deuda pública respecto al PIB a partir del 2019 y salvaguardar la estabilidad macroeconómica.

Dentro de ese proceso de consolidación, recomienda continuar con los ajustes presupuestarios y otras medidas de control de la evasión fiscal, pero califican de "crucial" que se apruebe la transformación del impuesto de ventas a IVA y que aplique con una tasa gradual que empiece en un 13% hasta el 15%. También pide la aplicación de un impuesto de renta mundial, así como aplicar cambios para garantizar la sostenibilidad de los régimenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional.

El representante del FMI, Lorenzo Figliuoli, detalló que ese aumento del IVA debería de darse de forma gradual y en un periodo de dos años. Respecto a todas las reformas en el campo fiscal, el funcionario dijo que esperarían un efecto total equivalente al 3,75% del PIB que se alcanzaría a lo largo de cuatro años, donde el primero sería de 1,25% y el monto restante en los siguientes tres años.

Este listado de sugerencias quedó plasmado en las conclusiones preliminares de la misión del FMI en relación a la consulta del artículo IV, evaluación que realiza anualmente el Fondo. El equipo se encuentra en el país desde la semana pasada y esta tarde entregó los resultados en una conferencia con el presidente ejecutivo del Banco Central, Olivier Castro y al ministro de Hacienda, Helio Fallas.

El FMI señaló que las perspectivas económicas del país no son tan alentadoras debido al debilitamiento de los fundamentos económicos, entre ellos, un crecimiento económico del 3,5% en el 2014 y 2015, la debilidad de la inversión pública, el aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, así como el leve incremento en la inflación.

Además, considera que el país enfrenta riesgos internos y externos, principalmente ligados a la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, la desaceleracion de las económicas avanzadas y una posible contracción de la inversión extranjera producto de la salida de la planta de manufactura de Intel.

Agregó que las tendencias fiscales actuales son "insostenbiles" y proyecta que el déficit se mantendría en un 6% del PIB hasta el 2019. Por lo tanto, la relación deuda/PIB llegaría al 51% en ese año.

En ese sentido, el documento señala que es crucial la aprobación, "sin demora" del IVA (respetando las tasas diferenciadas para la canasta básica, los servicios de salud y educación), pues "las mejoras a la administración tributaria y los recortes del gasto que se están considerando resultaría insuficientes".

Igualmente, pide que la política monetaria debe ser flexible para poder responder ante posibles riesgos inflacionarios. En ese frente, propone que se elimine la banda cambiaria (algo que ya el Banco Central ha dicho que va a hacer) y también ajustar nuevamente la Tasa de Política Monetaria de ser necesario.

Otra de las recomendaciones consiste en dejar el mandato del Central tal y como está en este momento y evitar variarlo al incluirle otros objetivos. Dentro del sector económico y político del país se ha presentado la discusión de que el BCCR también se encargue de vigilar y mejorar el nivel del empleo.

Sin embargo, los representantes del Fondo consideran que agregarle otras tareas a la autoridad monetaria local implicaría ponerlo en una posición en la que puede perder credibilidad.

Además, de aprobar el IVA y la renta mundial, el FMI dice que es conveniente relizar una tercera parte del ajuste presupuestario necesario en el 2015 (un 1,25% del PIB) y realizar "pasos más pequeños" en los siguientes cuatro años.

En ese sentido, la meta del Gobierno de dejar el faltante fiscal en un 4% del PIB es "adecuado", lo mismo que poner énfasis en aumentar el ingreso. No obstante, el Fondo señaló que este plan (que incluye los proyectos del IVA y renta mundial) solo generarían un ahorro del 2,25% del PIB, por lo que deberan desarrollarse otras medidas sobre el impuesto de renta y el gasto.

"Aunque las medidas recientes encaminadas a mejorar el cumplimiento de la normativa tributaria, como el proyecto de ley contra la evasión impositiva elevado al Congreso, constituyen un avance, la misión advierte que los frutos de esas iniciativas son, en general, inciertos y están lejos de ser inmediatos", señala el documento.

Por ese motivo, piden que la tasa del IVA suba gradualmente del 13% al 15% y aumentar las tasas impositivas marginales de las categorías más altas como la introducción de un impuesto de renta mundia para mejorar los ingresos fiscales.

Helio Fallas confirmó que la propuesta de aumento en el IVA estaría incluida en el proyecto de ley que Hacienda espera mandar a la Asamblea Legislativa antes de que termine el 2014.

También recomienda redoblar esfuerzos para contener el gastos corriente, sobre todo en salarios y transferencias, y modificar la indexación que permite aumentos automáticos del salario real, además de mejorar la eficiencia del empleo público.

Figliuoli explicó que de todo el cambio en materia hacendaria, dos terceras partes deben darse por el lado de la recaudación, mientras que una tercio de los ajustes debe provenir de un mayor control del gastos. En este último campo, el cuidado debe estar en el crecimiento de los salarios del sector público y en la intensidad de sus aumentos considerando la base y los beneficios adicionales.

Respecto al control del gasto y específicamente los aumentos salariales del sector público, Fallas dijo que estarían regulando los incrementos al tratar de ajustar toda la remuneración por abajo del incremento inflacionario, lo cual incluye las anualidades y los beneficios adicionales (pluses).

Según Fallas, la vigilancia al gasto público y específicamente los aumentos salariales se realizarán mediante medidas administrativas y sin necesidad de una ley de empleo público que uniforme el pago a los empleados.

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