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El Banco de Costa Rica (BCR) anunció el despido, sin responsabilidad patronal, de Guillermo Quesada Oviedo, quien se desempeñaba como subgerente general.
La información la dio a conocer mediante un hecho relevante, que indica que su salida se hizo efectiva desde el 13 de enero de este 2016 y la decisión fue tomada por unanimidad, en la sesión de la junta directiva del pasado 8 de enero.
El subgerente había sido suspendido a inicios de 2015 ante la investigación por presunta "extralimitación" de sus funciones. La suspensión se dio por tres meses con goce de salario, tras un informe de la gerencia de seguridad del banco.
Quesada fue gerente de Bancrédito entre el 2005 y el 2011 y posteriormente pasó a la subgerencia del BCR.
La presidenta de la junta directiva, Paola Mora, explicó que el despido se sustentó en cinco razones.
La primera se debe a la suscripción de una prórroga a un contrato de explotación comercial de un activo que el BCR que se había adjudicado en el pago de obligaciones, sin que hubiese mediación o documentación alguna que justificara esto.
El proceso, además, se llevó a cabo con una antelación inusual, sin consultar a las áreas involucradas y sin pago por la explotación. En términos generales, Mora califica que esta acción se llevó a cabo en detrimento de los intereses del BCR.
En segunda instancia, está la aceptación de un compromiso en materia de contratación administrativa, sin haber cumplido de previo con los procedimientos institucionales.
En tercer lugar, el supuesto tráfico de influencias en la tramitación de un crédito a uno de sus hermanos.
Como cuarto punto, Mora destaca el incumplimiento de acuerdos expresos del Comité de Crédito y de regulaciones en materia de aprobación de crédito. El caso corresponde a un cliente al que se le aprobó disponer de una tarjeta de crédito empresarial con una suma de ¢50 millones y $20.000. Lo anterior, sin contrato, ni garantías o atribuciones para recibir una aprobación.
La quinta causa de despido se refiere a la concurrencia de faltas graves, tales como las mencionadas anteriormente, por violaciones a normas, principios y deberes que, a su vez, propiciaron la pérdida de confianza.
Entre tanto "el acuerdo de despido constituye el acto final de un procedimiento administrativo, que se tramitó para determinar la responsabilidad de don Guillermo en cuanto a los cargos de los hechos antes indicados", explicó Mora.
El BCR explicó que el procedimiento de inverstigación fue realizado por un profesional externo, quién concluyó la existencia de faltas graves respecto a los cargos formulados.
