CÉSAR ARIAS, DIRECTOR ASOCIADO

Fitch sentencia que margen fiscal de Costa Rica está totalmente agotado

Analista de Fitch señala que la capacidad del país llegó a su límite

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Los problemas fiscales de Costa Rica ya generan consecuencias adversas y el cambio en la perspectiva de la calificación de deuda soberana de Fitch Ratings es una de ellas.

El pasado 22 de enero, la firma emitió su informe sobre Costa Rica, el que mantuvo su nivel de BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.

Entre las razones de ese ajuste están los problemas fiscales que el país enfrenta, por ejemplo, el creciente déficit en relación con el Producto Interno Bruto, la proporción del pago de intereses de la deuda pública y la falta de acciones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo para hacer ajustes que corrijan los problemas.

La decisión de Fitch no es sorpresiva. En setiembre del 2014, la empresa emitió un comunicado en el que advertía que Costa Rica corría el riesgo de retroceder en su calificación, precisamente por las mismas razones.

En ese mismo mes, la calificadora Moody’s dio a conocer que su valoración de la deuda soberana del país descendía y de esa manera se perdió la única nota que asignaba el grado de inversión.

Ficth decidió mantener la calificación, pero con una probabilidad de más del 50% que en los próximos 12 o 18 meses pueda descender en caso de que las autoridades no hagan nada por cambiar los problemas que precisamente señalaron.

Estos hechos se presentan justo cuando el Ministerio de Hacienda se encuentra en el proceso de emitir los que serían los últimos bonos de deuda soberana en el mercado internacional.

EF entrevistó el pasado 22 de enero a César Arias, director asociado del grupo de riesgo soberano latinoamericano de Fitch, quien amplió las razones de lo anunciado por la compañía.

¿Por qué deciden mantener la calificación?

Seguimos considerando que el modelo de promoción de exportaciones de Costa Rica es exitoso, le ha permitido desarrollar una industria de alto valor agregado en manufacturas y servicios corporativos. Creemos que Costa Rica todavía es una jurisdicción atractiva para la inversión extranjera internacional a nivel regional y a nivel de países con la misma calificación, y esto es gracias a su grado de desarrollo humano, social, estabilidad política, a la estabilidad de las reglas de juego y, sobre todo, a una posición regional estratégica con tratados de libre comercio con Estados Unidos y con China.

“Ese modelo que, a pesar de la circunstancia de Intel, permanece intacto y vigente, nos lleva a que el país continúe con tasas de crecimiento, si bien menores que en el pasado, en concordancia con su potencial y le ha permitido tener una economía diversificada. Tiene un récord de estabilidad macroeconómica; si bien han habido presiones inflacionarias en el 2014, se mantiene la tendencia a estar dentro la tasa objetivo del Banco Central. También han logrado construir reservas internacionales que permiten estabilidad del tipo de cambio.

“En la medida que no haya una resolución, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa, para ejecutar medidas de impuestos y aumentos en la recaudación que puedan bajar el déficit fiscal y contener el crecimiento de la deuda, estos factores estructurales que sostienen la calificación se pueden ver en riesgo dentro de los próximos 12 a 18 meses.

“La perspectiva negativa quiere decir que hay una mayor probabilidad, más de un 50%, de que en los próximos meses se puede variar la calificación”.

¿Qué fue lo que más pesó en el cambio de la perspectiva?

Creemos que lo más importante es que los desafíos, para que tanto el Ejecutivo, como la Asamblea lleguen a un consenso y se logre aprobar e implementar una reforma fiscal que involucre el incremento de la recaudación, se han complicado más en el 2015.

“La composición de la Asamblea Legislativa es más fragmentada que nunca en la historia reciente de Costa Rica. A las administraciones Pacheco y Chinchilla les tomó entre 14 y 25 meses para negociar una reforma legislativa. Un tiempo de esta naturaleza incrementaría aún más los problemas fiscales de Costa Rica, porque en ausencia de un acuerdo sobre un ajuste fiscal, la trayectoria del déficit podría superar el 6% del PIB y la deuda pública podría empezar a acelerarse”.

¿Se agota la paciencia a las calificadoras? ¿Hace cuánto señalan y esperan una reforma fiscal?

Lo ponemos en otras palabras. El espacio fiscal que Costa Rica había construido durante los buenos años, está totalmente agotado. Reconocemos que el país bajó su deuda a principios de los 2000 de 35% del PIB a 20%. Sin embargo, vemos que la deuda volvió a aumentar en el 2008 de 20% del PIB a casi 40% en el 2014, ya no hay espacio, lo que se había ganado se consumió.

“Lo dijo también claramente el comunicado del Fondo Monetario Internacional y nuestros análisis, si no se toma una acción ahora. Cada año que se demore el ajuste va a ser que este sea más grande y más drástico en el futuro. Desde nuestro punto de vista, el espacio fiscal se agotó. La necesidad de una reforma fiscal es inminente para sostener la calificación de Costa Rica al nivel BB+”.

¿Los problemas políticos de Costa Rica afectaron la decisión de cambiar la perspectiva?

Por supuesto que sí. Costa Rica estuvo en un desafío similar a este en el pasado. A principios de la década del 2000 también se enfrentaba una deuda alta y un déficit fiscal relativamente alto. En ese momento, recibió muchos vientos a favor de inversión extranjera y Costa Rica logró, mediante el crecimiento económico, evadir el paso de una reforma fiscal y enderezar sus variables macroeconómicas.

“Consideramos que ese beneficio que Costa Rica tuvo, ya no lo tiene ahora porque se agotó el espacio fiscal desde el punto de vista económico. No es solo un tema del parlamento, también es un tema de la Corte (Sala Constitucional) y un tema del Ejecutivo: se esta agotando el tiempo para que realizar el ajuste”.

¿Consideraron todo lo que ha venido pasando en el campo político?

Claro que sí. La capacidad de llegar a consensos la vemos deteriorada. Cuando la administración de Luis Guillermo Solís mandó el presupuesto al Congreso en setiembre, Fitch Ratings fue la primera calificadora que lanzó una advertencia diciendo que ese tipo de presupuesto no era consistente con una reducción en el déficit y con una trayectoria adecuada de deuda pública.

“Este coctel, esta fragmentación política y dificultad para llegar a consensos básicos tiene un gran peso en la decisión que hemos tomado de revisar el panorama”.

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