FINANZAS

Justicia europea obliga a bancos españoles a reembolsar intereses abusivos

El partido socialista en la oposición reclamó al gobierno de Mariano Rajoy que establezca un procedimiento de resolución extrajudicial para agilizar la devolución del dinero


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La justicia europea decretó este miércoles que los bancos españoles reembolsen a sus clientes los réditos obtenidos por incluir unas cláusulas abusivas en las hipotecas, decisión que provocó fuertes caídas en la bolsa en Madrid.

Según el Banco de España, los costes de este reembolso estarían algo por encima de los 4.000 millones de euros para el sector bancario español, que hace apenas cuatro años requirió de un rescate europeo de 41.300 millones de euros.

Durante años, las entidades financieras comercializaron con créditos hipotecarios a interés variables con unas cláusulas, llamadas "cláusulas suelo", que restringían la caída de las tasas hasta un determinado límite, incluso si se desplomaban los tipos bancarios.

Algunos bancos españoles como Banco Popular, Banco Sabadell y Caixabank se desplomaron en las bolsas tras la sentencia judicial. (Blog Caixa Bank)

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo español ya declaró ilegales estas cláusulas pero decretó únicamente el reembolso de los réditos obtenidos tras la publicación de su sentencia.

Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, estimó que los afectados tienen "el derecho de obtener el reembolso total de las cantidades pagadas de más a los bancos".

La asociación de usuarios de bancos Adicae estima que se firmaron entre 2 y 4 millones de estos contratos. Fue "un verdadero fraude diseñado y montado por toda la banca", criticó en una rueda de prensa su presidente Manuel Pardos, reclamando una resolución colectiva y ágil de todos los casos.

Junto a él, había una de las afectadas, Rosa Polo, a quien esta cláusula le encarecía en 700 euros la cuota mensual de su hipoteca hasta 1.800 euros. El año pasado se vio forzada a venderla a un precio mucho menor al de adquisición.

"Ahora sigo con una deuda y sin casa", lamentaba esta mujer que espera recuperar 40.000 euros.

La Asociación Española de Banca acató la decisión pero publicó un comunicado mostrando sus dudas sobre "cómo se trasladará esta a la jurisprudencia española", los plazos y el procedimiento de devolución.

"Va a ser una cuestión muy controvertida", advirtió Erick Berguer, abogado especialista en derecho bancario.

Según Berguer, la resolución de Luxemburgo "será aplicable a los procesos pendientes pero surge la duda para los pleitos ya resueltos por sentencia firme".

El partido socialista en la oposición reclamó al gobierno conservador de Mariano Rajoy que establezca un procedimiento de resolución extrajudicial para agilizar la devolución del dinero.

La sentencia supone un vaso de agua fría para las entidades bancarias. En la Bolsa de Madrid, sus valores se desplomaban: Banco Popular caía un 6,91% y Banco Sabadell y Caixabank se acercaban al -4% en un mercado que perdía un 0,82% a mediodía, aunque mas tarde limitaban las pérdidas.

Liberbank, fuera del selectivo Ibex-35 pero muy expuesto a estos créditos hipotecarios, registraba un -13,07% a las 15H50.

En sendas notas informativas, Banco Popular y Liberbank cifraron en 334 y 83 millones de euros el impacto de esta decisión para sus propios balances.

La banca española se benefició a principios de siglo de la burbuja inmobiliaria, firmando numerosos créditos hipotecarios aprovechando la actividad desenfrenada del sector de la construcción.

En su momento álgido, en 2007, se contrataron 1,78 millones de hipotecas por un valor de 300.000 millones de euros. En 2015, esta cifra cayó a 372.000 créditos por un valor de 49.000 millones, según las cifras del INE.

El estallido de esta burbuja hundió a España en una larga crisis, destruyendo millones de empleos y dejando sin recursos a muchas familias que fueron expulsadas de sus casas al no poder pagar sus hipotecas.

El sector bancario, al borde de la quiebra, requirió en 2012 de una ayuda europea de 41.300 millones de euros y el gobierno creó una banco público, la Sareb, que absorbería los millones de activos inmobiliarios tóxicos de las entidades.

Aunque esta decisión es positiva para los afectados por estas cláusulas, puede provocar un encarecimiento de los créditos para que los bancos puedan afrontar estos reembolsos, advirtió el departamento de estudios del portal de anuncios inmobiliario Idealista.

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